En total serán 14 colegios particulares subvencionados:2 en la Región Metropolitana, y los demás en Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, cuatro en La Araucanía y Los Lagos; 14 establecimientos sin reconocimiento oficial del Gobierno.
Según el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, las infracciones se cursaron por reiteradas faltas a la normativa; problemas de infraestructura y no pago de cotizaciones o remuneraciones a los profesores.
Entre otras, la autoridad detalló que los colegios no contaban “con autorización del Servicio de Salud para entregar alimentación, problemas en la información del registro de asistencia, problemas de seguridad o servicios higiénicos insalubres y no contar con planes de gestión para la convivencia escolar”.
Casanueva explicó que la reubicación de estudiantes será a través de un trabajo coordinado con los apoderados: “Este trabajo se va a realizar contactando a los apoderados a través de los Centros de Padre y diciéndoles cuáles son las alternativas. Este es un trabajo que hace directamente el ministerio de Educación, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, y la idea es que cualquier apoderado que tenga una consulta respecto de dónde podría matricular a sus hijos, se acerque a la respectiva Seremi o Departamento Provincial de la región correspondiente”.
Además, este año por primera vez la Superintendencia determinó la inhabilidad perpetua para ser sostenedor al jefe de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó, Región de Atacama, Raúl Ortiz, debido a graves irregularidades con el manejo de la subvención escolar.
Manuel Casanueva detalló que son al menos tres razones graves que provocaron la decisión.
“Pudimos ver que el establecimiento, en este caso el DAEM, no utilizaba –necesariamente- la subvención con el propósito que se ha establecido por la ley. El DAEM no entregó toda la información exigida por la Superintendencia en distintos ámbitos y, por último, aquí hay algunos datos realmente impresionantes: de las 158 fiscalizaciones que hicimos a los establecimientos municipales de Copiapó, 112 obtuvieron observaciones graves”, informó.
Ante el cierre de colegios, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Isabel Salgado, llamó a las comunidades a empoderarse de los establecimientos.
“Nuevamente se ve el cómo la institucionalidad, el gobierno, las municipalidades están en desmedro de la educación pública y en vez de cambiarla y mejorarla y transformar el sistema, lo único que hacen es destruirla y seguir con la lógica de una educación de mercado, en donde se fomentan los colegios particulares y subvencionados para lucrar con la educación. Para nosotros es bastante complejo este tema, creemos que es necesario que las comunidades se empoderen de sus establecimientos”, afirmó la vocera.
Cabe recordar que en casos similares, como el Colegio República Dominicana de La Florida, las comunidades decidieron hacerse cargo, de manera autónoma del funcionamiento para que los alumnos rindieran a fin de año exámenes libres.
En total serán 14 colegios particulares subvencionados:2 en la Región Metropolitana, y los demás en Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, cuatro en La Araucanía y Los Lagos; 14 establecimientos sin reconocimiento oficial del Gobierno.
Según el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, las infracciones se cursaron por reiteradas faltas a la normativa; problemas de infraestructura y no pago de cotizaciones o remuneraciones a los profesores.
Entre otras, la autoridad detalló que los colegios no contaban “con autorización del Servicio de Salud para entregar alimentación, problemas en la información del registro de asistencia, problemas de seguridad o servicios higiénicos insalubres y no contar con planes de gestión para la convivencia escolar”.
Casanueva explicó que la reubicación de estudiantes será a través de un trabajo coordinado con los apoderados: “Este trabajo se va a realizar contactando a los apoderados a través de los Centros de Padre y diciéndoles cuáles son las alternativas. Este es un trabajo que hace directamente el ministerio de Educación, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, y la idea es que cualquier apoderado que tenga una consulta respecto de dónde podría matricular a sus hijos, se acerque a la respectiva Seremi o Departamento Provincial de la región correspondiente”.
Además, este año por primera vez la Superintendencia determinó la inhabilidad perpetua para ser sostenedor al jefe de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó, Región de Atacama, Raúl Ortiz, debido a graves irregularidades con el manejo de la subvención escolar.
