El abogado defensor en la causa del caso Luchsinger Mackay lamenta la sentencia leída por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. A su juicio, los magistrados cedieron ante presiones de poderes fácticos y políticos, todo en un contexto ” de consolidación del Estado policial, mas no de derecho, donde se permite a las policías, a las fiscalías y a los jueces, hacer lo que quieran”.
El abogado querellante, Miguel Yañez, indicó a Radio y Diario Universidad de Chile que si bien se hace “algo” de justicia, los recintos en que cumplirán sus penas son verdaderos “hoteles carcelarios”.
Tres de los once acusados por la muerte del matrimonio fueron sentenciados como autores del delito de incendio con resultado de muerte con carácter Antiterrorista. Para la abogada defensora, Manuela Royo, el fallo tuvo motivaciones políticas.
La menor habría tenido antecedentes de agresiones pasadas, situación que habría sido ignorada por el Poder Judicial.
Germán Varas Cicarelli, quien presidió la instancia que condenó a tres de los once imputados en la causa, es parte del concurso que tendrá que ser definido por el gobierno de Sebastián Piñera para definir el millonario cargo.
El representante de uno de los tres condenados por el caso Luchsinger-Mackay, Pablo Ortega, criticó lo “ilógico” del veredicto entregado por el TOP de Temuco, el cual no entregó información concreta sobre cuál es la prueba que incrimina al histórico dirigente mapuche.
El veredicto definió que los otros ocho imputados quedaran absueltos, entre ellos la machi Francisca Linconao.
Según consignó La Tercera, a través de un oficio enviado por la Cámara Baja a la Corte Suprema, el ahora Presidente del máximo tribunal se habría opuesto a la medida que eliminaba la prescripción de delitos de esta calidad.
El “acuerdo de palabra” entre el fiscal Manuel Guerra y el abogado defensor, Julián López para que los empresarios cumplan una pena remitida de cuatro años-evitando el juicio oral-, ha sido recibido con alerta desde diversos sectores.
La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público dispone, en su artículo 53, que la única forma de remover al fiscal nacional es mediante una solicitud a la Corte Suprema argumentando mal comportamiento o negligencia y que tal petición sea vista por el Pleno y aprobada por cuatro séptimos de los ministros en ejercicio.
Pese a que el Tribunal Constitucional no ha dado respuesta oficial por la paralización de causas de lesa humanidad, puso en tabla la causa relacionada a la Operación Cóndor que fue impugnada por el ex agente de la DINA René Riveros Valderrama, acusado por homicidios calificados en el marco de este plan de inteligencia y quien ha sido sindicado como el oficial que habría acribillado a Salvador Allende en La Moneda.
El abogado querellante del caso SQM aseguró que no basta con querellar a personas de futuro político incierto, sino que debe hacerse lo mismo con quienes detentan realmente el poder político en Chile.
El recurso de protección fue interpuesto por la madre de un menor de 13 años que fue interrogado por Carabineros en una sala de clases del recinto educacional.
El sábado, tras el veredicto, dos de los tres hermanos de la familia fueron condenados. Posiblemente se insista en la inocencia tras conocer la sentencia, pero más allá de lo judicial, este emblemático caso contra mapuches ha dejado heridas irreparables en uno de los clanes involucrados.
Según señalan ciertos trascendidos, el fiscal Manuel Guerra habría sostenido reuniones con las defensas de Délano, Lavín y Wagner para que los acusados puedan acceder a un procedimiento abreviado. El acuerdo, según lo que se sabe hasta ahora, implicaría una recalificación de los hechos objeto de la investigación.
