El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de queja disciplinaria presentado por el Ministerio del Interior en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez. El 14 de octubre, este magistrado suspendió la investigación contra ocho dirigentes sociales (del movimiento Más democracia para Chile) que se tomaron una sala del ex Congreso, el 20 de octubre de 2011, y debieron ser retirados con la fuerza pública. Esta manifestación se dio en el trasfondo de las protestas por educación pública gratuita y fin al lucro, cuando Felipe Bulnes (actual embajador en Estados Unidos) era el ministro de Educación.
Mediante un acuerdo entre el fiscal Víctor Vidal, quien investigaba el caso, y los imputados, el juez suspendió la tramitación de la causa, a cambio de que los involucrados, entre ellos el ecologista Luis Mariano Rendón, realizaran trabajos comunitarios por la campaña “Marca tu Voto AC”, en favor de una Asamblea Constituyente, que fue la causa que enarbolaron al intervenir la sesión en el ex Congreso. Esto último ocurrió el pasado viernes 18 de octubre, cuando Rendón se presentó en el Paseo Ahumada con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, y dictó una charla a favor de la Asamblea Constituyente.
Rendón dijo que el hecho de que se acogiera a trámite esta queja es solo una cuestión de procedimiento, porque en el fondo este juicio no tiene sentido, ya que la ley no tipifica como delito que la gente se manifieste en una sesión del Congreso:“El tema de fondo es que la acción política que nosotros realizamos ese día en el Congreso fue interrumpir la sesión de una comisión, eso en Chile no es delito y la prueba más concreta es que permanentemente distintas personas, grupos de personas, están interrumpiendo desde la galería y los presidentes respectivos llaman a la fuerza pública, desalojan y jamás se les ha ocurrido en la mente, interponer una querella, porque concretamente eso no es delito”.
Importa repasar que el Ministerio del Interior pidió originalmente un castigo de 200 días de cárcel para los activistas, y por ello presentó la queja formal con el argumento de que el fallo que detonó esta situación tuvo carácter político.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, afirmó que es extraño el camino que está siguiendo el Gobierno.
“En general respecto del contenido y los fundamentos de una resolución judicial, los mecanismos naturales para recurrir son los recursos procesales, eso es lo que claramente está establecido en el contexto de un debido proceso. Esta queja, está dada para situaciones de infracciones con comportamiento funcionario de los jueces y, normalmente, son pocos los casos en que ha entrado algún tribunal superior, Corte de Apelaciones o Corte Suprema, a ver situaciones digan relación con el desempeño jurisdiccional del juez”, explicó el magistrado.
A consecuencia de lo anterior, el caso por la intervención de una sesión sobre presupuesto de educación se divide ahora en dos. Por un lado el Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones capitalina por la decisión de no castigar con cárcel a los activistas, mientras que por otro el pleno de la misma Corte debe revisar este recurso de queja.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de queja disciplinaria presentado por el Ministerio del Interior en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez. El 14 de octubre, este magistrado suspendió la investigación contra ocho dirigentes sociales (del movimiento Más democracia para Chile) que se tomaron una sala del ex Congreso, el 20 de octubre de 2011, y debieron ser retirados con la fuerza pública. Esta manifestación se dio en el trasfondo de las protestas por educación pública gratuita y fin al lucro, cuando Felipe Bulnes (actual embajador en Estados Unidos) era el ministro de Educación.
Mediante un acuerdo entre el fiscal Víctor Vidal, quien investigaba el caso, y los imputados, el juez suspendió la tramitación de la causa, a cambio de que los involucrados, entre ellos el ecologista Luis Mariano Rendón, realizaran trabajos comunitarios por la campaña “Marca tu Voto AC”, en favor de una Asamblea Constituyente, que fue la causa que enarbolaron al intervenir la sesión en el ex Congreso. Esto último ocurrió el pasado viernes 18 de octubre, cuando Rendón se presentó en el Paseo Ahumada con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, y dictó una charla a favor de la Asamblea Constituyente.
Rendón dijo que el hecho de que se acogiera a trámite esta queja es solo una cuestión de procedimiento, porque en el fondo este juicio no tiene sentido, ya que la ley no tipifica como delito que la gente se manifieste en una sesión del Congreso:“El tema de fondo es que la acción política que nosotros realizamos ese día en el Congreso fue interrumpir la sesión de una comisión, eso en Chile no es delito y la prueba más concreta es que permanentemente distintas personas, grupos de personas, están interrumpiendo desde la galería y los presidentes respectivos llaman a la fuerza pública, desalojan y jamás se les ha ocurrido en la mente, interponer una querella, porque concretamente eso no es delito”.
