Por más de una semana se extiende la huelga legal del área social de la cárcel Santiago 1. Los funcionarios denuncian que en el penal, diseñado para albergar hasta 2.500 internos, hoy pernoctan cerca de 4 mil, lo que significa un 40% de sobrepoblación.
La empresa concesionaria Compass Group, encargada de proveer todos los servicios básicos de la cárcel excepto la seguridad, recibe 1.400 millones de pesos anuales por hacerse cargo de más internos de los estipulados. Pese a ello, los dineros por área siguen siendo los mismos, lo que afecta la calidad de vida tanto de los reclusos como de los trabajadores.
Así lo revela Óscar Robles, delegado sindical del área de reinserción social de Santiago 1, quien considera que “estructuralmente” las cárceles concesionadas no son una mala idea, pero debiesen ser mejor fiscalizadas para poder cumplir con su objetivo.
“Se está desvirtuando el sentido social de generar recintos en los cuales se busca la rehabilitación de las personas. Porque al final del día ese debería ser el sentido de las cárceles, no debería ser un lugar donde los tipos estén y se sequen hasta que salgan y vuelvan a hacer algo. No, deberían ser lugares que les entreguen las herramientas para poder reinsertarse en la sociedad”, advierte.
Según cifras de Gendarmería, el 26% de la población penal en Chile cumple sus condenas en cárceles concesionadas. El proceso de concesiones inició el año 2000 y durante la semana pasada, Fundación Paz Ciudadana dio a conocer los resultados del primer estudio sobre este tipo de prisiones.
Entre los resultados destaca el hecho de que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal en relación a la disminución de la reincidencia delictual.
La directora del área de justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, explica que además se descubrieron problemas en relación a la oferta programática prestada en los recintos concesionados.
“En general la oferta está orientada a los sectores denominados de menor compromiso delictual y en algunos casos a los de mediano compromiso delictual y aquellos que, por así decirlo, más lo necesitan, son los que menos están recibiendo oferta. Es decir, la oferta se está focalizando en aquellos sectores que probablemente, pasen o no por programas, igual van a dejar de cometer delitos y eso es totalmente contrario a la evidencia internacional en esta materia”, evidencia.
“Me parece importante que el gobierno haya mandado a hacer este estudio”, expresó Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad.
Para la experta, si bien el sistema de cárceles concesionadas no es en sí mismo un problema, es necesario hacer una revisión profunda de lo que está funcionando y lo que no, ya que “por mucho tiempo se pensó que el sistema concesionado era la solución y ya nos hemos dado cuenta de que no lo es”.
“Lo que necesitamos son mejores programas, que tengan más cupos, que sean más sostenidos en el tiempo y que involucren a más reclusos, cosa de que permitan una verdadera reinserción post penitenciaria”, concluye.
En ese sentido, el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, especifica que “en aquellos casos en los que la provisión de determinados servicios básicos en las cárceles, como el suministro de alimentos o de atención médica, haya sido concesionado a personas privadas (…) el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de calidad”.
Por más de una semana se extiende la huelga legal del área social de la cárcel Santiago 1. Los funcionarios denuncian que en el penal, diseñado para albergar hasta 2.500 internos, hoy pernoctan cerca de 4 mil, lo que significa un 40% de sobrepoblación.
La empresa concesionaria Compass Group, encargada de proveer todos los servicios básicos de la cárcel excepto la seguridad, recibe 1.400 millones de pesos anuales por hacerse cargo de más internos de los estipulados. Pese a ello, los dineros por área siguen siendo los mismos, lo que afecta la calidad de vida tanto de los reclusos como de los trabajadores.
Así lo revela Óscar Robles, delegado sindical del área de reinserción social de Santiago 1, quien considera que “estructuralmente” las cárceles concesionadas no son una mala idea, pero debiesen ser mejor fiscalizadas para poder cumplir con su objetivo.
“Se está desvirtuando el sentido social de generar recintos en los cuales se busca la rehabilitación de las personas. Porque al final del día ese debería ser el sentido de las cárceles, no debería ser un lugar donde los tipos estén y se sequen hasta que salgan y vuelvan a hacer algo. No, deberían ser lugares que les entreguen las herramientas para poder reinsertarse en la sociedad”, advierte.
Según cifras de Gendarmería, el 26% de la población penal en Chile cumple sus condenas en cárceles concesionadas. El proceso de concesiones inició el año 2000 y durante la semana pasada, Fundación Paz Ciudadana dio a conocer los resultados del primer estudio sobre este tipo de prisiones.
