Comisión investigadora respalda a Pascua Lama pese a incumplimientos de normativa medioambiental
Pese a los incumplimientos graves a la normativa ambiental cometidos por Barrick Gold, la comisión investigadora de Pascua Lama aprobó un informe que certifica el funcionamiento de la empresa en el Valle del Huasco. El documento no solicita la revocación de permisos y descarta aplicar el Convenio 169 de la OIT así como también la norma de glaciares, argumentando que los tratados entraron en vigencia luego de la aprobación inicial del proyecto.
Miércoles 12 de febrero 2014 20:19 hrs.
Ecologistas, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil esperaban que la comisión investigadora solicitara revocar los permisos que permitieron la puesta en marcha de Pascua Lama.
Sin embargo, el informe final certificó su funcionamiento y fue aprobado por diez votos a favor y dos en contra de los diputados Alberto Robles (PRSD) y Marcelo Shilling (PS).
Pese a que el texto acreditó que hubo incumplimientos graves a la normativa ambiental, no pidió cancelar la Resolución Calificadora Ambiental de 2006. Además, descartó aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a las comunidades indígenas de la zona, argumentando que la norma aun no entraba en vigencia cuando el Estado autorizó el proyecto aurífero.
Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, lamentó el dictamen de los diputados y enfatizó la precariedad de la actual legislación ambiental.
Al respecto consideró que “esta es una señal de impunidad. Es una señal de que por más que se viole la normativa ambiental vigente, se podrán pagar algunas multas, pero finalmente nunca hay una sanción drástica. Por lo tanto, consideramos que la señal que entrega la comisión investigadora de la cámara de diputados es bastante negativa, porque en muchos casos a las empresas les conviene, dese el punto de vista económico, contaminar porque si los llegan a pillar pagarán las multas y listo”, señaló Rendón.
El diputado Giovanni Calderón, presidente de la comisión investigadora, explicó que las infracciones que se conocieron durante los siete meses de trabajo ya habían sido sancionadas con anterioridad y que la instancia parlamentaria no tiene atribuciones para sugerir cambios a la resolución de la Corte Suprema.
“La verdad que nosotros si nos hubiésemos abocado a establecer responsabilidades políticas tendríamos que habernos remitido a los gobiernos de Lagos y al anterior de Bachelet que fueron los que otorgaron los permisos bajo las actuales condiciones, entonces en vez de eso preferimos hacer una tarea más de futuro. Aquí había una resolución de un tribunal que es la Corte suprema y del resto de la institucionalidad, entonces nosotros no podemos sugerir sobre los mismos hechos que ya habían sido sancionados, no podemos decirle a la Corte que se equivocaron así que deberían aplicar otra sanción”, dijo el diputado de la UDI.
Por otro lado, Greenpeace denunció a la empresa Barrick Gold ante la Superintendencia del Medio Ambiente por una nueva falta a la resolución de calificación ambiental con reincidencia en ocultar información al ente fiscalizador. La organización se encuentra a la espera de que la Superintendencia genere los cargos denunciados en base a la investigación que comenzó el jueves pasado.
Samuel Leiva, coordinador de Greenpeace Chile, destacó que el informe reivindicó la necesidad de una ley de protección de glaciares, con el objetivo de proteger los recursos hídricos de la alta cordillera. Sin embargo, lamentó que las conclusiones se limitaran a proponer mayor fiscalización por parte del Estado.
“Nosotros esperamos que la única sanción posible, en relación a la denuncia que nosotros hemos hecho, sea la revocación de los permisos, porque esto estaría demostrando que Barrick Gold incumplió de manera gravísima la legislación ambiental y según la misma legislación, la única sanción que queda por desarrollar es la revocación de los permisos, toda vez que ya los multaron y lo paralizaron, que son las otras dos opciones que brinda la ley”, aseguró Leiva.
En la misma línea, las comunidades indígenas afectadas están impugnando ante Tribunales Medioambientales el que no se quitaran los permisos a la empresa en la sanción realizada en enero del año pasado.
Se espera que ese fallo sea anunciado para fines de febrero. En caso de que la denuncia no sea acogida, las organizaciones llevarán la causa ante la Corte Suprema.
Finalmente el diputado PPD Enrique Acorssi, miembro de la comisión, consideró que el informe no debió ser aprobado porque omite temas relevantes. Sin embargo, el legislador se ausentó de la votación por encontrarse de viaje.
