Diversos son los proyectos mineros y energéticos que causan conflictos socioambientales en Sudamérica. Pese a los esfuerzos de las comunidades organizadas por resistir su concreción, ya son varias las iniciativas transnacionales que han recibido la aprobación estatal para su puesta en marcha.

En Brasil, grandes centrales hidroeléctricas como Belo Monte, además de Jirau y San Antonio sobre el río Madeira, son casos paradigmáticos de esta tendencia y son sólo la avanzada de más de 150 proyectos de explotación de recursos naturales en el estado de Amazonas.

De igual forma, el Estado ecuatoriano finalmente resolvió explotar parte del Parque Nacional Yasuní, pese a las intenciones iniciales de mantenerlo como zona intangible.

También, hace pocos días se dio a conocer que el gobierno peruano aprobó la expansión del proyecto Camisea, iniciativa de explotación de hidrocarburos en zona de pueblos indígenas no contactados.

Incluso en Uruguay, el gobierno de José Mujica aprobó  en septiembre pasado la ley que habilita la megaminería y está ad portas de firmar contrato entre el Estado y la transnacional Zamin Ferrous para la explotación de hierro.

En Chile, la presión de las organizaciones logró detener momentáneamente proyectos emblemáticos como Hidroaysén y Pascualama, pero no se ha logrado detener la construcción de centrales termoeléctricas.

Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG ambientalista Ecosistemas, plantea que el extractivismo y la megaminería sigue siendo parte fundamental de la política desarrollista de los Estados latinoamericanos – sin importar posiciones ideológicas – y siendo sus principales afectados las comunidades locales.

Orrego plantea que las mega-corporaciones continúan con sus avances, pese a los esfuerzos de los movimientos sociales por denunciar la persecución y muerte de sus dirigentes en países como Perú y Brasil.

Por esto, el dirigente de Ecosistemas explicó que “muy a menudo por las redes en que estamos participando nosotros, están matando a dirigentes sociales, paramilitares y extraños personajes que aparecen en los pueblos, y no estamos hablando de ambientalistas, estamos hablando de dirigentes sociales, de campesinos que están tratando de defender sus territorios, sus aguas, sus modos de vida contra más proyectos mineros y más centrales hidroeléctricas o termoeléctricas para abastecer a esos proyectos mineros y los matan”.

La especialista en medioambiente, Paola Vasconi señala que son diversas las comunidades afectadas por estos proyectos y establece diferencias entre la represión a dirigentes en otros países de la región respecto de Chile.

En esa línea, la experta en temas ambientales detalló que “hay mayor conocimiento de persecución directa en otros países de la región, fundamentalmente los casos de Bolivia y Perú hay muchísimas denuncias. En algunos casos incluso con significado de muerte. Yo no he conocido de ese tipo de denuncias, sé que aquí hay más bien presión”.

En Chile son más de 110 mil millones de dólares los que proyectaron inyectar al rubro minero al 2022, y ahora se anuncian incentivos a la inversión extranjera para nuevos proyectos.

Patricio Segura, vocero del Consejo en Defensa de la Patagonia señala que así como hay alianzas entre los gobiernos y las empresas transnacionales, ellos también generan alianzas con comunidades organizadas de otros países para proteger los recursos.

En esa línea, el portavoz de la organización en defensa de la Patagonia señaló que “uno ve por ejemplo que en el Sistema Interconectado Norte Grande están viendo la posibilidad de a través de los recursos de la generación que entregan las termoeléctricas del norte grande vender energía a Argentina para seguramente grandes proyectos de extracción o intensivo en el uso de energía. Lo que hacen en el fondo las comunidades es unirse para ir entregando información y coordinarse”.

Los especialistas concuerdan en que los Estados son incapaces de sostener la presión de las mega corporaciones y lamentan que gobiernos de corte más progresista – al menos en el papel – también hayan quedado chicos ante el eje extractivista que impera en la región.