Fuertes irregularidades constató la comisión de Derechos Humanos constituida como instancia investigadora del megaproyecto energético HidroAysén al realizar su sesión especial en Coyhaique. En la oportunidad se recibieron 43 testimonios con antecedentes sobre actuaciones ilegales, conflictos de interés, presiones y diversas irregularidades relacionadas con la tramitación y aprobación del estudio de impacto ambiental.
En el encuentro entregaron sus antecedentes el alcalde de Tortel, diversos dirigentes campesinos, estudiantiles, comunales, vecinales, micro empresarios, representantes de la Coalición Ciudadana Aysén y del Consejo de Defensa de la Patagonia, testimonios que impactaron a los parlamentarios, los que corroboraron en terreno la existencia de la “compra de conciencia”.
En esa línea, el diputado Enrique Accorsi, comentó que se encontraron “con muchos testimonios importantes y uno especialmente preocupante que es la división que se ha ido generando en la ciudadanía a raíz de muchas prebendas que está entregando la empresa a los que están a favor de ellos y no a los que están en contra. Dentro de las propias instituciones y familias hay una controversia grande”.
El legislador del PPD también destacó la falta de participación en el proceso de tramitación del proyecto. Todo esto en una reunión que, justamente, no estuvo exenta de manifestaciones y marchas donde la ciudadanía afirmó que no se han escuchado las observaciones de la propia comunidad.
Myriam Chible, representante de la Cámara de Turismo de la multigremial, organización que reúne a gremios de seis áreas productivas y quienes están pidiendo un estudio de impacto ambiental alternativo que incluya la visión de los empresarios, aseguró que “los procesos de participación han sido casi un saludo a la bandera. Éstos no son vinculantes y, por lo demás, la Ley de Bases del Medio Ambiente sólo contempla aspectos en esa línea y no otro tipo de impactos que son altamente negativos y que tiene que ver con que afecta a otros sectores productivos”.
La dirigente agregó que “de alguna forma el Estado chileno ha apoyando un proyecto que para algunos sectores puede ser muy rentable y fuente de muchos puestos laborales, pero que impide el desarrollo de otros pambitos porque se contraponen”.
También declararon ante la comisión los abogados Marcelo Castillo y Álvaro Varela, quienes entregaron antecedentes sobre las querellas y los recursos de protección interpuestos en el marco de la tramitación, los que mantienen paralizada la construcción de HidroAysén.
Castillo, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia se refirió a los posibles escenarios del próximo viernes, fecha en que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt podría pronunciarse sobre los recursos de protección, lo que marcaría un hito en la lucha contra el proyecto.
“En el caso que se acojan los recursos de protección como lo que pide esta parte en nombre de los recurrentes, significaría que el proyecto no se podría ejecutar. Lo más probable es que frente a una decisión como esa, la compañía apelara. A la inversa, en el caso en que no sea favorable para esta parte, también apelaríamos pero ante la Corte Suprema. El tema de fondo es que si se acoge en última instancia por la Suprema, el proyecto no se podría ejecutar en los términos en que fue planteado porque sería una cosa juzgada”, precisó el jurista.
Frente a toda la oposición y a la luz de los testimonios contra el mega-proyecto energético, la comisión investigadora adoptó dos acuerdos. Uno de ellos fue oficiar a ministro de Educación, Felipe Bulnes, para declarar como monumento histórico el paso San Carlos, hoy en riesgo de inundación por la represa Baker 2.
Otro es solicitar a los ministros del Interior y Vivienda explicaciones sobre las presiones que habría ejercido el seremi, Nicolás Terrazas, a los funcionarios de su servicio para aprobar el proyecto, acciones que deberá tomar la comisión en los menos de dos meses que restan para finalizar la investigación, cuyos resultados deben ser entregados a más tardar el primero de diciembre.
Fuertes irregularidades constató la comisión de Derechos Humanos constituida como instancia investigadora del megaproyecto energético HidroAysén al realizar su sesión especial en Coyhaique. En la oportunidad se recibieron 43 testimonios con antecedentes sobre actuaciones ilegales, conflictos de interés, presiones y diversas irregularidades relacionadas con la tramitación y aprobación del estudio de impacto ambiental.
En el encuentro entregaron sus antecedentes el alcalde de Tortel, diversos dirigentes campesinos, estudiantiles, comunales, vecinales, micro empresarios, representantes de la Coalición Ciudadana Aysén y del Consejo de Defensa de la Patagonia, testimonios que impactaron a los parlamentarios, los que corroboraron en terreno la existencia de la “compra de conciencia”.
En esa línea, el diputado Enrique Accorsi, comentó que se encontraron “con muchos testimonios importantes y uno especialmente preocupante que es la división que se ha ido generando en la ciudadanía a raíz de muchas prebendas que está entregando la empresa a los que están a favor de ellos y no a los que están en contra. Dentro de las propias instituciones y familias hay una controversia grande”.
El legislador del PPD también destacó la falta de participación en el proceso de tramitación del proyecto. Todo esto en una reunión que, justamente, no estuvo exenta de manifestaciones y marchas donde la ciudadanía afirmó que no se han escuchado las observaciones de la propia comunidad.
Myriam Chible, representante de la Cámara de Turismo de la multigremial, organización que reúne a gremios de seis áreas productivas y quienes están pidiendo un estudio de impacto ambiental alternativo que incluya la visión de los empresarios, aseguró que “los procesos de participación han sido casi un saludo a la bandera. Éstos no son vinculantes y, por lo demás, la Ley de Bases del Medio Ambiente sólo contempla aspectos en esa línea y no otro tipo de impactos que son altamente negativos y que tiene que ver con que afecta a otros sectores productivos”.
