El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo en el Palacio de La Moneda que “hay algunos tribunales de justicia que deben dar explicaciones” y que el Gobierno siente “el deber de recordar que el juez Luis Avilés desestimó el 60% de las siete mil pruebas que presentó el Ministerio Público durante la investigación” del llamado Caso Bombas, donde se imputó a Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, además de otras 12 personas, detenidas por la sospecha de actos terroristas. El Caso Bombas se resolvió finalmente el año pasado con la declaración de inocencia de la Corte Suprema.
Esta resolución judicial derivó en acusaciones de “montaje” pero sobre todo de falta de seriedad en la investigación y en la recopilación de pruebas, respecto del ex fiscal Metropolitano Sur del Ministerio Público, Alejandro Peña, y el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien –al recibir las primeras noticias sobre la detención en España- criticó las acusaciones de las que fue objeto.
El ahora ministro de Defensa, señaló que “cuando se trata de colocar bombazos, no hay que festinar las causas. Se inventó que había inventado un montaje, casi que había convencido a los fiscales para que soliciten órdenes de aprensión, y luego convencí a 15 jueces para lograr la prisión preventiva. Todo eso fue un gran festín, impulsado por los abogados de la defensa”.
En el mismo sentido, el ex fiscal Alejandro Peña dijo que “esta situación debería aportar para la revisión de los procedimientos judiciales, porque ahora, según dijo, es evidente que los formalizados de entonces eran responsables de las bombas instaladas.
En contrapartida, el abogado Washington Lizana, quien asumió en su momento la defensa de Mónica Caballero, sostuvo que no hay que dejar de lado los datos duros, ya que se habla de un historial de los imputados, cuando en realidad en Chile ambos fueron absueltos por todas las instancias judiciales. Además, advirtió que no se debe caer en el aprovechamiento político, sobre todo en el ambiente electoral que se vive
Este argumento fue respaldado por Rodrigo Román, otro de los abogados que patrocinó ante los tribunales a los detenidos en España, quien recordó que la parte acusadora presentó como prueba un afiche del grupo de rock “Guns and Roses” y una bolsa de pasas, entre otros absurdos.
“Pruebas irrisorias que resultaron impertinentes, como una bolsa de pasas, que finalmente no fueron excluidas, sino retiradas por el Ministerio Público. Al momento que se presenta la acusación, se señala una maciza prueba, pero en la discusión seria se ve que no había prueba suficiente para fundar tal acusación”, indicó Román.
Desde España, el ministro del Interior de ese país, Jorge Fernández, reconoció que está en comunicación con el Gobierno de Chile, y que las autoridades de ambos países están intercambiando información sobre el caso.
“Me ha llamado el ministro de Interior de Chile muy interesado por este caso, estas personas son muy conocidas por su historial delictivo en Chile. Formaron parte de un proceso de impacto mediático y político por la realización de numerosos atentados”, dijo.
Importa repasar que la Corte Suprema obligó a que el fisco pagara $470 millones por el costo del “Caso bombas”, además de un pago a cada uno de los absueltos. Por eso, Francisco Solar recibió $100 millones de pesos y Mónica Caballero, $80 millones.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo en el Palacio de La Moneda que “hay algunos tribunales de justicia que deben dar explicaciones” y que el Gobierno siente “el deber de recordar que el juez Luis Avilés desestimó el 60% de las siete mil pruebas que presentó el Ministerio Público durante la investigación” del llamado Caso Bombas, donde se imputó a Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, además de otras 12 personas, detenidas por la sospecha de actos terroristas. El Caso Bombas se resolvió finalmente el año pasado con la declaración de inocencia de la Corte Suprema.
Esta resolución judicial derivó en acusaciones de “montaje” pero sobre todo de falta de seriedad en la investigación y en la recopilación de pruebas, respecto del ex fiscal Metropolitano Sur del Ministerio Público, Alejandro Peña, y el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien –al recibir las primeras noticias sobre la detención en España- criticó las acusaciones de las que fue objeto.
El ahora ministro de Defensa, señaló que “cuando se trata de colocar bombazos, no hay que festinar las causas. Se inventó que había inventado un montaje, casi que había convencido a los fiscales para que soliciten órdenes de aprensión, y luego convencí a 15 jueces para lograr la prisión preventiva. Todo eso fue un gran festín, impulsado por los abogados de la defensa”.
En el mismo sentido, el ex fiscal Alejandro Peña dijo que “esta situación debería aportar para la revisión de los procedimientos judiciales, porque ahora, según dijo, es evidente que los formalizados de entonces eran responsables de las bombas instaladas.
