El discurso político del Gobierno es que este proyecto de ley sobre identificación preventiva busca controlar situaciones de violencia durante las marchas de los movimientos sociales, y no restringir la libertad de expresión y el derecho a manifestarse que están prescritos en la Constitución.

Sin embargo, la opinión experta señala que lo realmente faltante es mayor transparencia por parte de Carabineros de Chile. Por ejemplo, que el personal de Fuerzas Especiales se identifique en sus uniformes; que la institución publiqué en su página web cuánto dinero gasta en bombas lacrimógenas; quién dicta las clases de Derechos Humanos que debe rendir el personal uniformado en la Academia de Ciencias Policiales; con qué criterio técnicos se destinan las dotaciones de carabineros a determinados puntos del territorio, entre varias otras materias que son desconocidas para la población y que no permiten discutir públicamente y perfeccionar la política de seguridad ciudadana.

El abogado y académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Alberto Coddou, juzga que Carabineros no se ha modernizado en este sentido, y que por eso el Consejo para la Transparencia ha expuesto cuestionamientos institucionales.

“El actuar de Carabineros ha demostrado que se entrega información incompleta y parcial, porque no explica en qué sentido cierta información pública, como por ejemplo el presupuesto que se ha gastado en lacrimógenas o el personal de Fuerzas Especiales destinado a alguna localidad pudiera llegar a afectar la seguridad nacional o el orden público. Carabineros solamente invoca el secreto que le permite la justicia militar y en ese sentido, el Consejo para la Transparencia les ha llamado la atención”, señala.

A su vez, la abogada procesalista y académica de la Universidad de Chile, Carola Canelo, dice que el país ya dispone de leyes y tipificaciones expresas con la cuales la fuerza policial puede detener a una persona, si es que se le considera sospechosa de cometer un delito o realizar control de identificación. Por esto, la académica considera que está demás que el gobierno envíe nuevos proyectos legales.

“Hoy en día en Chile hay una definición adecuada y modificaciones tendientes a aumentar las atribuciones de la policía en esta materia no son necesarias. Muchas veces el problema con que nos encontramos son más bien con las decisiones posteriores, ya que son los fiscales los que toman la decisión de dejar libre a un imputado o los jueces de garantía”, explica.

En el marco de las movilizaciones sociales, que incluye particularmente a estudiantes, pero además a movimientos ambientalistas y regionalistas, el Gobierno ha patrocinado el llamado proyecto de ley Hizpeter, que busca que los convocantes de una marcha sean responsables ante la Justicia por los actos de terceros que realicen desmanes; el proyecto de ley anti-encapuchados, que busca agudizar las penas para quienes se cubran la cara en una protesta; y ahora el proyecto de ley de identificación preventiva, que algunos han homologado a la antigua “detención por vagancia”.