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Año XII, 9 de abril de 2020

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Caída de proyecto 3TV reaviva debate por concentración de medios

Luego que el Grupo Copesa anunciara el fin del proyecto de Canal 3TV, distintos análisis apuntan al actual escenario de los medios de comunicación en el país, con una propiedad cruzada con presencia en radios, prensa y televisión que en otros países estaría prohibida por ley. Más aún, se discute la efectividad del proyecto de TV Digital, de momento en que restringe el ingreso de nuevos actores, con el espectro en manos de los actuales consorcios mediáticos.

Juan San Cristóbal

  Martes 24 de septiembre 2013 16:31 hrs. 





El Grupo Copesa, propiedad del empresario Álvaro Saieh, anunció el final del proyecto televisivo 3TV, en un comunicado donde argumentan “un profundo estudio de mercado, las condiciones que enfrenta la industria y los nuevos desafíos que implica la digitalización”. Con ello, este proyecto se suma a una lista de iniciativas que no han logrado sostenerse en el actual esquema de medios.

Distintos medios escritos, de televisión y radios, han sufrido un cierre por falta de financiamiento, ya sea por no contar con asignaciones estatales (publicidad en otros países distribuida de forma equitativa), o contar con fondos suficientes para adquirir espectro, o simplemente competir con grandes compañías a la hora de atraer publicidad.

Una característica especial, es que 3TV es parte de un consorcio mediático con amplia presencia en prensa escrita, que también incursiona en el mercado radial. Este punto lo destaca Dafne Moncada, del Observatorio de Comunicación de la Universidad Católica de Valparaíso, quien advierte el riesgo de la propiedad cruzada, una posición prohibida en países con Ley de Medios.

“Existe la necesidad de una nueva Ley de Medios que pueda intervenir en el sistema de propiedad que hay actualmente. Estamos viendo con Copesa que no logró una propiedad cruzada, que ya tiene en radio y prensa. Estamos viendo el poder total, el económico sobre los medios de comunicación. Y en la caída de 3TV vemos cómo afecta lo económico a lo mediático”, dijo.

Por su parte, Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios Fucatel, subraya la concentración que se ve en prensa, radios y televisión. Además, destaca la concesión a Copesa de esta señal abierta, la cual debería ser devuelta de momento en que el proyecto se aborta.

La directora de Fucatel apunta “que este canal fuera propiedad de un gran grupo económico, no ayuda a la desconcentración, pero hay otros temas que tienen que ver con la concesión, si no la usan la tienen que devolver. Está la posibilidad de entrar al tema digital, e ingresar con derecho adquirido, entonces si no están funcionando, no deberían acceder a ese derecho”.

Esto reviste especial importancia, ya que el Parlamento discute el proyecto de ley digital. A juicio de Juan Carlos Berner, coordinador de la Mesa Ciudadana del tema, este documento no garantiza una apertura hacia nuevos actores, y las concesiones se mantienen en los mismos propietarios con licencias que superan los 20 años. Esto significa que un 90% se designa a entes privados, y el restante va al Estado y señales comunitarias, en desmedro de una propuesta de tres tercios.

Sergio Godoy, Doctor en Comunicación y académico de la Universidad Católica, subraya que la entrega de concesiones es limitada, privilegiando la publicidad para las grandes compañías, lo que restringe la principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación.

Godoy destaca que “en la ley de TV Digital los legisladores han señalado concesiones a nivel comunitario, local, regional y nacional. Lo que pasa es que están reservando las nacionales a los canales establecidos, y las otras son migajas de ingreso publicitario. A la publicidad le interesa el impacto masivo nacional, entonces los demás sobrevivirán apenas, en áreas de servicio mucho más modestas, pero eso al gran avisador no le va a interesar”.

Actualmente, en Chile no existe un proyecto de discusión de una Ley de Medios, situación en contraste con otros países de la región que están actualizando su normativa, orientada a regular la propiedad de medios, distribuir equitativamente la publicidad estatal, dirigir la concesión de espectro y limitar las prácticas monopólicas.