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Año XIII, 24 de octubre de 2021

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Inasistencia de parlamentarios aborta comisión investigadora del Censo 2012

Por falta de quórum de parlamentarios, se suspendió este lunes una nueva sesión de la comisión investigadora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A pesar de esto, la instancia de la Cámara Baja avanza en los conceptos del informe final, a la espera de que el polémico caso avance a nivel de Gobierno y en el Poder Judicial.

Héctor Areyuna S.

  Lunes 7 de octubre 2013 19:55 hrs. 
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A la sesión de este lunes, se esperaba la asistencia entre otros de los hermanos Maximiliano y Juan Pablo Raide y del ex fiscal del INE Raúl Chinchón; en esta se esperaba clarificar las triangulaciones que involucraban a éstos para el pago irregular de sueldos.

Según el presidente de la comisión, Juan Carlos Latorre, en la comisión ya tienen claro que Maximiliano Raide no asistirá, al ser este uno de los principales asesores de Francisco Labbé, contratado de manera anómala en el cargo y sindicado como uno de los responsables en la filtración de datos del Censo.

Sin embargo, según el parlamentario, ya hay convicciones tomadas respecto a cómo sucedieron las cosas al interior del instituto estadístico, respecto de Raide.

En este sentido el diputado de la DC explicó que “nosotros tenemos en esta investigación una parte que tiene que ver con triangulación de pagos para que efectivamente se pudiera financiar el trabajo de personas que están bastante complicadas en los errores que se cometieron en la aplicación del Censo, particularmente Maximiliano Raide, para pagarle a él a pesar de que el director en su declaración formal declara que él trabajaba ad honorem, nosotros llegamos a la conclusión de que nunca trabajó ad honorem sino que hubo otras personas que recibían el dinero y se lo transferían a él como pago”.

Para la sesión ordinaria de este miércoles se invitará al mismo Francisco Labbé, para saber si ya está en condiciones de complementar su declaración escrita y aclarar puntos contradictorios sobre cómo se contrataron colaboradores y sus funciones.

Mientras, oficialismo y oposición ya avanzan líneas de lo que será el informe final, el que empezará a discutirse recién en noviembre, luego del receso parlamentario que comenzará este mes.

El democratacristiano Gabriel Silber asegura que el carácter político de los errores cometidos en la institución generó graves consecuencias.

Por esto, el parlamentario de la DC detalló que “los hechos ya son por todos conocidos, aquí se cambió de la noche a la mañana por razones casi de carácter política, por temor a los estudiantes, según lo ha señalado el propio informe de la comisión revisora y eso obviamente le ha salido muy caro a los chilenos, por ejemplo hoy estamos aprobando un presupuesto sin tener datos exactos de nuestra demografía, de nuestra proyección de crecimiento y eso obviamente alguien tiene que dar la cara y dar las explicaciones. Lamentamos una vez más que no se haya podido llevar adelante la instancia de hoy”.

El diputado llamó a la Alianza a la generosidad para la elaboración de un informe único y no dos, de mayoría y minoría, aunque aseguró que el oficialismo busca “encubrir responsabilidades de falta de responsabilidad, negligencia e improvisación”.

Pese a esto, el diputado UDI, Gonzalo Arenas, aseguró que desde el sector hay un juicio crítico: “Por supuesto que hay un juicio crítico en el sentido que no fue un Censo incuestionable, que es lo que debería haber sido, pero hay que determinar cuáles son las responsabilidades, si hubo mala fe o no hubo mala fe o si son errores que tuvieron alguna explicación o fueron inexplicables y por lo tanto negligentes, ese es un tema que está por debatirse”.

Cabe señalar que el caso se desarrolla en distintos frentes. Aparte de la comisión investigadora, el Gobierno está a la espera de la resolución de una comisión de expertos extranjeros que determinará si repetir o no el Censo del año 2012.

Estos iniciaron su trabajo a comienzos de septiembre y cuentan con un plazo de tres meses.

Por otra parte, la Fiscalía ha anunciado que hará pública cualquier decisión sobre la investigación que lleva a cabo después de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre.

Esto para evitar la “contaminación política” en el caso y “garantizar el proceso de objetividad del Ministerio Público”, según ha señalado previamente el abogado del ex director del instituto Nacional de Estadísticas.

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