Las contradicciones del PS por la nacionalización del cobre
La colectividad encabezada por el senador Álvaro Elizalde acordó impulsar la nacionalización del cobre en su última conferencia programática. Sin embargo, a comienzos de mayo sus diputados aprobaron la actualización del TLC con Canadá, con cláusulas que en la práctica cierran la puerta a esa posibilidad.
Sábado 30 de junio 2018 10:58 hrs.
Entre los anuncios de la Conferencia Nacional del Partido Socialista –que se extendió por varios días y finalizó el sábado 23 de junio–, estuvo la resolución de apoyar una agenda de nacionalización de los recursos naturales como el agua y el cobre, e incentivar la creación de una empresa estatal que se dedique en exclusivo a la explotación de litio.
A primera vista, pareció una política alineada con los objetivos históricos del socialismo chileno, como por ejemplo durante la Unidad Popular. Sin embargo, desde el movimiento social se advirtió un doble discurso, puesto que los diputados del PS aprobaron la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá, votado y aprobado en la Cámara de Diputados el 9 de mayo de este año, solo con sietes votos en contra y todos provenientes del Frente Amplio.
Este tema es importante, puesto que precisamente las nuevas cláusulas establecen límites al Estado a la hora de tomar decisiones en inversiones donde están involucrados capitales extranjeros. Y, específicamente, Canadá es el principal inversor extranjero en la economía chilena. La Plataforma Chile Mejor sin TLC advirtió en su momento que esta suscripción significaría “hipotecar la posibilidad de nacionalizar la minería”.
En un documento preparado para las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados, esta articulación de organizaciones cita que “el artículo G-10: Expropiación o nacionalización, dispone: “Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio del debido proceso y el artículo G-05(1); y d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.
La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo… Los criterios de evaluación incluirán el valor del negocio en marcha, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado”.
En interpretación de Chile Mejor sin TLC, “el artículo G-10, al impedir que la gran minería de origen canadiense pueda ser nacionalizada, adolece de inconstitucionalidad, porque la nacionalización está vigente en la actual Constitución, vigencia que además dispone que la nacionalización de los yacimientos mineros se debe efectuar sin ningún tipo de indemnización. A este respecto es necesario tener en consideración que la mayor parte de las inversiones en la gran minería chilena son de origen canadiense”.
Luciana Ghiotto, especialista en economía política internacional, explicó que un acuerdo de estas características “siempre incluye un capítulo de protección de inversores”. La también investigadora Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina agregó que esto podría implicar que el Estado deba pagar una “suma gigante en caso de expropiar”, y no solo eso.
“Un inversor canadiense está capacitado para ir al arbitraje internacional, convocando un panel de arbitraje para demandar al Estado en un caso por expropiación. Esto es una tendencia que existe desde hace 25 años ya, con los TLC en general, desde el primero grande que fue el NAFTA, que incluyó un capítulo de inversiones”, dijo.
La experta contó que hasta el momento “Chile tiene cuatro demandas de este estilo” y a nivel latinoamericano se han recibido “250 demandas en contra por parte de inversores extranjeros”.
Según Luciana Ghiotto, el 80 por ciento de estos casos son de inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos”, lo que a su parecer quiere decir que “hay una práctica muy establecida, especialmente en el sector minero, que están demandando a los países”.
La explicación del socialismo
Consultado por esta eventual falta de consecuencia en el tema, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, detalló que, a su consideración, existen diferencias a la hora de hablar de los distintos recursos naturales y las medidas que quiere llevar adelante la colectividad.
“Es necesario precisar que, en el caso del litio, no existe una concesión para su explotación, sino que lo que existe es un contrato de arrendamiento que permite que un privado explote el litio. En ese contexto, hemos señalado que se debe poner fin a ese contrato de arrendamiento y que la explotación debe realizarse directamente por el Estado”, dijo.
Sin embargo, Elizalde explicó que “en el tema del cobre sí hay una dificultad, que son las eventuales indemnizaciones que pudieran generar un proceso de esta naturaleza”.
“En ese contexto, hemos señalado que los recursos naturales deben ser explotados directamente en la medida que exista capacidad financiera para hacerlo por parte del Estado”, agregó.
