Pese a que cuando se conoció la intención de la Presidenta Argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar la propiedad de la petrolera YPF, las autoridades chilenas salieron a la carga afirmando que la decisión podría tener consecuencias negativas para la Empresa Nacional del Petroleo (Enap), con el correr de los días la postura se fue flexibilizando y, de hecho, este escenario podría implicar nuevas oportunidades para la compañía nacional.
En la actualidad, la empresa estatal, a través de su filial Enap Sipetrol Argentina, tiene negocios con YPF por más de 100 millones de dólares, patrimonio que, según precisó el canciller, Alfredo Moreno, no se ve afectado por la medida trasandina.
En esa línea, el economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (Cenda), Hugo Fazio, afirmó que el hecho de que Argentina aumente su participación en las compañías de hidrocarburos a través de la adquisición del 51 por ciento de las acciones de la trasnacional Repsol, abre un nuevo campo para emprender negocios entre las compañías petroleras estatales que existen en toda América Latina.
“No hay peligros que estén planteados desde el punto de vista de la Enap. Las políticas de esta empresa, o más bien las que debería tomar el Estado chileno, deberían apuntar a cómo aprovechar la nueva situación que se crea para desarrollar la colaboración entre las empresas estatales energéticas de Chile y Argentina y más ampliamente en América del Sur”, afirmó el experto.
Pero además la noticia ha sido bien recibida entre los sectores opositores de nuestro país que ven en esta estrategia trasandina un precedente en torno a la recuperación de los recursos naturales.
El diputado radical integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara, Marcos Espinosa, afirmó que los parlamentarios siguen con atención “una medida que se ajusta a los fundamentos de la Carta Fundamental argentina” y aseguró que esto no debería producir una merma en las inversiones en América Latina.
“En estricto rigor, los inversionistas extranjeros que están explotando recursos naturales no renovables en países latinoamericanos, lo hacen porque gozan de muchos beneficios tributarios y una cuestión que es anterior y bastante más importante, es que estos recursos están disponibles en nuestra región. Pretender confundir los temas y decir que esto podría traer una huída de inversiones de capital extranjero en los países latinoamericanos es no entender que los procesos de inversión tienen una lógica completamente distinta”, comentó Espinosa.
El legislador añadió que se monitoreará el comportamiento de la petrolera argentina para emprender un debate que, según él, se tendrá que dar en el mediano plazo respecto de algunas industrias estratégicas en el país como la minería y la energía.
Sin embargo, Hugo Fazio advirtió que en Chile el panorama no se podría presentar de la misma forma, ya que no existe una política estratégica que potencie a las empresas estatales.
“Desgraciadamente en Chile no hay políticas de desarrollo. Así no puede haber una mirada país sobre cómo aprovechar las potencialidades que tenemos. Para que Enap pueda jugar un papel distinto se requieren de estrategias distintas, que es lo mismo que ocurre en el caso de Codelco. Ahora, para eso hay que proteger los intereses nacionales, cosa que con Codelco no se está haciendo”, sostuvo Fazio.
Y las relaciones entre YPF y la Enap podrían seguir creciendo. La estatal chilena ya presentó cinco solicitudes de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOPs) en la Región de Magallanes ante el Ministerio de Energía, donde está incluido uno de la empresa trasandina.
Hoy, los negocios con Argentina constituyen un 30 por ciento del petróleo que genera la Enap, firma que además posee un 50 por ciento de participación Campamento Central-Cañadón Perdido, que generó ingresos por más de 36 millones de dólares.