El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió el lunes 5 de julio en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
En enero la compañía comenzó la construcción de la central de 1MW, que utilizará las aguas de las emblemáticas cascadas Los Maquis, en el estero del mismo nombre, sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El fallo fue dictado por el ministro Sergio Muñoz, las ministras María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, y por el abogado integrante Jorge Lagos, votando en contra el abogado integrante Rafael Gómez.
Una denuncia realizada por el Movimiento Putagán Libre señala a hidroeléctrica Roblería como la responsable de constantes derrumbes en quebrada cercana al Estero Nacimiento. La empresa, a pesar de no contar con el permiso, estaría utilizando maquinaria pesada en la zona
El Gobierno y la academia nacional e internacional han intentado dar cuerpo a esta nueva definición que busca categorizar las desigualdades que existen en términos del acceso a las fuentes de energía como la electricidad, la calefacción y refrigeración, entre otras.
El werkén de la comunidad Newen de Tranguil, Rubén Collío, detalló que ingresaron al menos siete radio patrullas y un bus de Fuerzas Especiales para resguardar el trabajo de los funcionarios que trabajaban para la empresa RG Global. Todo esto, a pesar del grave impacto que las obras generan a la comunidad ancestral.
La comunidad mapuche de Lago Ranco denuncia la construcción de una central hidroeléctrica de paso que desviará las aguas del río Nilahue afectando a los habitantes del sector. El proyecto es propiedad del ex ministro de Deporte, Gabriel Ruiz Tagle.
La Red Metropolitana No Alto Maipo presentó dos nuevas denuncias ante la Superintendencia de Medioambiente con el objetivo de paralizar o revocar definitivamente los permisos de construcción para el proyecto. Además dichas denuncias dan cuenta de irregularidades que no han sido fiscalizadas por las autoridades.
Las organizaciones denuncian que la empresa “Energía Austral” a cargo del proyecto, habría entregado donaciones y ayudas al municipio, lo que podría ver favorecida la instalación de la represa Río Cuervo en la zona.
Las comunidades mantienen su oposición al proyecto hidroeléctrico y acusan al Estado y a los dueños de la Central de “terroristas”.
Alrededor de 12 Parlamentarios, entre los cuales estaban los senadores Alfonso De Urresti, Alejandro Navarro, Guido Girardi y Patricio Walker, el diputado Giorgio Jackson, y la organización Patagonia Sin Represas, dieron a conocer su desacuerdo con el proyecto Hidroaysén.
En enero de este año la empresa Saltos de los Andes S.A. presentó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto hidroeléctrico Los Aromos.
