La directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, confirmó el envío del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos y reiteró que la prioridad del gobierno será generar el acceso a medicamentos de calidad al menor costo posible.
Esta iniciativa busca perfeccionar la normativa vigente sobre la prescripción de fármacos, fortalecer las funciones reguladoras del ISP y adoptar una serie de medidas para aumentar la competencia en la industria farmacéutica. Sin embargo, el texto del proyecto generó fuertes reparos en la comisión de Salud de la Cámara.
Para el diputado socialista, Juan Luis Castro, el texto defraudó las expectativas que instaló el mismo gobierno y las autoridades de salud, quien sostuvo que “lo único que se hace es pasar la delegación de funciones de la directora del ISP a la persona que asuma en un departamento de Agencia Nacional de Medicamentos. Lejos de ser un proyecto que entregue status propio, autonomía y financiamiento este proyecto minimiza el sentido original de la propuesta y la subordina al ISP sabiendo los problemas de ineficacia y burocracia, por lo que deja por debajo de las expectativas la necesaria regulación de medicamentos en Chile”.
Castro añadió que no están dispuestos a legislar para que llamen “Agencia Nacional” a un viejo e insuficiente departamento e instó al gobierno a modificar el proyecto cuando sea discutido en agosto para que regule todo el sistema: certifique todos laboratorios, que fiscalice el tráfico, el consumo abusivo y ponga freno a los problemas de colusión, creando una institución realmente poderosa.
Otro tema que ha generado polémica es la propuesta de los parlamentarios de la Concertación de legislar de forma conjunta este proyecto y el de ampliación de la venta de medicamentos.
Para Mauricio Huberman, secretario del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Chile, ampliar los puntos de venta puede representar un verdadero peligro para la población. “Uno de los principales problemas del medicamento al considerar bien de consumo, es que no hay educación respecto a su consumo. El gobierno hace campañas por cáncer uterino y otros temas, pero nunca ha hecho campañas de medicamentos, hay una falta de educación tremenda. La gente no tiene idea de uso y conservación, los deja en lugares a mano y deja la puerta abierta a que los niños se intoxiquen”.
Sin embargo, uno de los argumentos para extender su venta es desconcentrar el poder que tienen las farmacias y con ello ayudar a que bajen los precios de los medicamentos. El decano de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, Hernán Chávez, puso en duda esta mirada considerando la experiencia internacional.
El académico indicó que “algunos piensan que eso bajaría el precio, pero eso no está claro. En países donde se implementa, no baja el precio, las empresas ganan más dinero, los usuarios consumieron más medicamentos y hubo más daño a la salud por mal uso. En Argentina tuvieron que volver atrás con la medida, cuyo fundamento no es de salud pública, sino más bien un sentido comercial”.
Chávez señaló que los remedios que van a estar disponibles son de uso bastante popular, no son los más caros. Estos van a seguir en las farmacias, por lo que la medida no va a tener un efecto contundente para los usuarios. Además, advirtió que al abrir la venta a tiendas y supermercados, sólo se va transitar a otro monopolio.
Para el académico, una forma de generar reales cambios es legislar sobre la venta de incentivos perversos en las farmacias, impidiendo así el abuso laboral a los trabajadores y la explotación desmedida de las necesidades de los consumidores.
La directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, confirmó el envío del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos y reiteró que la prioridad del gobierno será generar el acceso a medicamentos de calidad al menor costo posible.
Esta iniciativa busca perfeccionar la normativa vigente sobre la prescripción de fármacos, fortalecer las funciones reguladoras del ISP y adoptar una serie de medidas para aumentar la competencia en la industria farmacéutica. Sin embargo, el texto del proyecto generó fuertes reparos en la comisión de Salud de la Cámara.
Para el diputado socialista, Juan Luis Castro, el texto defraudó las expectativas que instaló el mismo gobierno y las autoridades de salud, quien sostuvo que “lo único que se hace es pasar la delegación de funciones de la directora del ISP a la persona que asuma en un departamento de Agencia Nacional de Medicamentos. Lejos de ser un proyecto que entregue status propio, autonomía y financiamiento este proyecto minimiza el sentido original de la propuesta y la subordina al ISP sabiendo los problemas de ineficacia y burocracia, por lo que deja por debajo de las expectativas la necesaria regulación de medicamentos en Chile”.
Castro añadió que no están dispuestos a legislar para que llamen “Agencia Nacional” a un viejo e insuficiente departamento e instó al gobierno a modificar el proyecto cuando sea discutido en agosto para que regule todo el sistema: certifique todos laboratorios, que fiscalice el tráfico, el consumo abusivo y ponga freno a los problemas de colusión, creando una institución realmente poderosa.
Otro tema que ha generado polémica es la propuesta de los parlamentarios de la Concertación de legislar de forma conjunta este proyecto y el de ampliación de la venta de medicamentos.
