Aunque a mediados de mes el Congreso Nacional aprobó el proyecto que reforma la Justicia Militar, todavía no es ley, porque hay aprehensiones de parte de diversos sectores sobre los efectos judiciales del texto, que generan reparos de forma y fondo.
El Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, planteó que pueden existir problemas en materia judicial, ya que analizar los mismos hechos en las dos justicias podría generar resultados distintos. Ese escenario, considera Chahuán, no es bueno para el sistema judicial.
“Hicimos presente que podría darse alguna sentencia contradictoria, pero en la medida que haya un conocimiento de que tiene normas distintas en algunos casos, podría argumentarse que no hay problema. Yo creo que sería malo que hubiera una sentencia contradictoria, que un civil fuera condenado o absuelto y un militar fuera absuelto o condenado”, explicó.
Los reparos del Ministerio Público fueron aplacados por el senador UDI Andrés Chadwick, que considera la posibilidad de esta discrepancia como normal: “Son dos procedimientos distintos, con jueces distintos, sobre personas que cometen un mismo hecho. En el caso de la Justicia Militar y la Justicia Civil, también tenemos el problema de que se pueden dar los mismos hechos y entre los dos responsables de ese hecho, uno va a la Justicia Civil y otro a la Justicia Militar”, dijo.
Igualmente, desde la Concertación se plantea que el proyecto de ley podría mejorarse, considerando situaciones como el peso de las pruebas entre ambas justicias y otros factores procesales.
El senador Patricio Walker (DC) señala que parlamentarios opositores expresaron la necesidad de modificar el proyecto mediante un veto: “Eso tiene que decidirlo el Ejecutivo, nosotros con la senadora Alvear hicimos las observaciones que teníamos, que algunas normas son perfectibles, mejorables. El Ejecutivo tiene que definir si presenta o no un veto”, indicó.
En el Ejecutivo consideran que el texto salió de la Cámara y el Senado en forma correcta y que los problemas que se podrían generar son normales en el proceso de reforma, por lo que éste será promulgado.
“Cada vez que uno hace estas migraciones de un stock de causas, desde una Justicia Militar a una justicia ordinaria o cuando ha ocurrido con otras leyes que han tenido un efecto parecido, hay efectos que uno podría estimar inconvenientes o potencialidades o riesgos o eventualidades. Pero lo que manda es la causa mayor, que es lograr este gran paso que Chile tenía pendiente, que era sacar a los civiles de la Justicia Militar. Lo demás, si llega a ocurrir, serán nada más que un costo asociado de una causa sustancial”, comentó el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
En tanto, la Asociación de Fiscales criticó la propuesta de reforma. En el programa Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, el director de la Asociación Gremial, Marcelo Cabrera, advirtió que la reforma podría provocar una debacle del sistema judicial.
A juicio del persecutor, los procedimientos utilizados por la Justicia Militar son absolutamente distintos a los que se ocupan en el Ministerio Público, el cual para el desarrollo de su investigación depende de los Tribunales de Garantía, a diferencia de los fiscales militares.
Aunque a mediados de mes el Congreso Nacional aprobó el proyecto que reforma la Justicia Militar, todavía no es ley, porque hay aprehensiones de parte de diversos sectores sobre los efectos judiciales del texto, que generan reparos de forma y fondo.
El Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, planteó que pueden existir problemas en materia judicial, ya que analizar los mismos hechos en las dos justicias podría generar resultados distintos. Ese escenario, considera Chahuán, no es bueno para el sistema judicial.
“Hicimos presente que podría darse alguna sentencia contradictoria, pero en la medida que haya un conocimiento de que tiene normas distintas en algunos casos, podría argumentarse que no hay problema. Yo creo que sería malo que hubiera una sentencia contradictoria, que un civil fuera condenado o absuelto y un militar fuera absuelto o condenado”, explicó.
Los reparos del Ministerio Público fueron aplacados por el senador UDI Andrés Chadwick, que considera la posibilidad de esta discrepancia como normal: “Son dos procedimientos distintos, con jueces distintos, sobre personas que cometen un mismo hecho. En el caso de la Justicia Militar y la Justicia Civil, también tenemos el problema de que se pueden dar los mismos hechos y entre los dos responsables de ese hecho, uno va a la Justicia Civil y otro a la Justicia Militar”, dijo.
Igualmente, desde la Concertación se plantea que el proyecto de ley podría mejorarse, considerando situaciones como el peso de las pruebas entre ambas justicias y otros factores procesales.
