El proyecto Central Hidroeléctrica de Pasada Mediterráneo, que pretende instalarse en la comuna de Cochamó, a 140 kilómetros de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, ingresó por primera vez al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en diciembre de 2011. Desde entonces hasta hoy, ha pedido la suspensión del trámite del permiso ambiental en dos ocasiones, para responder las observaciones de los 23 organismos públicos con competencia ambiental y de la Municipalidad de Cochamó, además de los cuestionamientos de la Corporación Puelo Patagonia, que agrupa a 15 operadores turísticos de la zona.
En la historia de los proyectos hidroeléctricos denominados “de pasada”, este es el más grande, porque se estima que produciría 210 megawatts, aproximadamente la mitad de la represa Pangue, del Alto Bío Bío.
El integrante del directorio de la Corporación Puelo Patagonia, Jaime Fernández, dijo que este proyecto es perjudicial porque la vocación de la cuenca del río Puelo es eminentemente el turismo de interés especial.
“Es sumamente invasivo para la cuenca del río Puelo, el lago tagua Tagua, ya que el tendido arruina el paisaje, y el proyecto de toma de agua es un mal proyecto, ya que impide el libre tránsito de peces que son parte del turismo de pesca de salmón en la zona. Para la captación de las aguas está contemplado un sistema de compuertas que abarca el 90% del ancho del río, deja una escalera de peces muy angosta, es prácticamente una represa de embalse. Esto tiene un impacto en el ecosistema que impide el paso de las hembras a desovar en el río”, dijo.
El proyecto Central Hidroeléctrica de Pasada Mediterráneo fue hecho por la consultora ambiental Jaime Illanes Asociados, pero a causa de la gran cantidad de observaciones, la empresa titular desechó los servicios de la consultora y optó ahora por coordinar directamente las respuestas al Servicio de Evaluación Ambiental. Para ello pidió la extensión del plazo de respuestas hasta el 31 de julio próximo, y por ley tiene derecho a pedir una última extensión adicional para contestar al Informe Consolidado Nº 1 de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones. Las comunidades locales no tienen este derecho en la ley ambiental, pues deben entregar sus observaciones en un plazo cerrado de 120 días, y sin asesoría técnica.
El alcalde de Cochamó, Carlos Sotomayor (PRSD), dice que está abierto a aceptar este proyecto, pero no cómo está hasta ahora: “Está mal enfocado, la línea de transmisión por el lago, el río Puelo y lo que es Reloncaví y Cochamó será un daño ecológico muy grande. Si quieren hacerla, que lo hagan bien, que cambien el trazado o cable submarino. Que no dañe el medioambiente, porque queremos ser una comuna turística. Se está en conversaciones por una compensación permanente, pero como está el trazado, no nos parece. Tenemos que negociar algo permanente más allá de una rebaja eléctrica, sino también proyectos sociales y de emprendimiento turístico”.
Según los expertos, el proyecto de la empresa Mediterráneo refleja el panorama de competencia por agua entre sectores productivos. En este caso, producción eléctrica versus turismo y comunidades indígenas, que reclaman su derecho a consulta según el mandato del Convenio 169 de la OIR sobre sobre pueblos indígenas y tribales
La radio intentó infructuosamente conocer la opinión de la empresa eléctrica Mediterránea Sociedad Anónima, sin resultados positivos.