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Año XIV, 14 de agosto de 2022

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Trabajadores y expertos se unen para exigir el fin del sistema de AFP

Las administradoras alcanzan utilidades diarias de dos mil millones de pesos, mientras que en promedio entregan pensiones de 153 mil pesos. Por ello, el rechazo al sistema elaborado por José Piñera en dictadura se profundiza, y entre expertos y trabajadores se consolida la convicción de que no puede haber una modificación menor, sino un cambio total al modelo de capitalización individual.

Héctor Areyuna

  Sábado 12 de diciembre 2015 10:24 hrs. 
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Los datos sobre las AFP volvieron a subrayarse. El 91 por ciento de las pensiones de vejez que se pagan son menores a los 153 mil pesos, cuando sus utilidades diarias casi alcanzan los dos mil millones de pesos.

Además, de las 21 administradoras que existían en 1994, hoy quedan seis y cuatro concentran el 90 por ciento del mercado. En la década de los 80, en plena dictadura, el 68 por ciento de los chilenos aseguraba haber sido obligado o presionado a pasar al sistema que diseñó José Piñera.

La Fundación Sol relevó estos datos, de los cuales varios se desprenden del informe elaborado por Comisión Bravo, grupo asesor convocado por la Presidenta Michelle Bachelet, ampliamente cuestionado por no recomendar un cambio de paradigma en el modelo de pensiones.

Karina Narbona, antropóloga social e investigadora de Sol explicó que las conclusiones de los estudios realizados se acercan a las ideas expuestas por los trabajadores, en orden a que el sistema no responde a parámetros de seguridad social y sólo promete pobreza para los jubilados.

La experta planteó, además, la preocupación por el círculo de beneficios que las administradoras procuran para otras empresas: “No solo lucran ellas mismas con las pensiones a unos niveles que son escandalosos, sino que hacen lucrar al resto de las empresas. Es un mecanismo claro de traspaso de recursos desde los pensionados hacia los grandes grupos económicos. Grupos como, por ejemplo Soquimich; o 10 bancos que de estas formas lo que hacen es capitalizarse, aumentar su base de ganancia y sin embargo, los trabajadores siguen encontrando una situación de extrema pobreza al momento de jubilar, esos son los grandes contrastes”.

Existe un convencimiento con relación a las modificaciones que necesita el sistema. En ese sentido, los expertos aseguran que un cambio menor sólo desplazaría el problema, por eso lamentan que la Comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones no aportara más que un diagnóstico que ya se conocía.

En ese sentido, Luis Mesina, coordinador de No Más AFP, aseguró que el grupo encabezado por David Bravo obvió sus propios documentos: “En los próximos cinco años va a terminar pagando pensiones inferiores a los 200 mil pesos. Se hicieron investigaciones de parte de esta propia comisión que determinó que una gran cantidad de personas están recibiendo pensiones cercanas a los 82 mil pesos. Esto es miserable, es un sistema que concentra una tasa de ahorro gigantesca del PIB nacional, más del 60 por ciento. Tenemos más de 162 mil millones de dólares, y sin embargo al final de nuestras vidas activas terminamos recibiendo pensiones miserables, por eso no queremos más AFP, ni privada ni pública, porque una AFP estatal tampoco viene a resolver los problemas”.

Mientras, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, reconociendo la falta de una fuerza que presione efectivamente a las autoridades, se refirió a las falencias de la Comisión Bravo: “La gran tarea está en construir una correlación de fuerzas que permita que estos debates se hagan entendiendo que no representan a minorías, sino que más bien son amplias mayorías, y eso está consolidado en estudios y encuesta, y que esa sea la presión por la cual tengan que legislar”.

Otro de los puntos anotados por los críticos del sistema dice relación con el pequeño grupo de países que piensa las pensiones tal como se hace en Chile. El modelo contributivo solo existe en Israel, Malawi, República Dominicana, Nigeria, Hong Kong, Maldivas y Kosovo. Datos que aumentan la urgencia de generar en un modelo capaz de resolver las necesidades financieras de quienes se acogen al derecho de retiro por jubilación.

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