Aún falta que la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá sea sometida a votación en el Senado, donde se espera que consiga un resultado favorable para su aprobación. Está por verse cómo se comportará el PS en esta decisión, aunque, si es que se sigue el último acuerdo programático partidario, la votación debería ser en contra.
Entre los anuncios de la Conferencia Nacional del Partido Socialista –que se extendió por varios días y finalizó el sábado 23 de junio–, estuvo la resolución de apoyar una agenda de nacionalización de los recursos naturales como el agua y el cobre, e incentivar la creación de una empresa estatal que se dedique en exclusivo a la explotación de litio.
A primera vista, pareció una política alineada con los objetivos históricos del socialismo chileno, como por ejemplo durante la Unidad Popular. Sin embargo, desde el movimiento social se advirtió un doble discurso, puesto que los diputados del PS aprobaron la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá, votado y aprobado en la Cámara de Diputados el 9 de mayo de este año, solo con sietes votos en contra y todos provenientes del Frente Amplio.
Este tema es importante, puesto que precisamente las nuevas cláusulas establecen límites al Estado a la hora de tomar decisiones en inversiones donde están involucrados capitales extranjeros. Y, específicamente, Canadá es el principal inversor extranjero en la economía chilena. La Plataforma Chile Mejor sin TLC advirtió en su momento que esta suscripción significaría “hipotecar la posibilidad de nacionalizar la minería”.
En un documento preparado para las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados, esta articulación de organizaciones cita que “el artículo G-10: Expropiación o nacionalización, dispone: “Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio del debido proceso y el artículo G-05(1); y d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.
La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo… Los criterios de evaluación incluirán el valor del negocio en marcha, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado”.
En interpretación de Chile Mejor sin TLC, “el artículo G-10, al impedir que la gran minería de origen canadiense pueda ser nacionalizada, adolece de inconstitucionalidad, porque la nacionalización está vigente en la actual Constitución, vigencia que además dispone que la nacionalización de los yacimientos mineros se debe efectuar sin ningún tipo de indemnización. A este respecto es necesario tener en consideración que la mayor parte de las inversiones en la gran minería chilena son de origen canadiense”.
Luciana Ghiotto, especialista en economía política internacional, explicó que un acuerdo de estas características “siempre incluye un capítulo de protección de inversores”. La también investigadora Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina agregó que esto podría implicar que el Estado deba pagar una “suma gigante en caso de expropiar”, y no solo eso.
“Un inversor canadiense está capacitado para ir al arbitraje internacional, convocando un panel de arbitraje para demandar al Estado en un caso por expropiación. Esto es una tendencia que existe desde hace 25 años ya, con los TLC en general, desde el primero grande que fue el NAFTA, que incluyó un capítulo de inversiones”, dijo.
La experta contó que hasta el momento “Chile tiene cuatro demandas de este estilo” y a nivel latinoamericano se han recibido “250 demandas en contra por parte de inversores extranjeros”.
Según Luciana Ghiotto, el 80 por ciento de estos casos son de inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos”, lo que a su parecer quiere decir que “hay una práctica muy establecida, especialmente en el sector minero, que están demandando a los países”.
La explicación del socialismo
Consultado por esta eventual falta de consecuencia en el tema, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, detalló que, a su consideración, existen diferencias a la hora de hablar de los distintos recursos naturales y las medidas que quiere llevar adelante la colectividad.
“Es necesario precisar que, en el caso del litio, no existe una concesión para su explotación, sino que lo que existe es un contrato de arrendamiento que permite que un privado explote el litio. En ese contexto, hemos señalado que se debe poner fin a ese contrato de arrendamiento y que la explotación debe realizarse directamente por el Estado”, dijo.
Sin embargo, Elizalde explicó que “en el tema del cobre sí hay una dificultad, que son las eventuales indemnizaciones que pudieran generar un proceso de esta naturaleza”.
“En ese contexto, hemos señalado que los recursos naturales deben ser explotados directamente en la medida que exista capacidad financiera para hacerlo por parte del Estado”, agregó.
Aún falta que la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá sea sometida a votación en el Senado, donde se espera que consiga un resultado favorable para su aprobación. Está por verse cómo se comportará el PS en esta decisión, aunque, si es que se sigue el último acuerdo programático partidario, la votación debería ser en contra.
