Molestia causó en el Gobierno el fallo del Cuarto Tribunal Oral de Santiago, que condenó al joven Luciano Pitronello a seis años de libertad vigilada, por la colocación de un artefacto explosivo en una sucursal bancaria.

El desenlace del juicio no fue el que esperaba el Ejecutivo, lo que quedó en evidencia con las palabras del ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, quien afirmó que el uso de una bomba “debiera ser considerado jurídicamente como un delito terrorista”.

Así también lo expresó el senador RN Alberto Espina, quien criticó el fallo de los tribunales de justicia: “Estamos en esta materia, a mi juicio, sentando un muy mal precedente, en un caso donde aplicando correctamente la Ley Antiterrorista, toda persona en Chile que coloque una bomba, por la razón que sea, en la vía pública, constituye un acto terrorista. El utilizar ese medio, sin duda, tiene por finalidad provocar temor o intimidación en la población”, sostuvo.

Sin embargo, Mirna Villegas, experta en legislación antiterrorista, dijo que el argumento del parlamentario carece de sustento, ya que el concepto de “causar temor”, de acuerdo al Convenio para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, es mucho más amplio.

“De acuerdo a este convenio, para que haya un atentado terrorista se requiere un dolo, de causar muerte o lesiones graves, o perseguir la destrucción significativa de un lugar, y los lugares que protege el convenio son infraestructuras públicas y la propiedad privada sólo en la medida en que cumpla algún tipo de función social. No se puede convertir al terrorismo en un bolsillo de payaso en el cual pueda caber cualquier tipo de conducta”, señaló.

La especialista agregó que para que exista una conducta terrorista, se tienen que conjugar una serie de elementos, tales como que el atentado forme parte de un ataque sistemático y grave a derechos humanos fundamentales.

“Normalmente tiene que atacarse el orden constitucional democrático. Esto no significa la simple manifestación de ideas en contra o de conductas calificadas de violencia social. Lo que persigue un terrorista es destruir el orden constitucional democrático entendiendo que ese orden es manifestación de un derecho a una libre determinación de un pueblo. Una persona sola, sin pertenecer a una asociación ilícita terrorista –o a una organización terrorista a lo menos- difícilmente puede poner en jaque el orden constitucional”, subrayó.

Mirna Villegas sostuvo que la condena a Pitronello, sumado a la sentencia del “caso bombas” y una decena de juicios contra comuneros mapuche, todas con la Ley Antiterrorista como denominador común, son la muestra de que la judicatura entiende la “inadecuación de esta legislación con la Constitución chilena y tratados internacionales”.

Además, la abogada fue enfática en afirmar que en Chile no existe terrorismo, de ningún tipo, y si alguna vez lo hubo, “fue el terrorismo de Estado, pero terrorismo insurgente no hay”, expresó.

Martín Pascual, cientista político de Cenda, afirmó que si bien existen distintos hechos de violencia, enmarcados dentro de la protesta social, la aplicación de la Ley Antiterrorista obedece a una obsesión de éste y los anteriores gobiernos, por inculpar a luchadores sociales con penas más altas.

En esta línea, Pascual indicó que el afán del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera por recurrir a este marco normativo es por motivos ideológicos.

“El Gobierno está empeñado en mostrar una firmeza ante cualquier acto de transgresión del orden o que desafíe al poder del Estado. Esto se ve en estos casos que son mucho más graves, de aplicación de la Ley Antiterrorista, pero está también en el espíritu de la ‘Ley Hinzpeter’ que busca criminalizar y castigar a todos aquellos que desarrollen acciones normales de cualquier tipo de manifestación”, afirmó.

El experto criticó además a los ministros que han emitido opiniones antes, durante y después de los juicios del caso bombas y el de Luciano Pitronello, lo que calificó como un “intervencionismo con un poder del Estado que es independiente del Ejecutivo”.