Manuel Casanueva detalló que son al menos tres razones graves que provocaron la decisión.
“Pudimos ver que el establecimiento, en este caso el DAEM, no utilizaba –necesariamente- la subvención con el propósito que se ha establecido por la ley. El DAEM no entregó toda la información exigida por la Superintendencia en distintos ámbitos y, por último, aquí hay algunos datos realmente impresionantes: de las 158 fiscalizaciones que hicimos a los establecimientos municipales de Copiapó, 112 obtuvieron observaciones graves”, informó.
Ante el cierre de colegios, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Isabel Salgado, llamó a las comunidades a empoderarse de los establecimientos.
“Nuevamente se ve el cómo la institucionalidad, el gobierno, las municipalidades están en desmedro de la educación pública y en vez de cambiarla y mejorarla y transformar el sistema, lo único que hacen es destruirla y seguir con la lógica de una educación de mercado, en donde se fomentan los colegios particulares y subvencionados para lucrar con la educación. Para nosotros es bastante complejo este tema, creemos que es necesario que las comunidades se empoderen de sus establecimientos”, afirmó la vocera.
Cabe recordar que en casos similares, como el Colegio República Dominicana de La Florida, las comunidades decidieron hacerse cargo, de manera autónoma del funcionamiento para que los alumnos rindieran a fin de año exámenes libres.
En total serán 14 colegios particulares subvencionados:2 en la Región Metropolitana, y los demás en Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, cuatro en La Araucanía y Los Lagos; 14 establecimientos sin reconocimiento oficial del Gobierno.
Según el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, las infracciones se cursaron por reiteradas faltas a la normativa; problemas de infraestructura y no pago de cotizaciones o remuneraciones a los profesores.
Entre otras, la autoridad detalló que los colegios no contaban “con autorización del Servicio de Salud para entregar alimentación, problemas en la información del registro de asistencia, problemas de seguridad o servicios higiénicos insalubres y no contar con planes de gestión para la convivencia escolar”.
Casanueva explicó que la reubicación de estudiantes será a través de un trabajo coordinado con los apoderados: “Este trabajo se va a realizar contactando a los apoderados a través de los Centros de Padre y diciéndoles cuáles son las alternativas. Este es un trabajo que hace directamente el ministerio de Educación, nosotros trabajamos en conjunto con ellos, y la idea es que cualquier apoderado que tenga una consulta respecto de dónde podría matricular a sus hijos, se acerque a la respectiva Seremi o Departamento Provincial de la región correspondiente”.
Además, este año por primera vez la Superintendencia determinó la inhabilidad perpetua para ser sostenedor al jefe de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó, Región de Atacama, Raúl Ortiz, debido a graves irregularidades con el manejo de la subvención escolar.
Manuel Casanueva detalló que son al menos tres razones graves que provocaron la decisión.
“Pudimos ver que el establecimiento, en este caso el DAEM, no utilizaba –necesariamente- la subvención con el propósito que se ha establecido por la ley. El DAEM no entregó toda la información exigida por la Superintendencia en distintos ámbitos y, por último, aquí hay algunos datos realmente impresionantes: de las 158 fiscalizaciones que hicimos a los establecimientos municipales de Copiapó, 112 obtuvieron observaciones graves”, informó.
Ante el cierre de colegios, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Isabel Salgado, llamó a las comunidades a empoderarse de los establecimientos.
“Nuevamente se ve el cómo la institucionalidad, el gobierno, las municipalidades están en desmedro de la educación pública y en vez de cambiarla y mejorarla y transformar el sistema, lo único que hacen es destruirla y seguir con la lógica de una educación de mercado, en donde se fomentan los colegios particulares y subvencionados para lucrar con la educación. Para nosotros es bastante complejo este tema, creemos que es necesario que las comunidades se empoderen de sus establecimientos”, afirmó la vocera.
Cabe recordar que en casos similares, como el Colegio República Dominicana de La Florida, las comunidades decidieron hacerse cargo, de manera autónoma del funcionamiento para que los alumnos rindieran a fin de año exámenes libres.