“Ese proyecto es un ejemplo de la transgresión sistemática de todas las normas medioambientales que tenemos en la legislación. Este informe es muy gatopardo, porque deja todo igual que antes con algunas recomendaciones, pero sin cambiar lo esencial”, señaló Acorssi y agregó que desde la Nueva Mayoría pretenden rechazar el documento en la Cámara Baja.
Durante la primera semana de marzo se realizará la tramitación final del informe de la comisión en la Cámara de Diputados, donde este podría ser aprobado o rechazado.
Ecologistas, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil esperaban que la comisión investigadora solicitara revocar los permisos que permitieron la puesta en marcha de Pascua Lama.
Sin embargo, el informe final certificó su funcionamiento y fue aprobado por diez votos a favor y dos en contra de los diputados Alberto Robles (PRSD) y Marcelo Shilling (PS).
Pese a que el texto acreditó que hubo incumplimientos graves a la normativa ambiental, no pidió cancelar la Resolución Calificadora Ambiental de 2006. Además, descartó aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a las comunidades indígenas de la zona, argumentando que la norma aun no entraba en vigencia cuando el Estado autorizó el proyecto aurífero.
Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, lamentó el dictamen de los diputados y enfatizó la precariedad de la actual legislación ambiental.
Al respecto consideró que “esta es una señal de impunidad. Es una señal de que por más que se viole la normativa ambiental vigente, se podrán pagar algunas multas, pero finalmente nunca hay una sanción drástica. Por lo tanto, consideramos que la señal que entrega la comisión investigadora de la cámara de diputados es bastante negativa, porque en muchos casos a las empresas les conviene, dese el punto de vista económico, contaminar porque si los llegan a pillar pagarán las multas y listo”, señaló Rendón.
El diputado Giovanni Calderón, presidente de la comisión investigadora, explicó que las infracciones que se conocieron durante los siete meses de trabajo ya habían sido sancionadas con anterioridad y que la instancia parlamentaria no tiene atribuciones para sugerir cambios a la resolución de la Corte Suprema.
“La verdad que nosotros si nos hubiésemos abocado a establecer responsabilidades políticas tendríamos que habernos remitido a los gobiernos de Lagos y al anterior de Bachelet que fueron los que otorgaron los permisos bajo las actuales condiciones, entonces en vez de eso preferimos hacer una tarea más de futuro. Aquí había una resolución de un tribunal que es la Corte suprema y del resto de la institucionalidad, entonces nosotros no podemos sugerir sobre los mismos hechos que ya habían sido sancionados, no podemos decirle a la Corte que se equivocaron así que deberían aplicar otra sanción”, dijo el diputado de la UDI.
Por otro lado, Greenpeace denunció a la empresa Barrick Gold ante la Superintendencia del Medio Ambiente por una nueva falta a la resolución de calificación ambiental con reincidencia en ocultar información al ente fiscalizador. La organización se encuentra a la espera de que la Superintendencia genere los cargos denunciados en base a la investigación que comenzó el jueves pasado.
Samuel Leiva, coordinador de Greenpeace Chile, destacó que el informe reivindicó la necesidad de una ley de protección de glaciares, con el objetivo de proteger los recursos hídricos de la alta cordillera. Sin embargo, lamentó que las conclusiones se limitaran a proponer mayor fiscalización por parte del Estado.
“Nosotros esperamos que la única sanción posible, en relación a la denuncia que nosotros hemos hecho, sea la revocación de los permisos, porque esto estaría demostrando que Barrick Gold incumplió de manera gravísima la legislación ambiental y según la misma legislación, la única sanción que queda por desarrollar es la revocación de los permisos, toda vez que ya los multaron y lo paralizaron, que son las otras dos opciones que brinda la ley”, aseguró Leiva.
En la misma línea, las comunidades indígenas afectadas están impugnando ante Tribunales Medioambientales el que no se quitaran los permisos a la empresa en la sanción realizada en enero del año pasado.
Se espera que ese fallo sea anunciado para fines de febrero. En caso de que la denuncia no sea acogida, las organizaciones llevarán la causa ante la Corte Suprema.
Finalmente el diputado PPD Enrique Acorssi, miembro de la comisión, consideró que el informe no debió ser aprobado porque omite temas relevantes. Sin embargo, el legislador se ausentó de la votación por encontrarse de viaje.
“Ese proyecto es un ejemplo de la transgresión sistemática de todas las normas medioambientales que tenemos en la legislación. Este informe es muy gatopardo, porque deja todo igual que antes con algunas recomendaciones, pero sin cambiar lo esencial”, señaló Acorssi y agregó que desde la Nueva Mayoría pretenden rechazar el documento en la Cámara Baja.
