Una nueva empresa estatal, con un fondo público fuera del presupuesto ministerial, cuyo objetivo es financiar proyectos de construcción de infraestructura.

La idea no es nueva. Sin embargo, el anuncio del Gobierno aún no encuentra su materialización. Las diferencias entre los ministerios de Obras Públicas y Hacienda han postergado aquello. Al menos en lo relativo al borrador programado originalmente para el pasado 30 de septiembre.

Con un patrimonio que consideraría aproximadamente nueve mil millones de dólares, los principales objetivos serían carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos. Incluso, sin descartar por ahora cárceles y hospitales.

Pero con un detalle. Con la clara intención de que los recursos en ningún caso sean considerados en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, dar certeza de que el dinero efectivamente se destine a infraestructura y no a otras áreas.

“La figura todavía no está clara de parte de quienes proponen, que es el Consejo Asesor de Financiamiento de la Infraestructura Pública”, advierte la diputada socialista Jenny Álvarez, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara.

“Estamos esperando, porque se anunció que ingresaría a la Comisión, para saber en qué consistirá realmente este fondo de fortalecimiento para la infraestructura”. Esto, plantea la legisladora, considerando que se trata de recursos públicos.

En ese contexto, se detiene en el rol del Estado, al que apunta como el principal responsable para hacerse cargo de estos recursos y realizar las inversiones.

“Pero la experiencia nos ha demostrado –agrega la diputada– que tiene que existir una unión público-privada para todo lo que se refiere a obras públicas. Lo hemos visto con las concesiones, y si bien en algún momento se tuvo que optar por las concesiones con contratos que hoy habría que mejorar, sin lugar a dudas que tiene que ser una alianza público-privada”.

Sin embargo, también reconoce sus advertencias hacia las autoridades. “He sido clara con el Ejecutivo y así se lo he planteado al ministro, de que no tenemos que levantar falsas expectativas con esta gran cantidad de recursos, porque la ciudadanía está cansada de grandes anuncios y pocas obras en muchos temas. Hay que abordar esto con mucha responsabilidad, ver el proyecto, discutirlo, analizarlo y ver si realmente sería un beneficio para nuestro país”.

Incluso se anticipa a que “si llegamos a tener esta cantidad de recursos hay que ser muy rigurosos en cómo se administran, para que realmente vayan en beneficio de las necesidades que tiene el país en este ámbito”.

Y es que aún se está evaluando, según Jenny Álvarez, la figura de cómo se administraría, donde incluso se ha hablado de una posible Corfo. “Como sabemos, el próximo año nuestra economía no va a crecer como nos gustaría y tendremos menos recursos, por lo que este fondo podría ser una solución”.

Efectivamente, el anuncio del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, respecto del precio del cobre, es que “para este año la proyección es de 2,50 dólares la libra y probablemente termine siendo menos que eso”.

Incluso, adelanta que la caída del precio del metal se extenderá a 2016. “A principios de año teníamos un precio en torno a 2,80 dólares la libra. Evidentemente se ha ido ajustando y está por debajo de 2,50 dólares”.

Por ello, su mensaje en cuanto a los impactos en la política fiscal no es el mejor. “Lo más probable es que el próximo año el Comité de Expertos reduzca el precio de largo plazo del cobre, al menos como se ven las cosas hoy día. Y eso va a significar que hay que ser particularmente cuidadosos con la política fiscal de aquí en adelante”.

“Que el Estado tenga presencia no significa un beneficio para la mayoría”

“Es una idea que el Gobierno lanzó con mucha fuerza, pero que ahora último no se ha desarrollado mucho”. Las palabras del senador de la UDI Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Obras Públicas, reflejan la falta de claridad que existe al respecto.

Por ello, en cuanto a los roles estatales y privados, asegura que “en materia de infraestructura parece ser un círculo más bien virtuoso actuar por la vía de la concesión, donde se han producido importantes cambios en materia de carreteras, puertos y aeropuertos. Son los grandes escenarios propensos a recibir este tipo de concesiones. Eso es lo que se había pensado”.

Pero su aclaración no solo queda en eso. “No se ha pensado en un organismo estatal dedicado a las obras públicas. No tiene mucho sentido. Además que el nivel de capital que requeriría aquello significaría atrasar otras obras públicas que son muy importantes, como en el aspecto de la salud”.

