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Año XI, 24 de abril de 2019

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Mapuches deslegitiman el Plan Araucanía del Gobierno

Este viernes la Presidenta Michelle Bachelet presentará el Plan Integral para La Araucanía en La Moneda, con el que se espera terminar con la tensión y los problemas de la zona. Sin embargo, la iniciativa ya fue criticada por dirigentes mapuches, quienes señalaron que el desarrollo del proyecto no contó con la participación del pueblo ni los representantes de sus comunidades. Además, mencionaron que ignora aspectos como la plurinacionalidad.

Karina Palma

  Jueves 22 de junio 2017 21:05 hrs. 
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La Presidenta Michelle Bachelet presentará este viernes el Plan Integral para La Araucanía, del cual ya se conocen algunos antecedentes entregados durante la última cuenta pública de la Mandataria. Si bien en un principio su presentación estaba prevista en Temuco, finalmente, la jefa de Estado dará el anuncio a las 10 de la mañana en La Moneda.

Este proyecto nació tras las recomendaciones emanadas desde la Comisión Asesora para La Araucanía, nombrada por Bachelet en julio de 2016 y que entregó su informe final el 23 de enero de este año. Sin embargo, la constitución de este grupo de asesores fue desde el inicio muy criticada, debido a la poca participación de las comunidades indígenas y, en contraposición, amplia presencia de académicos, representantes del empresariado, artistas y el obispo de Temuco, Héctor Vargas.

Según lo adelantado por la Presidenta Michelle Bachelet, durante su discurso el 1 de julio, el plan contemplará medidas en tres áreas concretas: reconocimiento constitucional, desarrollo productivo y ampliación del programa de reparación a víctimas de hechos de violencia. Además, se contemplarán garantías de participación política y la realización de un nuevo catastro general de tierras, para lo cual se nombrará un nuevo comité.

Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y ex miembro de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, indicó que es un despropósito que la iniciativa no haya emanado desde un proceso de consulta.

“Esta propuesta no cuenta con nuestro respaldo. Además, es cuestionable que esto se haga desde Santiago, con la total displicencia, distancia y evitando cualquier contacto con la Región. Nosotros le restamos legitimidad y validez a lo que ella proponga porque básicamente es para el sector empresarial de La Araucanía y no para los mapuche”.

Cabe mencionar que cuando el abogado renunció a la Comisión argumentó que antes que esta entregara su informe final, se eliminó del texto el ámbito referido a la plurinacionalidad. En aquel momento, Cailaf acusó a los miembros de “sucumbir ante las presiones de los gremios para excluir en el último minuto la frase de reconocimiento de un Estado unitario plurinacional”, acuerdo que habrían alcanzado previamente.

Por su parte, Ana Llao, ex consejera de la Conadi y actual dirigente mapuche criticó la falta de participación que hubo en la construcción de esta propuesta y señaló que los planteamientos que se impusieron responden a un sector empresarial. “Quien dirigió la Comisión fue la multigremial de la Región, la misma que nos persigue día a día”.

Según la dirigente, con esta medida se busca eliminar la actual Ley Indígena que, desde su perspectiva, fue generada con mayor participación que el proyecto que el Ejecutivo presentará este viernes.

En tanto, Rodrigo Curipán, werkén del Lof Rankilko, argumentó que este tipo de iniciativas no abordan los problemas de fondo. “Ellos plantean esta Ley Araucanía como un problema más de fomento, como si los mapuche fuéramos pobres a consecuencia de la falta de oportunidades. Los mapuche somos pobres por la usurpación del territorio”.

“Difícilmente los anuncios planteados por la Mandataria vendrán a contribuir a una solución, sino más bien a tratar de mitigar lo que ha venido aconteciendo durante el último tiempo, sobre todo cuando estamos a un poco más de una semana del asesinato de dos mapuche en la zona”, afirmó el vocero.

El werkén agregó que desde el Ejecutivo implementan medidas que confunden a la sociedad chilena, en las que intentan establecer la forma en que el pueblo mapuche debiese organizarse, sin considerar que ellos ya poseen sus propias formas de organización.

“No porque nosotros estemos en la vereda frente al Estado vamos a pensar que cualquier medida del Gobierno está mal. Hay que ser realistas con el modo como se ha ido desarrollando esta política integracionista. Lo se ha intentado durante todos estos años ha sido negar que como mapuche tenemos nuestra propia institucionalidad y que el conflicto tiene su raíz en el despojo de la tierra”, concluyó.

Y es que desde La Moneda han optado por una política de recambios y distancias en la zona. En agosto de 2015, por ejemplo, el entonces intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, presentó un documento titulado Propuesta al gobierno respecto de la situación de la región de La Araucanía. En el texto el militante DC reconocía que Chile era un Estado plurinacional a la vez que proponía la devolución de tierras.    

Luego de esta publicación desde La Moneda optaron por remover a Huenchumilla para colocar en su puesto a Andrés Jouannet, quien entonces se desempeñaba como asesor del ministro del Interior, Jorge Burgos. Sin embargo, luego de un año y tres meses, Jouannet renunció al cargo, siendo reemplazado en diciembre de 2016 por José Miguel Hernández.  

De forma paralela, también han escaseado las visitas presidenciales al sector. Esto, ya que a la fecha la Mandataria registra un total de seis viajes a La Araucanía.    

Las propuestas del informe que la Comisión para La Araucanía entregó en enero a la Presidenta estuvieron enmarcadas en ámbitos como la paz, la interculturalidad, el desarrollo y la equidad, pero no incluyó aspectos centrales de las demandas indígenas como un estado plurinacional, autonomía, autodeterminación y  territorialidad.

Estos últimos elementos se suman a la exigencia de derechos políticos, culturales, lingüísticos y sociales que se recogieron en el informe final del Proceso Constituyente Indígena, el cual fue entregado a principios de mayo a la Presidenta Michelle Bachelet.