Recientemente, el Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó la devolución de equipos a la radio Tentación de Paine, así como el permiso para transmitir contenidos sociales y comunitarios.

La emisora estaba siendo procesada por el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, que penaliza con multas y cárcel a radios que no transmitan con el permiso necesario. En noviembre del 2010 sus equipos habían sido incautados por la PDI.

Marcelo Nuñez dijo que la sentencia “fue buena para la radio, además que marcó un precedente que corrobora por parte de los tribunales que la ley debería ser derogada. Los mismos fiscales no tienen la preparación técnica con respecto al espectro radioeléctrico”.

Este caso, que tuvo un final favorable para la Radio Tentación, ha sido el último de una larga lista de persecuciones a radios locales que prestan un servicio a la comunidad, y que por orden del Ministerio de Telecomunicaciones o la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) han sido allanadas, formalizadas y obligadas silenciar sus transmisiones.

El día que allanaron a la Radio Tentación, en noviembre del 2010, se realizó paralelamente el mismo operativo en dos otras radios: una evangélica de San Bernardo y la Radio 24 de Paine.

En la formalización en la 5ª Sala en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, Miguel Silva, director de la Radio 24 determinó acogerse a la suspensión condicional, lo que significa reconocer la acusación que se le imputa y abstenerse de transmitir, además de donar los equipos incautados a establecimientos educacionales.

Sin embargo, Marcelo Nuñez no aceptó acogerse a esta alternativa argumentando que “que el Estado nunca ha sido garante de poder mantener una plataforma que democratice los medios de comunicación, y que incluya a las radios comunitarias, por lo tanto, con este proceso se estaba vulnerando el derecho a la libertad de expresión”.

Fue así como después de un proceso judicial que duró un año, Marcelo Nuñez obtuvo finalmente la devolución de sus equipos luego de la resolución del Juzgado, así como el permiso para seguir transmitiendo contenidos comunitarios.

Algunos Casos Emblemáticos

El informe de la ONG Eco Educación y Comunicación  sobre las radios afectadas por el artículo 36B de la Ley de Telecomunicaciones deja en claro la  gran cantidad de radios que fueron allanadas y cerradas durante el 2008 y 2009.

La Radio UV15 del Cerro las Cañas en Valparaíso fue una de ellas, que desde 1998 prestaba servicio comunitario al puerto. Después de una querella del presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile y concejal RN en ese entonces, Eugenio González, los equipos fueron incautados el 30 de julio del 2009 y sus transmisiones acalladas.

En la oportunidad, Alejandro Iribarren, director de Programación de la emisora, dijo a un medio local que “entendemos que en muchas ocasiones estas radios son usadas para fines lucrativos, o bien entorpecen la labor de radioemisoras que están legalmente funcionando. Sin embargo, en nuestro caso esto no era así, ya que desde el 10 de agosto del año 1998, nuestro único fin ha sido servir a la comunidad”.

Ese mismo día, la policía llegó hasta la Radio Chile 2000 de la población Montedónico, para llevarse los equipos e informarle al personal que debían cesar sus transmisiones. Esta Radio tenía un equipo de once personas y funcionaba hace diez años.

Juan Ortega, comunicador de ECO y uno de los autores del estudio, afirma que en los últimos dos años, con respecto al 2009, “la persecución a los medios comunitarios ha empeorado, ha aumentado el nivel de represión, ya que las denuncias hechas por ARCHI y amparadas por el Ministerio Público y la Subtel han aumentado en número. Asimismo, el grado de violencia en los allanamientos también ha aumentado, como en caso de las radios de Paine, donde se rompieron las puertas y ventanas”.

“Entonces, si hubiese que hacer un balance este año en materia de persecución a las radios comunitarias, como ocurrió el 2009, creo que ha aumentado, o por lo menos se mantiene”, afirmó Ortega.

ARCHI

En 2009, después del operativo que cerró las radio Renacer y Conexiones de Lota, la radio Universidad de Chile decidió retirarse de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

En el comunicado, el director, Juan Pablo Cárdenas, afirmaba que “me obligo a adoptar esta decisión a propósito de la persecución legal y policial manifestada en contra de un conjunto de radios comunitarias del país a quienes se les impide o restringe el ejercicio de libertad de expresión”.

El presidente de ARCHI, Luis Pardo, ha dicho que han participado en más de cien denuncias a radios comunitarias, pero que en la mayoría de ellas no se ha llegado a multa o sanción de cárcel.