Continúan las reacciones por la sentencia que el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal entregó el miércoles  a Luciano Pitronello, joven que el 1 de junio de 2011 instaló un artefacto explosivo en una sucursal bancaria en Vicuña Mackena  que finalmente detonó en sus manos.

El fallo concedió seis años de libertad vigilada al joven de 23 años, luego de desechar el delito de terrorismo planteado por el Ministerio Público, lo que desató críticas en el Gobierno y el oficialismo.

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señaló este jueves en una entrevista radial  que la colocación de bombas sí constituye un delito terrorista, ya que “por su gravedad, porque busca generar temor en la población o a una parte de ésta, conlleva un delito per se y por tanto, plantear una tesis distinta, necesariamente debilitaría la figura terrorista y ameritaría un cambio legislativo si fuera necesario”.

Ribera es el segundo secretario de Estado en comentar la sentencia a Pitronello luego de que el titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunciara que es “muy probable” que su ministerio recurra a la nulidad del fallo.

A esto se suma que diputados de la bancada de Renovación Nacional presentaron esta semana un proyecto que busca considerar también como delitos terroristas, además de la colocación de bombas, su diseño, fabricación o transporte mientras que parlamentarios de la UDI presentarán dos indicaciones, una que rectificará el sistema procesal penal y otra para restablecer la presunción de responsabilidad en actos terroristas, derogada en 2010.

En entrevista con la tercera edición de Radioanálisis, la abogada y académica Mirna Villegas, declaró que este caso no reuniría las características de un atentando terrorista: “Yo creo que el tribunal ha fallado de manera correcta. Entiendo que no se le pudo probar pertenencia a ninguna organización terrorista y eso es básico, de manera tal que una persona aislada, con un artefacto explosivo en la mano, que entiendo era casero, no puede poner en jaque el orden constitucional. Solo no puede”, advirtió.

Mauricio Daza, abogado de uno de los imputados en el denominado “Caso bombas” criticó que nuevamente haya una interferencia indebida de parte del Gobierno y recordó que, en el caso Pitronello, el tribunal desestimó la calificación del delito terrorista principalmente sobre las modificaciones que tuvo la ley impulsadas por el propio Hinzpeter en el año 2010, referidas a la derogación de la presunción de responsabilidad en este tipo de delitos.

“Lo más inconsecuente, lo más inconsistente es tratar de presionar –a través de la opinión pública- a los tribunales de justicia con la finalidad de que modifiquen los fallos que tribunales ya han dictado respecto a causas muy importantes como el ‘caso bombas’ o el ‘caso Luciano Pitronello’ que tienen todavía recursos pendientes. Por lo tanto, aquí se está afectando la independencia del Poder Judicial a partir de argumentos que ellos saben,  o deberían saber, que son absolutamente inconducentes. El Gobierno es hora que se haga responsable de sus propios errores”, dijo.

A esto se suma, según el abogado, un trabajo “lamentable” y poco serio por parte del Gobierno y del Ministerio Público al tratar de acreditar sus imputaciones.

Alberto Coddou, académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, coincidió en que ha habido una intromisión del Ejecutivo y recalcó la importancia de que los jueces se apeguen a la ley y no las opiniones de los ministerios, lo que le da garantías a los ciudadanos.

Coddou criticó además la ley antiterrorista aun vigente en nuestro país, lo que también ha perjudicado al pueblo mapuche: “En el caso de Luciano Pitronello yo creo que había indicios suficientes que demostraban que esta persona no estaba poniendo una bomba para generar miedo en la población, o un efecto propio del terrorismo. Ahora, para ver la causa más global o de manera más estructural, está el tema de que nuestra legislación terrorista en general ha sido cuestionada en varias ocasiones por organismos internacionales. En parte, una de las cuestiones que más se critican es la definición de terrorismo que, en Chile, aparentemente, podría cubrir situaciones que en el derecho comparado no se consideran como terrorismo”, advirtió.

El abogado, al igual que Mauricio Daza, cuestionó también que se condenen este tipo de actos y no el terrorismo de Estado que se ejerció en Chile durante la dictadura: “Es clarísimo ver que varios de los parlamentarios y miembros del Gobierno actual participaron de un régimen que consideró al terror como una práctica política válida para exterminar al enemigo político, o al  enemigo interno como se calificaba en ese momento. Ese puede ser parte del análisis político al que están sometidos todas nuestras autoridades”, señaló.

Alberto Coddou recalcó además que, pese a que el terrorismo ocupa la agenda internacional, siempre se deben respetar las garantías constitucionales básicas como el debido proceso por lo que no se pueden utilizar mecanismos que las vulneren.