Encabezado por su presidente, Jaime Gajardo, el Colegio de Profesores dio a conocer la opinión del gremio respecto al ranking elaborado por el Gobierno sobre la mala administración de los fondos fiscales en materia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en los establecimientos de Chile.
El “mal uso de los dineros del Estado”, según la investigación del Ejecutivo, se suma al informe de lucro en Educación Superior, por lo que se evalúa una acusación constitucional en contra del ministro del ramo, Harald Beyer.
Un argumento que Gajardo calificó como “suficiente” para llevar adelante la acción contra el secretario de Estado: “De los 11.500 establecimientos que hay en el país, en el 80 por ciento de ellos, según datos del propio ministerio, se cometen irregularidades y han sido sancionados a lo menos una vez. Eso demuestra un sistema educativo en crisis. Sobre las denuncias que han llegado sobre la ley SEP y la creación de la Asistencia Técnica Educativa (ATE), se ha denunciado que los sostenedores crean sus propias ATEs para que le ofrezcan asesorías y hacer de esto un negocio más lucrativo. Están concurriendo todos los elementos para una acusación constitucional hacia la autoridad”, explicó el presidente del gremio.
Si bien el secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Carlos Beas, coincidió en que el desvío de fondos es un delito, aclaró que “cuando se hacen estas denuncias siempre existe unilateralidad hacia las instituciones privadas, pero no olvidemos que hay instituciones municipales que también cometen estos ilícitos. En este momento hay siete instituciones municipales que han desviado fondos”.
Beas defendió el lucro en los establecimientos educacionales, asegurando que “hay instituciones que lucran y tienen muy buenos resultados. En ese sentido no importaría mucho que lucren, porque tienen buenos resultados. La prioridad en materia educativa debe ser la calidad y no otra cosa”, señaló.
El secretario de la FIDE señaló que distinto es el caso en la educación superior, pues “el lucro está sancionado por la ley”. Consultado acerca de una posible acusación constitucional contra el ministro Beyer, respondió que “si corresponde, no hay nada que se pueda hacer”.
Respecto a los fondos desviados y el ranking elaborado por el Gobierno, Gabriel González, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (Cain), afirmó que “nosotros hemos denunciado numerosas veces estos desvíos de fondos. Las municipalidades no son las capacitadas para administrar la educación pública del país”.
González recalcó que el movimiento estudiantil secundario se plegará a la movilización del 8 de agosto, señalando que la demanda de desmunicipalización sigue siendo “una de las demandas primordiales desde el movimiento secundario”.
Encabezado por su presidente, Jaime Gajardo, el Colegio de Profesores dio a conocer la opinión del gremio respecto al ranking elaborado por el Gobierno sobre la mala administración de los fondos fiscales en materia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en los establecimientos de Chile.
El “mal uso de los dineros del Estado”, según la investigación del Ejecutivo, se suma al informe de lucro en Educación Superior, por lo que se evalúa una acusación constitucional en contra del ministro del ramo, Harald Beyer.
Un argumento que Gajardo calificó como “suficiente” para llevar adelante la acción contra el secretario de Estado: “De los 11.500 establecimientos que hay en el país, en el 80 por ciento de ellos, según datos del propio ministerio, se cometen irregularidades y han sido sancionados a lo menos una vez. Eso demuestra un sistema educativo en crisis. Sobre las denuncias que han llegado sobre la ley SEP y la creación de la Asistencia Técnica Educativa (ATE), se ha denunciado que los sostenedores crean sus propias ATEs para que le ofrezcan asesorías y hacer de esto un negocio más lucrativo. Están concurriendo todos los elementos para una acusación constitucional hacia la autoridad”, explicó el presidente del gremio.
Si bien el secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Carlos Beas, coincidió en que el desvío de fondos es un delito, aclaró que “cuando se hacen estas denuncias siempre existe unilateralidad hacia las instituciones privadas, pero no olvidemos que hay instituciones municipales que también cometen estos ilícitos. En este momento hay siete instituciones municipales que han desviado fondos”.
Beas defendió el lucro en los establecimientos educacionales, asegurando que “hay instituciones que lucran y tienen muy buenos resultados. En ese sentido no importaría mucho que lucren, porque tienen buenos resultados. La prioridad en materia educativa debe ser la calidad y no otra cosa”, señaló.
El secretario de la FIDE señaló que distinto es el caso en la educación superior, pues “el lucro está sancionado por la ley”. Consultado acerca de una posible acusación constitucional contra el ministro Beyer, respondió que “si corresponde, no hay nada que se pueda hacer”.
Respecto a los fondos desviados y el ranking elaborado por el Gobierno, Gabriel González, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (Cain), afirmó que “nosotros hemos denunciado numerosas veces estos desvíos de fondos. Las municipalidades no son las capacitadas para administrar la educación pública del país”.
González recalcó que el movimiento estudiantil secundario se plegará a la movilización del 8 de agosto, señalando que la demanda de desmunicipalización sigue siendo “una de las demandas primordiales desde el movimiento secundario”.
Encabezado por su presidente, Jaime Gajardo, el Colegio de Profesores dio a conocer la opinión del gremio respecto al ranking elaborado por el Gobierno sobre la mala administración de los fondos fiscales en materia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) en los establecimientos de Chile.
El “mal uso de los dineros del Estado”, según la investigación del Ejecutivo, se suma al informe de lucro en Educación Superior, por lo que se evalúa una acusación constitucional en contra del ministro del ramo, Harald Beyer.
Un argumento que Gajardo calificó como “suficiente” para llevar adelante la acción contra el secretario de Estado: “De los 11.500 establecimientos que hay en el país, en el 80 por ciento de ellos, según datos del propio ministerio, se cometen irregularidades y han sido sancionados a lo menos una vez. Eso demuestra un sistema educativo en crisis. Sobre las denuncias que han llegado sobre la ley SEP y la creación de la Asistencia Técnica Educativa (ATE), se ha denunciado que los sostenedores crean sus propias ATEs para que le ofrezcan asesorías y hacer de esto un negocio más lucrativo. Están concurriendo todos los elementos para una acusación constitucional hacia la autoridad”, explicó el presidente del gremio.
Si bien el secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Carlos Beas, coincidió en que el desvío de fondos es un delito, aclaró que “cuando se hacen estas denuncias siempre existe unilateralidad hacia las instituciones privadas, pero no olvidemos que hay instituciones municipales que también cometen estos ilícitos. En este momento hay siete instituciones municipales que han desviado fondos”.
Beas defendió el lucro en los establecimientos educacionales, asegurando que “hay instituciones que lucran y tienen muy buenos resultados. En ese sentido no importaría mucho que lucren, porque tienen buenos resultados. La prioridad en materia educativa debe ser la calidad y no otra cosa”, señaló.
El secretario de la FIDE señaló que distinto es el caso en la educación superior, pues “el lucro está sancionado por la ley”. Consultado acerca de una posible acusación constitucional contra el ministro Beyer, respondió que “si corresponde, no hay nada que se pueda hacer”.
Respecto a los fondos desviados y el ranking elaborado por el Gobierno, Gabriel González, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (Cain), afirmó que “nosotros hemos denunciado numerosas veces estos desvíos de fondos. Las municipalidades no son las capacitadas para administrar la educación pública del país”.
González recalcó que el movimiento estudiantil secundario se plegará a la movilización del 8 de agosto, señalando que la demanda de desmunicipalización sigue siendo “una de las demandas primordiales desde el movimiento secundario”.