El senador Patricio Walker (DC) señala que parlamentarios opositores expresaron la necesidad de modificar el proyecto mediante un veto: “Eso tiene que decidirlo el Ejecutivo, nosotros con la senadora Alvear hicimos las observaciones que teníamos, que algunas normas son perfectibles, mejorables. El Ejecutivo tiene que definir si presenta o no un veto”, indicó.
En el Ejecutivo consideran que el texto salió de la Cámara y el Senado en forma correcta y que los problemas que se podrían generar son normales en el proceso de reforma, por lo que éste será promulgado.
“Cada vez que uno hace estas migraciones de un stock de causas, desde una Justicia Militar a una justicia ordinaria o cuando ha ocurrido con otras leyes que han tenido un efecto parecido, hay efectos que uno podría estimar inconvenientes o potencialidades o riesgos o eventualidades. Pero lo que manda es la causa mayor, que es lograr este gran paso que Chile tenía pendiente, que era sacar a los civiles de la Justicia Militar. Lo demás, si llega a ocurrir, serán nada más que un costo asociado de una causa sustancial”, comentó el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
En tanto, la Asociación de Fiscales criticó la propuesta de reforma. En el programa Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, el director de la Asociación Gremial, Marcelo Cabrera, advirtió que la reforma podría provocar una debacle del sistema judicial.
A juicio del persecutor, los procedimientos utilizados por la Justicia Militar son absolutamente distintos a los que se ocupan en el Ministerio Público, el cual para el desarrollo de su investigación depende de los Tribunales de Garantía, a diferencia de los fiscales militares.
Aunque a mediados de mes el Congreso Nacional aprobó el proyecto que reforma la Justicia Militar, todavía no es ley, porque hay aprehensiones de parte de diversos sectores sobre los efectos judiciales del texto, que generan reparos de forma y fondo.
El Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, planteó que pueden existir problemas en materia judicial, ya que analizar los mismos hechos en las dos justicias podría generar resultados distintos. Ese escenario, considera Chahuán, no es bueno para el sistema judicial.
“Hicimos presente que podría darse alguna sentencia contradictoria, pero en la medida que haya un conocimiento de que tiene normas distintas en algunos casos, podría argumentarse que no hay problema. Yo creo que sería malo que hubiera una sentencia contradictoria, que un civil fuera condenado o absuelto y un militar fuera absuelto o condenado”, explicó.
Los reparos del Ministerio Público fueron aplacados por el senador UDI Andrés Chadwick, que considera la posibilidad de esta discrepancia como normal: “Son dos procedimientos distintos, con jueces distintos, sobre personas que cometen un mismo hecho. En el caso de la Justicia Militar y la Justicia Civil, también tenemos el problema de que se pueden dar los mismos hechos y entre los dos responsables de ese hecho, uno va a la Justicia Civil y otro a la Justicia Militar”, dijo.
Igualmente, desde la Concertación se plantea que el proyecto de ley podría mejorarse, considerando situaciones como el peso de las pruebas entre ambas justicias y otros factores procesales.
El senador Patricio Walker (DC) señala que parlamentarios opositores expresaron la necesidad de modificar el proyecto mediante un veto: “Eso tiene que decidirlo el Ejecutivo, nosotros con la senadora Alvear hicimos las observaciones que teníamos, que algunas normas son perfectibles, mejorables. El Ejecutivo tiene que definir si presenta o no un veto”, indicó.
En el Ejecutivo consideran que el texto salió de la Cámara y el Senado en forma correcta y que los problemas que se podrían generar son normales en el proceso de reforma, por lo que éste será promulgado.
“Cada vez que uno hace estas migraciones de un stock de causas, desde una Justicia Militar a una justicia ordinaria o cuando ha ocurrido con otras leyes que han tenido un efecto parecido, hay efectos que uno podría estimar inconvenientes o potencialidades o riesgos o eventualidades. Pero lo que manda es la causa mayor, que es lograr este gran paso que Chile tenía pendiente, que era sacar a los civiles de la Justicia Militar. Lo demás, si llega a ocurrir, serán nada más que un costo asociado de una causa sustancial”, comentó el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
En tanto, la Asociación de Fiscales criticó la propuesta de reforma. En el programa Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, el director de la Asociación Gremial, Marcelo Cabrera, advirtió que la reforma podría provocar una debacle del sistema judicial.
A juicio del persecutor, los procedimientos utilizados por la Justicia Militar son absolutamente distintos a los que se ocupan en el Ministerio Público, el cual para el desarrollo de su investigación depende de los Tribunales de Garantía, a diferencia de los fiscales militares.
