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Año IX, 16 de octubre de 2017

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Educación

Alertan graves vacíos en proyecto de desmunicipalización

Karina Palma |Miércoles 14 de junio 2017 21:27 hrs.

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Tanto el Colegio de Profesores como expertos en educación advierten falencias en el proyecto de Ley Nueva Educación Pública. Algunos de los aspectos más preocupantes son: que la deuda previsional de los docentes no sea saldada, que esta reforma no contemple la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y que los municipios no inviertan en sus establecimientos mientras dure el proceso de desmunicipalización.

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Este miércoles, el Colegio de Profesores realizó una consulta nacional sobre el proyecto de Ley Nueva Educación Pública que actualmente se discute en el Congreso, en la cual convocaron a todos los docentes del país, estén colegiados o no, a manifestar su opinión respecto de este tema.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, explicó que este procedimiento busca instalar dentro del gremio formas más democráticas para tomar decisiones relevantes. De este modo, al ser una consulta vinculante, lo que resulte de ella pasará a ser la postura oficial de los docentes.

Por otro lado, Aguilar agregó que al ser una deliberación de miles de profesores esperan que el resultado tenga más fuerza en el debate actual que están desarrollando las autoridades.

Si bien desde la directiva del Colegio de Profesores han demostrado abiertamente su rechazo a la reforma de educación pública, el presidente del gremio enfatizó en que cada docente debe tener la libertad de decidir.

“Al menos yo como presidente no he llamado a votar de un modo específico, he dicho que voy a respetar la opinión de los profesores. Lo que hice fue dar a conocer mi opinión crítica respecto del proyecto. La antigua conducción sí llamó a votar de un determinado modo, a favor de las posturas del Gobierno”, sostuvo.

Para Mario Aguilar, lo que debe hacer esta legislación sobre educación pública es cambiar el modelo de administración y gestión de los colegios. Sin embargo, desde su perspectiva, este proyecto solo modifica quién administra los establecimientos que se traspasan desde las municipalidades a los Servicios Locales de Educación (SLE), que corresponden a una institucionalidad descentralizada que estará a cargo de un director ejecutivo seleccionado por concurso de alta dirección pública.

En ese sentido, el presidente del gremio aseguró que no hay cambios en el sistema de financiamiento, ni en la calidad de sostenedores y tampoco se le otorgan más privilegios a la educación pública. “El problema de los municipios no es solo que esté en manos de los alcaldes, sino el tipo de modelo con el que se gestiona la educación pública. Este proyecto no modifica lo sustantivo”.

“Lo más grave es que hoy hay un cuantioso nivel de deuda con los docentes y eso no se acoge ni se resuelve en el proyecto, lo cual va a originar un problema gravísimo. Si los profesores son traspasados al nuevo sistema sin resolver el tema de endeudamiento, vamos a estar en presencia de una deuda histórica dos. Para nosotros eso es inaceptable dentro del proyecto”, agregó.

Jesús Redondo, integrante del comité ejecutivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), explicó que en el proyecto fue eliminado un artículo que establecía que los municipios eran “morosos solidarios” de las deudas previsionales de los profesores, lo cual jurídicamente no asegura el pago de las cotizaciones adeudadas y podría generar un escenario similar al de la deuda histórica.

“Si se generara de nuevo esa deuda previsional, es posible que todos esos profesores que ahora salen de los municipios y pasan a los SLE, queden con agujeros en sus contribuciones de AFP, ya sea porque no fueron transferidos a tiempo por la municipalidad o simplemente porque la nueva realidad no se hace cargo de ello”, comentó.

Según el académico, otro aspecto grave que mantiene el proyecto de Nueva Educación Pública es  que no hay derecho a la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones. “Este es el tema más grave porque las decisiones quedarán en manos de un grupo cada vez más tecnócrata, orientado principalmente hacia una gestión de tipo empresarial. No habrá participación de la comunidad escolar, que era lo que se esperaba. Además, este es un cambio que acaba de introducir el Senado y contradice lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados”.

Durante la jornada de consulta, además de preguntar si los profesores están de acuerdo o no con el proyecto que se está discutiendo, se les consultó si respaldan al directorio nacional para exigir y gestionar cambios de fondo a esta reforma.

Algunos de los puntos en los que se quiere incidir tienen relación con: otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Educación (Mineduc) para articular un sistema nacional de educación pública, un traspaso del los docentes sin deudas salariales ni previsionales, cambiar el financiamiento de subvención por un modelos de financiamiento basal, estabilidad laboral para los docentes, eliminar la calidad del sostenedor para la educación pública e instaurar una concepción integral,  humanizadora y no estandarizada del currículo.

Movilizaciones secundarias

Por su parte, desde el movimiento secundario hicieron un llamado a continuar las movilizaciones en base a dos ejes fundamentados en problemas internos y demandas nacionales que se expresan en el rechazo al proyecto de Nueva Educación Pública.

Sara Robles, vocera de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ACES), señaló que los petitorios internos que tienen los estudiantes en los establecimientos se relacionan principalmente con problemas de financiamiento, infraestructura y violencia de género. “Son problemáticas que se repiten debido al escenario político en el cual nos encontramos. Las municipalidades no se han hecho cargo y no han entregado el financiamiento necesario a sus colegios”.

De acuerdo a Jesús Redondo, esto último puede ser un síntoma del proceso de traspaso que están experimentando los colegios, ya que no existen incentivos para que las municipalidades continúen invirtiendo en educación. “Como van a desprenderse de las escuelas, ¿qué incentivos podría tener un alcalde para destinar dinero a estos establecimientos? Ninguno. Esto incluso puede incentivar el cierre de colegios. Ellos (los municipios) pueden concentrar escuelas y así quedarse con los edificios públicos”.

Finalmente, la vocera de la ACES recalcó que durante las últimas semanas los estudiantes han sido víctimas de una constante represión. “El actuar de Carabineros se repite en todos los desalojos. La semana pasada tuvimos una manifestación en la cual algunas compañeras quedaron con quemaduras de primer grado producto de los gases lacrimógenos”.

Hasta el cierre de esta edición, se encontraba en toma el Liceo Siete de Providencia, Liceo Tajamar, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Instituto Nacional y el Liceo de Aplicaciones.