Durante la primera semana de marzo se realizará la tramitación final del informe de la comisión en la Cámara de Diputados, donde este podría ser aprobado o rechazado.
Ecologistas, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil esperaban que la comisión investigadora solicitara revocar los permisos que permitieron la puesta en marcha de Pascua Lama.
Sin embargo, el informe final certificó su funcionamiento y fue aprobado por diez votos a favor y dos en contra de los diputados Alberto Robles (PRSD) y Marcelo Shilling (PS).
Pese a que el texto acreditó que hubo incumplimientos graves a la normativa ambiental, no pidió cancelar la Resolución Calificadora Ambiental de 2006. Además, descartó aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a las comunidades indígenas de la zona, argumentando que la norma aun no entraba en vigencia cuando el Estado autorizó el proyecto aurífero.
Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, lamentó el dictamen de los diputados y enfatizó la precariedad de la actual legislación ambiental.
Al respecto consideró que “esta es una señal de impunidad. Es una señal de que por más que se viole la normativa ambiental vigente, se podrán pagar algunas multas, pero finalmente nunca hay una sanción drástica. Por lo tanto, consideramos que la señal que entrega la comisión investigadora de la cámara de diputados es bastante negativa, porque en muchos casos a las empresas les conviene, dese el punto de vista económico, contaminar porque si los llegan a pillar pagarán las multas y listo”, señaló Rendón.
El diputado Giovanni Calderón, presidente de la comisión investigadora, explicó que las infracciones que se conocieron durante los siete meses de trabajo ya habían sido sancionadas con anterioridad y que la instancia parlamentaria no tiene atribuciones para sugerir cambios a la resolución de la Corte Suprema.
“La verdad que nosotros si nos hubiésemos abocado a establecer responsabilidades políticas tendríamos que habernos remitido a los gobiernos de Lagos y al anterior de Bachelet que fueron los que otorgaron los permisos bajo las actuales condiciones, entonces en vez de eso preferimos hacer una tarea más de futuro. Aquí había una resolución de un tribunal que es la Corte suprema y del resto de la institucionalidad, entonces nosotros no podemos sugerir sobre los mismos hechos que ya habían sido sancionados, no podemos decirle a la Corte que se equivocaron así que deberían aplicar otra sanción”, dijo el diputado de la UDI.
Por otro lado, Greenpeace denunció a la empresa Barrick Gold ante la Superintendencia del Medio Ambiente por una nueva falta a la resolución de calificación ambiental con reincidencia en ocultar información al ente fiscalizador. La organización se encuentra a la espera de que la Superintendencia genere los cargos denunciados en base a la investigación que comenzó el jueves pasado.
Samuel Leiva, coordinador de Greenpeace Chile, destacó que el informe reivindicó la necesidad de una ley de protección de glaciares, con el objetivo de proteger los recursos hídricos de la alta cordillera. Sin embargo, lamentó que las conclusiones se limitaran a proponer mayor fiscalización por parte del Estado.
“Nosotros esperamos que la única sanción posible, en relación a la denuncia que nosotros hemos hecho, sea la revocación de los permisos, porque esto estaría demostrando que Barrick Gold incumplió de manera gravísima la legislación ambiental y según la misma legislación, la única sanción que queda por desarrollar es la revocación de los permisos, toda vez que ya los multaron y lo paralizaron, que son las otras dos opciones que brinda la ley”, aseguró Leiva.
En la misma línea, las comunidades indígenas afectadas están impugnando ante Tribunales Medioambientales el que no se quitaran los permisos a la empresa en la sanción realizada en enero del año pasado.
Se espera que ese fallo sea anunciado para fines de febrero. En caso de que la denuncia no sea acogida, las organizaciones llevarán la causa ante la Corte Suprema.
Finalmente el diputado PPD Enrique Acorssi, miembro de la comisión, consideró que el informe no debió ser aprobado porque omite temas relevantes. Sin embargo, el legislador se ausentó de la votación por encontrarse de viaje.
“Ese proyecto es un ejemplo de la transgresión sistemática de todas las normas medioambientales que tenemos en la legislación. Este informe es muy gatopardo, porque deja todo igual que antes con algunas recomendaciones, pero sin cambiar lo esencial”, señaló Acorssi y agregó que desde la Nueva Mayoría pretenden rechazar el documento en la Cámara Baja.
Durante la primera semana de marzo se realizará la tramitación final del informe de la comisión en la Cámara de Diputados, donde este podría ser aprobado o rechazado.
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