Importa repasar que el Ministerio del Interior pidió originalmente un castigo de 200 días de cárcel para los activistas, y por ello presentó la queja formal con el argumento de que el fallo que detonó esta situación tuvo carácter político.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, afirmó que es extraño el camino que está siguiendo el Gobierno.
“En general respecto del contenido y los fundamentos de una resolución judicial, los mecanismos naturales para recurrir son los recursos procesales, eso es lo que claramente está establecido en el contexto de un debido proceso. Esta queja, está dada para situaciones de infracciones con comportamiento funcionario de los jueces y, normalmente, son pocos los casos en que ha entrado algún tribunal superior, Corte de Apelaciones o Corte Suprema, a ver situaciones digan relación con el desempeño jurisdiccional del juez”, explicó el magistrado.
A consecuencia de lo anterior, el caso por la intervención de una sesión sobre presupuesto de educación se divide ahora en dos. Por un lado el Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones capitalina por la decisión de no castigar con cárcel a los activistas, mientras que por otro el pleno de la misma Corte debe revisar este recurso de queja.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de queja disciplinaria presentado por el Ministerio del Interior en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez. El 14 de octubre, este magistrado suspendió la investigación contra ocho dirigentes sociales (del movimiento Más democracia para Chile) que se tomaron una sala del ex Congreso, el 20 de octubre de 2011, y debieron ser retirados con la fuerza pública. Esta manifestación se dio en el trasfondo de las protestas por educación pública gratuita y fin al lucro, cuando Felipe Bulnes (actual embajador en Estados Unidos) era el ministro de Educación.
Mediante un acuerdo entre el fiscal Víctor Vidal, quien investigaba el caso, y los imputados, el juez suspendió la tramitación de la causa, a cambio de que los involucrados, entre ellos el ecologista Luis Mariano Rendón, realizaran trabajos comunitarios por la campaña “Marca tu Voto AC”, en favor de una Asamblea Constituyente, que fue la causa que enarbolaron al intervenir la sesión en el ex Congreso. Esto último ocurrió el pasado viernes 18 de octubre, cuando Rendón se presentó en el Paseo Ahumada con Huérfanos, en pleno centro de Santiago, y dictó una charla a favor de la Asamblea Constituyente.
Rendón dijo que el hecho de que se acogiera a trámite esta queja es solo una cuestión de procedimiento, porque en el fondo este juicio no tiene sentido, ya que la ley no tipifica como delito que la gente se manifieste en una sesión del Congreso:“El tema de fondo es que la acción política que nosotros realizamos ese día en el Congreso fue interrumpir la sesión de una comisión, eso en Chile no es delito y la prueba más concreta es que permanentemente distintas personas, grupos de personas, están interrumpiendo desde la galería y los presidentes respectivos llaman a la fuerza pública, desalojan y jamás se les ha ocurrido en la mente, interponer una querella, porque concretamente eso no es delito”.
Importa repasar que el Ministerio del Interior pidió originalmente un castigo de 200 días de cárcel para los activistas, y por ello presentó la queja formal con el argumento de que el fallo que detonó esta situación tuvo carácter político.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, afirmó que es extraño el camino que está siguiendo el Gobierno.
“En general respecto del contenido y los fundamentos de una resolución judicial, los mecanismos naturales para recurrir son los recursos procesales, eso es lo que claramente está establecido en el contexto de un debido proceso. Esta queja, está dada para situaciones de infracciones con comportamiento funcionario de los jueces y, normalmente, son pocos los casos en que ha entrado algún tribunal superior, Corte de Apelaciones o Corte Suprema, a ver situaciones digan relación con el desempeño jurisdiccional del juez”, explicó el magistrado.
A consecuencia de lo anterior, el caso por la intervención de una sesión sobre presupuesto de educación se divide ahora en dos. Por un lado el Gobierno apeló ante la Corte de Apelaciones capitalina por la decisión de no castigar con cárcel a los activistas, mientras que por otro el pleno de la misma Corte debe revisar este recurso de queja.
