El PPD llegó a participar de la ronda de reuniones que el comité político de La Moneda realiza por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet para el proceso constituyente que inicia justamente en este mes de septiembre. La colectividad propuso ideas de contenido y también de forma, y en ese sentido respaldaron el mecanismo de la Asamblea Constituyente, idea que cada vez concita más apoyo en el oficialismo.
Parlamentarios miembros de la comisión investigadora del caso Caval, si bien valoraron el mea culpa del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, hicieron énfasis en la gravedad del hecho que funcionarios de Palacio le hayan entregado información errónea al Ministro. Además, hicieron énfasis en el daño que Sebastián Dávalos continúa haciendo a la imagen de la Presidenta Bachelet.
El vocero de Gobierno explicó por qué señaló que la información del computador de Dávalos fue borrada por “protocolo”, versión desmentida por el jefe de informática de Palacio quien expresó que esta acción se realizó a petición del propio hijo de la Presidenta.
La Fiscalía podría llamar a declarar a Marco Enríquez Ominami para conocer su relación con los dineros que SQM habría enviado a Cristián Warner, su ex jefe de campaña.
La medida fue presentada por el diputado DC Iván Flores quien indicó que en el proceso de fusión de Provida y la AFP Acquisition existen altos niveles de negligencia por parte de la Superintendenta.
La instancia deberá entregar propuestas en un plazo de tres meses las que luego se transformarán en proyectos de ley.
En el texto, Cristian Warner habría agradecido a la secretaria del ex gerente general de SQM por los dineros de apoyo a la campaña, todo en nombre de Enríquez Ominami.
No es un rechazo definitivo, pero el Ministerio Público tendrá que remitir nuevos antecedentes de la investigación al Poder Judicial para poder acceder a los aportes reservados de los candidatos en la lista que Fulvio Rossi (PS) hizo llegar al ex gerente general de SQM. La acción de Rossi le valió la suspensión de su militancia y cuestionamientos desde distintos sectores de la Nueva Mayoría, incluyendo su propio partido, mientras que el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente valora que se vayan ratificando antecedentes que pusieron en conocimiento meses atrás.
En la Comisión Investigadora por el Caso Caval, el profesional aseguró que la información se borró por petición del usuario. Con la declaración se contraviene lo dicho por el Ministro Díaz, quien aseguró que los documentos se borraron por protocolo del Estado.
Para el diputado socialista el caso de Fulvio Rossi “grafica una forma de hacer política en la que estamos supeditados a los poderes fácticos”. Asimismo, que la colectividad no puede perder más tiempo ante el daño que está sufriendo, desde donde aseguran que no existe ninguna relación entre la pérdida de militancia y el cupo senatorial del cuestionado parlamentario.
El senador confirmó la medida a través de una declaración pública, a lo que se suma una carta dirigida al Tribunal Suprema de la colectividad. “He decidido suspender mi militancia hasta que concluya la investigación”, anunció el parlamentario.
La Presidenta tampoco fue bien evaluada: su aprobación solo alcanzó al 24 por ciento en la medición de agosto. En tanto, las coaliciones políticas mantienen sus altos índices de desaprobación.
El diputado liberal asegura que tanto el PS Fulvio Rossi como el UDI Jaime Orpis son verdaderos articuladores con las compañías mineras y pesqueras para la recaudación de dinero, con más poder incluso que los intendentes. “Es cosa de ver las legislaciones de pesca y minería”, advierte.
El titular de Defensa aseguró ante los diputados de la Comisión respectiva que el traslado consideró a mil doscientos funcionarios del organismo de inteligencia, de los cuales 36 permanecen en la institución castrense. Comandante en jefe Humberto Oviedo argumentó la imposibilidad de despedirlos por ausencia de razones legales que justifiquen su salida.
La instancia presidida por el diputado socialista Leonardo Soto prorrogó para este miércoles el debate de los puntos polémicos de la llamada “agenda corta antidelincuencia” impulsada por el Gobierno.
