Hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llegó hasta el Juzgado de Letras de Carahue para interponer una querella criminal invocando la Ley Antiterrorista por el incendio forestal que el jueves terminó con la vida de siete brigadistas en el sector Casa de Piedra, en la región de La Araucanía.

El Secretario de Estado afirmó que con esta acción “se busca también brindarle protección a todos los chilenos que quieren una sociedad con seguridad” y solicitó al Ministerio Público que realice una investigación acuciosa para así localizar a los responsables. Hinzpeter reiteró que el Gobierno posee evidencia cierta para afirmar que los incendios fueron provocados con dolo o mala intención y atribuyó los hechos a la Coordinadora Arauco Malleco.

“Estos no son incendios que hayan sido producido por el azar o por la naturaleza (…) tienen inteligencia humana, perversa, detrás que en un mismo instante produjeron múltiples focos que dan cuenta claramente, a nuestro juicio, de intencionalidad.  La corresponderá a los tribunales de Justicia, y no al Gobierno, establecer las sentencias judiciales”, sentenció el jefe de gabinete.

Y pese a que el Gobierno sigue sosteniendo con fuerza la hipótesis del terrorismo en esta acción, han aparecido otras versiones, como la del Comandante de Bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, para quien el siniestro forestal se originó por la quema de hacen particulares para obtener carbón, lo que es común en la zona.

Por otro lado, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, aseguró que, hasta el momento, no existe ningún peritaje que confirme la intencionalidad de los incendios forestales en esa zona y que dicha hipótesis sólo se basa en relatos.

Nuevo cara a cara

Un nuevo encuentro de declaraciones entre el ministro del Interior y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se produjo por este tema.
Frente a las acusaciones de intencionalidad de Hinzpeter, Chahuán llamó a la prudencia al Gobierno.

“Tenemos la voluntad de pedir a los tribunales que apliquen las sanciones más duras posibles, pero sobre la base de una investigación prudente, seria y que dé resultados certeros”, destacó el fiscal.

Chahuán también aclaró que es necesario distinguir “intencionalidad” con “negligencia o descuido”.
Asimismo, rechazó la idea de invocar la Ley Antiterrorista antes de terminar la investigación judicial, haciendo referencia a las versiones de bomberos sobre la quema para producir carbón.

“Nosotros tenemos que dejar claro que la Ley Antiterrorista, en el caso de la Araucanía, se ha ocupado muy escasamente por parte de la Fiscalía. Estamos hablando de siete casos, incluyendo las del Biobío, en su momento. Estamos hablando de una legislación especial. Y la única manera que tenemos como Fiscalía de determinar si hay o no una figura jurídica es investigando”, dijo.

En la misma línea, el Fiscal Nacional desechó “por ahora” la tesis esbozada por Hinzpeter acerca de la relación que tendrían los incendios en Carahue y a la quema de un bus del Transantiago y una moto de Carabineros, ocurridas en el marco de la conmemoración del asesinato de Matías Catrileo.

Al respecto, Chahuán negó que se  vaya a designar a un fiscal especial.  “Estimamos que por ahora no es imprescindible, ya que en el sur tenemos equipos especiales en el Maule, Biobío y la Araucanía. Se han trasladado reiteradamente los fiscales al sitio del suceso, se está coordinando muy fluidamente con Carabineros y la Policía de Investigaciones que también han destinado equipos especiales para hacer la investigación, en conjunto con Conaf. La Fiscalía ha ordenado sus piezas de la mejor manera posible y se está absorbiendo la demanda especial de estos siniestros sin descuidar las otras labores”.

Críticas de expertos

El abogado de Derechos Humanos, Jorge Contesse, calificó de “sumamente grave” esta acusación y recordó que Chile ya está “en la mira” de organismos internacionales por su actuación en territorio mapuche y, justamente, por aplicar esta normativa en contra de comuneros en procesos de protesta social.

“Es una acusación muy grave. Lo primero que hay que decir es que si hay intencionalidad para provocar un incendio, eso en el derecho penal chileno está sancionado, es un delito que no tiene penas bajas, pero de eso no se sigue que sea una acción terrorista. Para que sea una acción terrorista tienen que darse una serie de requisitos: que exista una organización detrás, que tiene una cierta articulación, con financiamiento,  y que las conductas están destinadas a provocar un terror en la población de tal magnitud que tenga que ver, incluso, con afectar la vida de las personas”, señaló el abogado.

Por otro lado, Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, quien además es un ex bombero, advirtió que el Gobierno sólo está buscando responsabilidades con el fin de ocultar la negligencia que  ha cometido en esta material.

“Es lamentable reconocer que este es el país de la improvisación, aquí todo se improvisa. Se hace un diagnóstico cuando hay problemas. Son negligencias. Lo importante es salir para afuera con el día a día, que las empresas sigan ganando plata,  que nadie se preocupe, que no haga mucho calor para que no haya incendios. Cuando en definitiva, cuando usted tiene medio país plantado, y con el cambio climático que estamos viviendo, usted sabe que tiene un incendio comprado en cualquier momento”, denunció.

Para González, la tragedia es sólo el mal resultado de una política mal manejada, ya que no basta con las brigadas para combatir este tipo de siniestros, sino que se deben aumentar los recursos de Conaf, crear de las brigadas una profesión reconocida, digna y bien remunerada, idear un sistema  de monitoreo permanente, pero más importante, se debe trabajar con la comunidad directamente y educar a la población.