La dirigente agregó que “de alguna forma el Estado chileno ha apoyando un proyecto que para algunos sectores puede ser muy rentable y fuente de muchos puestos laborales, pero que impide el desarrollo de otros pambitos porque se contraponen”.
También declararon ante la comisión los abogados Marcelo Castillo y Álvaro Varela, quienes entregaron antecedentes sobre las querellas y los recursos de protección interpuestos en el marco de la tramitación, los que mantienen paralizada la construcción de HidroAysén.
Castillo, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia se refirió a los posibles escenarios del próximo viernes, fecha en que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt podría pronunciarse sobre los recursos de protección, lo que marcaría un hito en la lucha contra el proyecto.
“En el caso que se acojan los recursos de protección como lo que pide esta parte en nombre de los recurrentes, significaría que el proyecto no se podría ejecutar. Lo más probable es que frente a una decisión como esa, la compañía apelara. A la inversa, en el caso en que no sea favorable para esta parte, también apelaríamos pero ante la Corte Suprema. El tema de fondo es que si se acoge en última instancia por la Suprema, el proyecto no se podría ejecutar en los términos en que fue planteado porque sería una cosa juzgada”, precisó el jurista.
Frente a toda la oposición y a la luz de los testimonios contra el mega-proyecto energético, la comisión investigadora adoptó dos acuerdos. Uno de ellos fue oficiar a ministro de Educación, Felipe Bulnes, para declarar como monumento histórico el paso San Carlos, hoy en riesgo de inundación por la represa Baker 2.
Otro es solicitar a los ministros del Interior y Vivienda explicaciones sobre las presiones que habría ejercido el seremi, Nicolás Terrazas, a los funcionarios de su servicio para aprobar el proyecto, acciones que deberá tomar la comisión en los menos de dos meses que restan para finalizar la investigación, cuyos resultados deben ser entregados a más tardar el primero de diciembre.
Fuertes irregularidades constató la comisión de Derechos Humanos constituida como instancia investigadora del megaproyecto energético HidroAysén al realizar su sesión especial en Coyhaique. En la oportunidad se recibieron 43 testimonios con antecedentes sobre actuaciones ilegales, conflictos de interés, presiones y diversas irregularidades relacionadas con la tramitación y aprobación del estudio de impacto ambiental.
En el encuentro entregaron sus antecedentes el alcalde de Tortel, diversos dirigentes campesinos, estudiantiles, comunales, vecinales, micro empresarios, representantes de la Coalición Ciudadana Aysén y del Consejo de Defensa de la Patagonia, testimonios que impactaron a los parlamentarios, los que corroboraron en terreno la existencia de la “compra de conciencia”.
En esa línea, el diputado Enrique Accorsi, comentó que se encontraron “con muchos testimonios importantes y uno especialmente preocupante que es la división que se ha ido generando en la ciudadanía a raíz de muchas prebendas que está entregando la empresa a los que están a favor de ellos y no a los que están en contra. Dentro de las propias instituciones y familias hay una controversia grande”.
El legislador del PPD también destacó la falta de participación en el proceso de tramitación del proyecto. Todo esto en una reunión que, justamente, no estuvo exenta de manifestaciones y marchas donde la ciudadanía afirmó que no se han escuchado las observaciones de la propia comunidad.
Myriam Chible, representante de la Cámara de Turismo de la multigremial, organización que reúne a gremios de seis áreas productivas y quienes están pidiendo un estudio de impacto ambiental alternativo que incluya la visión de los empresarios, aseguró que “los procesos de participación han sido casi un saludo a la bandera. Éstos no son vinculantes y, por lo demás, la Ley de Bases del Medio Ambiente sólo contempla aspectos en esa línea y no otro tipo de impactos que son altamente negativos y que tiene que ver con que afecta a otros sectores productivos”.
La dirigente agregó que “de alguna forma el Estado chileno ha apoyando un proyecto que para algunos sectores puede ser muy rentable y fuente de muchos puestos laborales, pero que impide el desarrollo de otros pambitos porque se contraponen”.
También declararon ante la comisión los abogados Marcelo Castillo y Álvaro Varela, quienes entregaron antecedentes sobre las querellas y los recursos de protección interpuestos en el marco de la tramitación, los que mantienen paralizada la construcción de HidroAysén.
Castillo, miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia se refirió a los posibles escenarios del próximo viernes, fecha en que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt podría pronunciarse sobre los recursos de protección, lo que marcaría un hito en la lucha contra el proyecto.
“En el caso que se acojan los recursos de protección como lo que pide esta parte en nombre de los recurrentes, significaría que el proyecto no se podría ejecutar. Lo más probable es que frente a una decisión como esa, la compañía apelara. A la inversa, en el caso en que no sea favorable para esta parte, también apelaríamos pero ante la Corte Suprema. El tema de fondo es que si se acoge en última instancia por la Suprema, el proyecto no se podría ejecutar en los términos en que fue planteado porque sería una cosa juzgada”, precisó el jurista.
Frente a toda la oposición y a la luz de los testimonios contra el mega-proyecto energético, la comisión investigadora adoptó dos acuerdos. Uno de ellos fue oficiar a ministro de Educación, Felipe Bulnes, para declarar como monumento histórico el paso San Carlos, hoy en riesgo de inundación por la represa Baker 2.
Otro es solicitar a los ministros del Interior y Vivienda explicaciones sobre las presiones que habría ejercido el seremi, Nicolás Terrazas, a los funcionarios de su servicio para aprobar el proyecto, acciones que deberá tomar la comisión en los menos de dos meses que restan para finalizar la investigación, cuyos resultados deben ser entregados a más tardar el primero de diciembre.