Entre los resultados destaca el hecho de que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal en relación a la disminución de la reincidencia delictual.
La directora del área de justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, explica que además se descubrieron problemas en relación a la oferta programática prestada en los recintos concesionados.
“En general la oferta está orientada a los sectores denominados de menor compromiso delictual y en algunos casos a los de mediano compromiso delictual y aquellos que, por así decirlo, más lo necesitan, son los que menos están recibiendo oferta. Es decir, la oferta se está focalizando en aquellos sectores que probablemente, pasen o no por programas, igual van a dejar de cometer delitos y eso es totalmente contrario a la evidencia internacional en esta materia”, evidencia.
“Me parece importante que el gobierno haya mandado a hacer este estudio”, expresó Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad.
Para la experta, si bien el sistema de cárceles concesionadas no es en sí mismo un problema, es necesario hacer una revisión profunda de lo que está funcionando y lo que no, ya que “por mucho tiempo se pensó que el sistema concesionado era la solución y ya nos hemos dado cuenta de que no lo es”.
“Lo que necesitamos son mejores programas, que tengan más cupos, que sean más sostenidos en el tiempo y que involucren a más reclusos, cosa de que permitan una verdadera reinserción post penitenciaria”, concluye.
En ese sentido, el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, especifica que “en aquellos casos en los que la provisión de determinados servicios básicos en las cárceles, como el suministro de alimentos o de atención médica, haya sido concesionado a personas privadas (…) el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de calidad”.
Por más de una semana se extiende la huelga legal del área social de la cárcel Santiago 1. Los funcionarios denuncian que en el penal, diseñado para albergar hasta 2.500 internos, hoy pernoctan cerca de 4 mil, lo que significa un 40% de sobrepoblación.
La empresa concesionaria Compass Group, encargada de proveer todos los servicios básicos de la cárcel excepto la seguridad, recibe 1.400 millones de pesos anuales por hacerse cargo de más internos de los estipulados. Pese a ello, los dineros por área siguen siendo los mismos, lo que afecta la calidad de vida tanto de los reclusos como de los trabajadores.
Así lo revela Óscar Robles, delegado sindical del área de reinserción social de Santiago 1, quien considera que “estructuralmente” las cárceles concesionadas no son una mala idea, pero debiesen ser mejor fiscalizadas para poder cumplir con su objetivo.
“Se está desvirtuando el sentido social de generar recintos en los cuales se busca la rehabilitación de las personas. Porque al final del día ese debería ser el sentido de las cárceles, no debería ser un lugar donde los tipos estén y se sequen hasta que salgan y vuelvan a hacer algo. No, deberían ser lugares que les entreguen las herramientas para poder reinsertarse en la sociedad”, advierte.
Según cifras de Gendarmería, el 26% de la población penal en Chile cumple sus condenas en cárceles concesionadas. El proceso de concesiones inició el año 2000 y durante la semana pasada, Fundación Paz Ciudadana dio a conocer los resultados del primer estudio sobre este tipo de prisiones.
Entre los resultados destaca el hecho de que no es posible establecer diferencias entre las cárceles concesionadas y el sistema estatal en relación a la disminución de la reincidencia delictual.
La directora del área de justicia y reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, Ana María Morales, explica que además se descubrieron problemas en relación a la oferta programática prestada en los recintos concesionados.
“En general la oferta está orientada a los sectores denominados de menor compromiso delictual y en algunos casos a los de mediano compromiso delictual y aquellos que, por así decirlo, más lo necesitan, son los que menos están recibiendo oferta. Es decir, la oferta se está focalizando en aquellos sectores que probablemente, pasen o no por programas, igual van a dejar de cometer delitos y eso es totalmente contrario a la evidencia internacional en esta materia”, evidencia.
“Me parece importante que el gobierno haya mandado a hacer este estudio”, expresó Lucía Dammert, socióloga experta en seguridad.
Para la experta, si bien el sistema de cárceles concesionadas no es en sí mismo un problema, es necesario hacer una revisión profunda de lo que está funcionando y lo que no, ya que “por mucho tiempo se pensó que el sistema concesionado era la solución y ya nos hemos dado cuenta de que no lo es”.
“Lo que necesitamos son mejores programas, que tengan más cupos, que sean más sostenidos en el tiempo y que involucren a más reclusos, cosa de que permitan una verdadera reinserción post penitenciaria”, concluye.
En ese sentido, el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, especifica que “en aquellos casos en los que la provisión de determinados servicios básicos en las cárceles, como el suministro de alimentos o de atención médica, haya sido concesionado a personas privadas (…) el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de calidad”.
