Ya han pasado 38 años desde la instauración del gobierno militar en Chile. Un periodo que se caracterizó por la aplicación de cambios sustanciales –  que tienen sus ramificaciones hasta hoy en aspectos como la educación – pero que además tuvo como sello las reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Han sido casi cuatro décadas en que, a paso lento, se han ido clarificando las circunstancias en que murieron miles de ejecutados políticos  y a un ritmo incluso más pausado, se ha logrado condenar a algunos de los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

Y los dos últimos años han sido clave en la materia. Además de la reapertura de casos emblemáticos como el de la muerte de los ex Presidentes, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva, también se presentó una querella por el fallecimiento del ex general de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet y se ordenó la exhumación, en los últimos meses de 2010, del cadáver del ex ministro de Allende, José Tohá para determinar las verdaderas causas de su muerte.

También durante 2010, la Corte Suprema entregó un informe que contabilizó 1135 casos de violaciones a los derechos humanos sin investigar, que se habrían producido mayoritariamente durante los primeros años del golpe. De ellos, 726 ya tienen una querella en proceso presentada por la Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedral.

Otro hito en este sentido fue la entrega del informe Valech II que acreditó 9 mil 800 nuevas víctimas directas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente, además de 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los 3 mil 195 certificados en la primera versión del documento.

El abogado integrante de esta instancia, Luciano Fouillioux, calificó estas cifras como “muy importantes”, porque “se acercan a los estándares de la información que manejaba la Vicaría de la Solidaridad en función a los recursos de amparo que presentó durante la dictadura y otras ONG´s de derechos humanos y de investigación”. Es decir, estos nuevos casos implican un acercamiento al número total de víctimas del golpe militar.

Lo mismo habría ocurrido con el reporte emanado de la Corte Suprema. El ex coordinador de esta área en el máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, precisó que “de acuerdo a nuestro catastro, no existe ninguna persona en Chile que haya sido desaparecida o muerta que no tenga un proceso o que no esté siendo investigada la forma en que falleció”.

Y aunque en relación a la identificación de las víctimas, las distintas instancias ya tendrían cubierto prácticamente todo el universo de casos, todavía se aprecia un retraso en el siguiente paso del proceso: las condenas para los victimarios.

Si tomamos en cuenta que, de acuerdo a los datos de la comisión Valech, habría cerca de 38 mil casos de prisión política y tortura acreditados, la proporción de condenados es considerablemente menor.

Si bien, las cifras varían de acuerdo a la forma en que avancen las causas,según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior – entre 2000 y fines de diciembre de 2010 – 778 ex agentes de servicios de seguridad han sido procesados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que incluye a funcionarios con absoluciones en apelación. Sólo 71 de ellos estarían cumpliendo condenas privativas de libertad y más de la mitad lo estaría haciendo en el penal Punta Peuco.

Por otro lado, un reporte de la Corte Suprema indica que de un total de 280 militares condenados a diciembre de 2009, 111 pertenecen al Ejército, 117 a Carabineros, 13 a la Armada, 19 a la Fuerza Aérea, 7 a Investigaciones, uno a Gendarmería y 12 civiles.

Sobre este último punto, Luciano Fouillioux, comentó que “de repente se olvida y se responsabiliza al mundo militar, pero aquí hubo civiles comprometidos con el golpe que han pasado bastante por fuera de las manos de la justicia. Por muchos años hubo un pacto de silencio y un manto de impunidad que dificultaron el trabajo de los jueces que llevaron adelante estas investigaciones”.

En esa línea, el ministro Muñoz precisó que “no existe ningún país en el mundo donde el Poder Judicial haya instruido una investigación formal y haya obtenido resultados respecto de la totalidad de las personas muertas o desaparecidas en enfrentamientos relacionados con hechos políticos de carácter violento. En Chile, por lo menos en la labor que se hizo en la Corte Suprema, se estableció que el 100 por ciento de esas personas es posible determinar judicialmente que existe un sumario para investigar su paradero”.

Muñoz indicó que “el resultado concreto queda entregado a los magistrados, pero la labor de garantizar que exista para la totalidad de las víctimas acceso a la justicia, se ha cumplido”.

Ambos juristas destacaron la función de las familias en la entregar información para poder avanzar con las causas, además de la labor de organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales.

De todas formas, la sensación de impunidad se mantiene toda vez que sólo el 0,2 por ciento de los victimarios, en relación con la totalidad de los afectados, están en prisión.