Él mismo recuerda que la idea era dar un segundo paso en materia de infraestructura. “No cabe duda que en Chile hubo una mejoría importante, pero de alguna manera uno nota que no hay inversiones nuevas en este sentido. En gran medida se debe a la falta de un fondo especial para generar las concesiones nuevas que permitan mejorar las actuales o abordar nuevos escenarios”. Esto, considerando que varias concesiones están cerca de llegar a su término.

Efectivamente son varios quienes consideran que ha existido una especie de estancamiento en este ámbito. “Desde el gobierno de Sebastián Piñera que los empresarios asociados al mercado de las concesiones públicas, que surge desde el Ministerio de Obras Públicas, vienen reclamando porque la cartera de concesiones está estancada, con diversos proyectos que no se estaban ejecutando ni concesionando al ámbito privado”.

El análisis del sociólogo Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol, se detiene en lo que considera un contexto de estancamiento económico para el país, donde la inversión en infraestructura opera como un multiplicador económico para diversas actividades que se ligan al crecimiento en ese ámbito. “El hecho que el Estado se haga cargo de una empresa de carácter estatal, es bastante interesante para ver cómo operaría esa empresa”.

Sin embargo, advierte que en Chile, considerando el rol de la élite y de los grandes empresarios, que el Estado tenga una alta presencia no significa necesariamente que eso sea un beneficio para la gran mayoría de la población.

“Si el Estado tiene una empresa que incentiva la infraestructura y el desarrollo de la misma, pero nos siguen cobrando por el uso de las autopistas o continúa siendo restrictivo el acceso a esta infraestructura, el alcance que tendrá para ampliar los procesos de acumulación del gran empresariado, asociados a proyectos de infraestructura en general, es evidente”.

Esto, advierte, dejando fuera al grueso de la población, “que es lo que uno podría pensar, que es el objetivo de una empresa pública, que sea en beneficio del bien común y ojalá de la gran mayoría de todos nosotros”.

En consecuencia, para Páez es evidente que el anuncio suena bien, “así como sonaba bien una AFP estatal, pero si uno ve la letra chica, es bastante interesante ver a quién va a beneficiar efectivamente. Si esto va a ser un traspaso directo del Estado al sector privado, empresas contratistas, si se van a resguardar las condiciones laborales de las empresas que ahí participen”.

Su propuesta radica en que “la empresa pública podría funcionar como una especie de agencia coordinadora de concesiones públicas o bien una empresa que efectivamente impulse la inversión para el desarrollo público que nos sirva a todos”.

No obstante, advierte que ex ministros de obras públicas ya han salido a decir que no es tan cierto que se trate de una empresa estatal como tal, sino más bien de una alianza público-privada.

Incierto futuro del proyecto

“El ministro tiene varios proyectos con urgencia que veremos en la Comisión, también algunos proyectos sobre transporte, por lo que no tenemos certeza. Hemos conversado el tema, pero los detalles más finos no los tenemos”, lamenta la diputada Jenny Álvarez.

El senador Coloma, en tanto, insiste en que “esto no necesariamente requiere un proyecto de ley. Más bien requiere una ley de presupuesto o alguna modificación legal respecto de lo que ocurre cuando se terminan las concesiones”.

Incluso, manifiesta que “está en manos del Ministerio de Obras Públicas cómo damos ese paso siguiente para concretar este fondo de infraestructura. Que sea una cantidad importante para modernizar el mundo de las concesiones, que de alguna manera ha quedado frenado”.

“Nos tiene que llamar la atención que el empresariado esté muy de acuerdo con esto”, advierte por su parte Alexander Páez. “A ellos les sirve mucho que haya una organización centralizada del tema de infraestructura, dado que el tema de las concesiones operaba así. Lo que ahora se hará es sincerar aquello y que el Estado tendrá un rol más preponderante”.

“¿Hasta qué punto esto será público y servirá a la mayoría o no? Es lo que está por verse y me imagino que grupos políticos, empresariales y de interés están en esa situación en este momento”, agrega el sociólogo.

Por ahora, desde el Gobierno manejan la posibilidad de que el proyecto de ley podría ingresar al Congreso antes del 31 de enero próximo, y cuya aprobación requiere de un quórum calificado, lo que implica el voto favorable de al menos los 3/5 de los legisladores.