En contrapartida, el abogado Washington Lizana, quien asumió en su momento la defensa de Mónica Caballero, sostuvo que no hay que dejar de lado los datos duros, ya que se habla de un historial de los imputados, cuando en realidad en Chile ambos fueron absueltos por todas las instancias judiciales. Además, advirtió que no se debe caer en el aprovechamiento político, sobre todo en el ambiente electoral que se vive
Este argumento fue respaldado por Rodrigo Román, otro de los abogados que patrocinó ante los tribunales a los detenidos en España, quien recordó que la parte acusadora presentó como prueba un afiche del grupo de rock “Guns and Roses” y una bolsa de pasas, entre otros absurdos.
“Pruebas irrisorias que resultaron impertinentes, como una bolsa de pasas, que finalmente no fueron excluidas, sino retiradas por el Ministerio Público. Al momento que se presenta la acusación, se señala una maciza prueba, pero en la discusión seria se ve que no había prueba suficiente para fundar tal acusación”, indicó Román.
Desde España, el ministro del Interior de ese país, Jorge Fernández, reconoció que está en comunicación con el Gobierno de Chile, y que las autoridades de ambos países están intercambiando información sobre el caso.
“Me ha llamado el ministro de Interior de Chile muy interesado por este caso, estas personas son muy conocidas por su historial delictivo en Chile. Formaron parte de un proceso de impacto mediático y político por la realización de numerosos atentados”, dijo.
Importa repasar que la Corte Suprema obligó a que el fisco pagara $470 millones por el costo del “Caso bombas”, además de un pago a cada uno de los absueltos. Por eso, Francisco Solar recibió $100 millones de pesos y Mónica Caballero, $80 millones.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo en el Palacio de La Moneda que “hay algunos tribunales de justicia que deben dar explicaciones” y que el Gobierno siente “el deber de recordar que el juez Luis Avilés desestimó el 60% de las siete mil pruebas que presentó el Ministerio Público durante la investigación” del llamado Caso Bombas, donde se imputó a Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, además de otras 12 personas, detenidas por la sospecha de actos terroristas. El Caso Bombas se resolvió finalmente el año pasado con la declaración de inocencia de la Corte Suprema.
Esta resolución judicial derivó en acusaciones de “montaje” pero sobre todo de falta de seriedad en la investigación y en la recopilación de pruebas, respecto del ex fiscal Metropolitano Sur del Ministerio Público, Alejandro Peña, y el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, quien –al recibir las primeras noticias sobre la detención en España- criticó las acusaciones de las que fue objeto.
El ahora ministro de Defensa, señaló que “cuando se trata de colocar bombazos, no hay que festinar las causas. Se inventó que había inventado un montaje, casi que había convencido a los fiscales para que soliciten órdenes de aprensión, y luego convencí a 15 jueces para lograr la prisión preventiva. Todo eso fue un gran festín, impulsado por los abogados de la defensa”.
En el mismo sentido, el ex fiscal Alejandro Peña dijo que “esta situación debería aportar para la revisión de los procedimientos judiciales, porque ahora, según dijo, es evidente que los formalizados de entonces eran responsables de las bombas instaladas.
En contrapartida, el abogado Washington Lizana, quien asumió en su momento la defensa de Mónica Caballero, sostuvo que no hay que dejar de lado los datos duros, ya que se habla de un historial de los imputados, cuando en realidad en Chile ambos fueron absueltos por todas las instancias judiciales. Además, advirtió que no se debe caer en el aprovechamiento político, sobre todo en el ambiente electoral que se vive
Este argumento fue respaldado por Rodrigo Román, otro de los abogados que patrocinó ante los tribunales a los detenidos en España, quien recordó que la parte acusadora presentó como prueba un afiche del grupo de rock “Guns and Roses” y una bolsa de pasas, entre otros absurdos.
“Pruebas irrisorias que resultaron impertinentes, como una bolsa de pasas, que finalmente no fueron excluidas, sino retiradas por el Ministerio Público. Al momento que se presenta la acusación, se señala una maciza prueba, pero en la discusión seria se ve que no había prueba suficiente para fundar tal acusación”, indicó Román.
Desde España, el ministro del Interior de ese país, Jorge Fernández, reconoció que está en comunicación con el Gobierno de Chile, y que las autoridades de ambos países están intercambiando información sobre el caso.
“Me ha llamado el ministro de Interior de Chile muy interesado por este caso, estas personas son muy conocidas por su historial delictivo en Chile. Formaron parte de un proceso de impacto mediático y político por la realización de numerosos atentados”, dijo.
Importa repasar que la Corte Suprema obligó a que el fisco pagara $470 millones por el costo del “Caso bombas”, además de un pago a cada uno de los absueltos. Por eso, Francisco Solar recibió $100 millones de pesos y Mónica Caballero, $80 millones.