Para Mauricio Huberman, secretario del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Chile, ampliar los puntos de venta puede representar un verdadero peligro para la población. “Uno de los principales problemas del medicamento al considerar bien de consumo, es que no hay educación respecto a su consumo. El gobierno hace campañas por cáncer uterino y otros temas, pero nunca ha hecho campañas de medicamentos, hay una falta de educación tremenda. La gente no tiene idea de uso y conservación, los deja en lugares a mano y deja la puerta abierta a que los niños se intoxiquen”.
Sin embargo, uno de los argumentos para extender su venta es desconcentrar el poder que tienen las farmacias y con ello ayudar a que bajen los precios de los medicamentos. El decano de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, Hernán Chávez, puso en duda esta mirada considerando la experiencia internacional.
El académico indicó que “algunos piensan que eso bajaría el precio, pero eso no está claro. En países donde se implementa, no baja el precio, las empresas ganan más dinero, los usuarios consumieron más medicamentos y hubo más daño a la salud por mal uso. En Argentina tuvieron que volver atrás con la medida, cuyo fundamento no es de salud pública, sino más bien un sentido comercial”.
Chávez señaló que los remedios que van a estar disponibles son de uso bastante popular, no son los más caros. Estos van a seguir en las farmacias, por lo que la medida no va a tener un efecto contundente para los usuarios. Además, advirtió que al abrir la venta a tiendas y supermercados, sólo se va transitar a otro monopolio.
Para el académico, una forma de generar reales cambios es legislar sobre la venta de incentivos perversos en las farmacias, impidiendo así el abuso laboral a los trabajadores y la explotación desmedida de las necesidades de los consumidores.
La directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, confirmó el envío del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos y reiteró que la prioridad del gobierno será generar el acceso a medicamentos de calidad al menor costo posible.
Esta iniciativa busca perfeccionar la normativa vigente sobre la prescripción de fármacos, fortalecer las funciones reguladoras del ISP y adoptar una serie de medidas para aumentar la competencia en la industria farmacéutica. Sin embargo, el texto del proyecto generó fuertes reparos en la comisión de Salud de la Cámara.
Para el diputado socialista, Juan Luis Castro, el texto defraudó las expectativas que instaló el mismo gobierno y las autoridades de salud, quien sostuvo que “lo único que se hace es pasar la delegación de funciones de la directora del ISP a la persona que asuma en un departamento de Agencia Nacional de Medicamentos. Lejos de ser un proyecto que entregue status propio, autonomía y financiamiento este proyecto minimiza el sentido original de la propuesta y la subordina al ISP sabiendo los problemas de ineficacia y burocracia, por lo que deja por debajo de las expectativas la necesaria regulación de medicamentos en Chile”.
Castro añadió que no están dispuestos a legislar para que llamen “Agencia Nacional” a un viejo e insuficiente departamento e instó al gobierno a modificar el proyecto cuando sea discutido en agosto para que regule todo el sistema: certifique todos laboratorios, que fiscalice el tráfico, el consumo abusivo y ponga freno a los problemas de colusión, creando una institución realmente poderosa.
Otro tema que ha generado polémica es la propuesta de los parlamentarios de la Concertación de legislar de forma conjunta este proyecto y el de ampliación de la venta de medicamentos.
Para Mauricio Huberman, secretario del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Chile, ampliar los puntos de venta puede representar un verdadero peligro para la población. “Uno de los principales problemas del medicamento al considerar bien de consumo, es que no hay educación respecto a su consumo. El gobierno hace campañas por cáncer uterino y otros temas, pero nunca ha hecho campañas de medicamentos, hay una falta de educación tremenda. La gente no tiene idea de uso y conservación, los deja en lugares a mano y deja la puerta abierta a que los niños se intoxiquen”.
Sin embargo, uno de los argumentos para extender su venta es desconcentrar el poder que tienen las farmacias y con ello ayudar a que bajen los precios de los medicamentos. El decano de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, Hernán Chávez, puso en duda esta mirada considerando la experiencia internacional.
El académico indicó que “algunos piensan que eso bajaría el precio, pero eso no está claro. En países donde se implementa, no baja el precio, las empresas ganan más dinero, los usuarios consumieron más medicamentos y hubo más daño a la salud por mal uso. En Argentina tuvieron que volver atrás con la medida, cuyo fundamento no es de salud pública, sino más bien un sentido comercial”.
Chávez señaló que los remedios que van a estar disponibles son de uso bastante popular, no son los más caros. Estos van a seguir en las farmacias, por lo que la medida no va a tener un efecto contundente para los usuarios. Además, advirtió que al abrir la venta a tiendas y supermercados, sólo se va transitar a otro monopolio.
Para el académico, una forma de generar reales cambios es legislar sobre la venta de incentivos perversos en las farmacias, impidiendo así el abuso laboral a los trabajadores y la explotación desmedida de las necesidades de los consumidores.