Entre los anuncios de la Conferencia Nacional del Partido Socialista –que se extendió por varios días y finalizó el sábado 23 de junio–, estuvo la resolución de apoyar una agenda de nacionalización de los recursos naturales como el agua y el cobre, e incentivar la creación de una empresa estatal que se dedique en exclusivo a la explotación de litio.
A primera vista, pareció una política alineada con los objetivos históricos del socialismo chileno, como por ejemplo durante la Unidad Popular. Sin embargo, desde el movimiento social se advirtió un doble discurso, puesto que los diputados del PS aprobaron la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá, votado y aprobado en la Cámara de Diputados el 9 de mayo de este año, solo con sietes votos en contra y todos provenientes del Frente Amplio.
Este tema es importante, puesto que precisamente las nuevas cláusulas establecen límites al Estado a la hora de tomar decisiones en inversiones donde están involucrados capitales extranjeros. Y, específicamente, Canadá es el principal inversor extranjero en la economía chilena. La Plataforma Chile Mejor sin TLC advirtió en su momento que esta suscripción significaría “hipotecar la posibilidad de nacionalizar la minería”.
En un documento preparado para las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados, esta articulación de organizaciones cita que “el artículo G-10: Expropiación o nacionalización, dispone: “Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión (“expropiación”), salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio del debido proceso y el artículo G-05(1); y d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.
La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo… Los criterios de evaluación incluirán el valor del negocio en marcha, el valor del activo, incluyendo el valor fiscal de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado”.
En interpretación de Chile Mejor sin TLC, “el artículo G-10, al impedir que la gran minería de origen canadiense pueda ser nacionalizada, adolece de inconstitucionalidad, porque la nacionalización está vigente en la actual Constitución, vigencia que además dispone que la nacionalización de los yacimientos mineros se debe efectuar sin ningún tipo de indemnización. A este respecto es necesario tener en consideración que la mayor parte de las inversiones en la gran minería chilena son de origen canadiense”.
Luciana Ghiotto, especialista en economía política internacional, explicó que un acuerdo de estas características “siempre incluye un capítulo de protección de inversores”. La también investigadora Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina agregó que esto podría implicar que el Estado deba pagar una “suma gigante en caso de expropiar”, y no solo eso.
“Un inversor canadiense está capacitado para ir al arbitraje internacional, convocando un panel de arbitraje para demandar al Estado en un caso por expropiación. Esto es una tendencia que existe desde hace 25 años ya, con los TLC en general, desde el primero grande que fue el NAFTA, que incluyó un capítulo de inversiones”, dijo.
La experta contó que hasta el momento “Chile tiene cuatro demandas de este estilo” y a nivel latinoamericano se han recibido “250 demandas en contra por parte de inversores extranjeros”.
Según Luciana Ghiotto, el 80 por ciento de estos casos son de inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos”, lo que a su parecer quiere decir que “hay una práctica muy establecida, especialmente en el sector minero, que están demandando a los países”.
La explicación del socialismo
Consultado por esta eventual falta de consecuencia en el tema, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, detalló que, a su consideración, existen diferencias a la hora de hablar de los distintos recursos naturales y las medidas que quiere llevar adelante la colectividad.
“Es necesario precisar que, en el caso del litio, no existe una concesión para su explotación, sino que lo que existe es un contrato de arrendamiento que permite que un privado explote el litio. En ese contexto, hemos señalado que se debe poner fin a ese contrato de arrendamiento y que la explotación debe realizarse directamente por el Estado”, dijo.
Sin embargo, Elizalde explicó que “en el tema del cobre sí hay una dificultad, que son las eventuales indemnizaciones que pudieran generar un proceso de esta naturaleza”.
“En ese contexto, hemos señalado que los recursos naturales deben ser explotados directamente en la medida que exista capacidad financiera para hacerlo por parte del Estado”, agregó.
Aún falta que la actualización del Tratado de Libre Comercio con Canadá sea sometida a votación en el Senado, donde se espera que consiga un resultado favorable para su aprobación. Está por verse cómo se comportará el PS en esta decisión, aunque, si es que se sigue el último acuerdo programático partidario, la votación debería ser en contra.
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