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El debate en torno al proyecto de ley feminista “8M”

Martín Espinoza |Domingo 19 de marzo 2017 9:53 hrs.

8mm

La iniciativa, presentada por los diputados Jackson y Boric, plantea una serie de medidas orientadas hacia la institucionalización de la perspectiva de género. Con un proyecto así se han abierto sectores que lo apoyan y los respaldan. Las restricciones y el autoritarismo son argumentos que atacan al proyecto, mientras que quienes la defienden apuntan a la ley como uno de los agentes de cambios culturales.

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“Modificaciones legales desde una perspectiva feminista”: así reza el título del proyecto de ley presentado por Gabriel Boric y Giorgio Jackson que busca institucionalizar una serie de modificaciones desde una perspectiva de género para el ámbito laboral y educacional.

Dentro del mismo, se encuentran puntos como el derecho irrenunciable del postnatal de los padres señalando que “se le otorgará al padre, de manera exclusiva, un postnatal a partir de la séptima semana del hijo, subsidiando su remuneración. La legislación actual sólo otorga cinco días al hombre, y el postnatal optativo que la madre puede ceder no es utilizado por el padre, atentando de esta manera con la debida corresponsabilidad”, señala la norma. Además incluye el ya discutido punto sobre igualar el sueldo de hombres y mujeres que realizan la misma labor, estableciendo la posibilidad de demandar al empleador en caso de que este no cumpla.

Asimismo, en el ámbito laboral también plantean la obligación de las empresas de contar con salas cunas en caso de que tengan contratados a más de 20 trabajadores, tal y como sucede cuando se contratan más de 20 mujeres.

Por otro lado, en la esfera educacional, el proyecto dictamina otorgar cátedras de género obligatorias a las instituciones que impartan la carrera de pedagogía. Los diputados, además, proponen en el proyecto que la totalidad de los colegios sean mixtos “para acabar con la segregación por razones de género, sexo u orientación sexual”.

Así, este proyecto ha llegado a revolver las aguas de un país cuyo machismo parece estar arraigado desde la legislación. Pero la idea de “cambiar patrones culturales para avanzar hacia una sociedad con perspectiva feminista” no ha caído bien en todos lados. Ha habido sectores que han acusado al proyecto de ser excesivamente restrictivo o de atentar en contra de la libertad de enseñanza. Es el caso de José De la Cruz, académico del Centro de Políticas Públicas de la UDD, quien sostiene que, además de ser una jugada económica, esconde tintes ideológicos.

“Es una buena estrategia de posicionamiento de opinión pública y es la intención solapada de introducir ciertas restricciones a la oferta y demanda de trabajo por la vía del control de precios, que es una estrategia bastante tradicional hoy para poder intervenir la economía. Desde el punto de vista discursivo, apela a una cuestión que ellos llaman feminismo, lo que es aún más inteligente, porque aprovechan de hacer dos cosas al mismo tiempo: plantear una política económica y, por otro lado, introducir una cuestión de tipo ideológica”.

A juicio del académico, el artículo que menciona la cátedra obligatoria atacaría directamente la libertad de enseñanza. “El Estado no debiera tener la potestad de incluir ningún curso en ninguna universidad. El Estado no debe fijar qué se debe enseñar”, sostiene.

Las consecuencias económicas y sociales también explicarían sus reparos con la política de las sanas cunas, ya que complicaría aún más las condiciones de la natalidad y conllevaría un problema de financiamiento que no está contemplado por los parlamentarios. Sobre la igualdad de los salarios también manifiesta su distancia. Bajo su perspectiva, esto sería una intervención del mercado, lo que constituye una intervención de precios que traería negativas consecuencias económicas.

Otra de las posturas en contra del proyecto ha manifestado críticas al carácter de obligatoriedad de los puntos señalados. Sobre eso Andrea Salazar, militante del Movimiento Autonomista y una de las mujeres que estuvo a la cabeza del proyecto, señala que si bien las leyes no dictaminan patrones culturales, sí ayudan a la construcción de estos:

“La ley no es el único mecanismo pero sí contribuye a cambiar ciertos patrones. Por ejemplo, lo que pasó con la prohibición de fumar en lugares públicos. Cuando recién salió la ley, costó un poco acostumbrarse, pero ahora es sentido común que uno no puede fumar en un hospital o en un colegio, y todos fueron incorporando esa ley en su forma de vivir. En el caso de 8M, cuando hacemos ciertas modificaciones, y otorgamos derechos que antes no existían, obvio que también vamos cambiando las formas en que nos vamos relacionando con los cuidados”.

Contradiciendo el planteamiento de De la Cruz, Salazar afirma que, más que un tema de financiamiento, acá lo que se intenta hacer es cuestionarse cuál es la sociedad que queremos construir.

Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles, ONG por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, saluda la iniciativa, sin embargo tampoco se muestra totalmente conforme. “Cualquier ley que contribuya a que las mujeres seamos vistas como sujetos de derecho, tengamos igualdad de derecho y contribuya a solucionar problemas específicos, me parece que es un buen aporte. Yo hubiese querido que hubiesen apoyado fuertemente ese día el proyecto de ley aborto tres causales, que va a llegar a un grupo de mujeres que lo necesita y que es urgente”, señala.

Con el proyecto ya sobre la mesa aún no se manejan plazos. Desde los impulsores de la iniciativa señalan que, en gran medida, depende de la Presidenta de la República darle un empujón al proyecto pero, ante la diversidad de leyes que aguardan en el Congreso es difícil ser optimista sobre el devenir de la ley 8M.