Pese a nunca haberlo visto ni hablado con él, Víctor Queipul, lonko de la comunidad Temucuicui Autónoma, conoce perfectamente a Raúl Castro Antipán, estudiante de 23 años que desde 2009 se desempeñó como infiltrado de Carabineros en territorio mapuche, participando de atentados incendiarios e inculpando a decenas de comuneros, quienes luego de pasar incluso años en prisión preventiva resultaron absueltos.
Así lo reconoció este miércoles en el Tribunal de Angol, cuando admitió su participación en el atentado al peaje de Quino y en el caso denominado “Tur Bus”, de julio de 2009, en el que incluso tuvo tiempo de avisar con un día de anticipación a Carabineros.
El lonko es también tío de Patricio Queipul, quien en 2009 fue sindicado como uno de los dos responsables del atentado al peaje Quino y juzgado bajo la ley antiterrorista, pese a tener tan solo 15 años.
El testimonio de Raúl Castro Antipán operó como la prueba con la que la Fiscalía encarceló a Patricio Queipul y Luis Melinao, de la comunidad Cacique José Guiñón. Si bien nueve personas fueron investigadas por el atentado, solo los dos menores de edad quedaron en prisión.
A juicio de Víctor Queipul, que hayan sido precisamente los familiares cercanos de líderes de comunidades emblemáticas en la lucha por la recuperación de sus tierras quienes hayan sido acusados por actos terroristas responde a un montaje de la policía para deslegitimar esta demanda.
Asimismo, advierte que desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, la Fiscalía ha infiltrado sistemáticamente a jóvenes en las comunidades mapuche, incluso pagándoles un salario por sus servicios.
“El Ministerio Público ha reclutado gente de las comunidades para que puedan empezar a declarar en contra de sus propios peñis en las comunidades, a cambio de un pago. Eso ha sido denunciado, incluso después de que se realizan los juicios estos mismos testigos protegidos han salido diciendo que a ellos les pagan un poco, 300 mil pesos, 500 mil e incluso un millón mensual”, afirma.
Si bien Raúl Castro Antipán negó recibir un sueldo de la Fiscalía o de Carabineros por haberse infiltrado en las comunidades para realizar atentados incendiarios y posteriormente inculpar a otros jóvenes mapuche, sí admitió el pago de un departamento “como medida de seguridad”.
La comunidad Temucuicui Autónoma está buscando ayuda jurídica para exigir al Estado aclarar su responsabilidad en estas irregularidades.
“Esto es un abuso de poder. Las instituciones son del Estado y alguien tiene que responder. Le hemos pedido al ministro del Interior que se pronuncie, pero no ha hablado. Ni el intendente ni Carabineros se han pronunciado sobre el asunto. A mediados de la otra semana vamos a presentar acciones legales contra el uso de este testigo protegido. Carabineros tiene que responder, porque son ellos los que están involucrados en los atentados: Raúl Castro Antipán manifestó que él sabía antes de que ocurra cualquier atentado y que le informaba a Carabineros. Aquí hay alguna mano negra que tiene que aclararse”, asevera.
El silencio de las autoridades se suma al del duopolio de la prensa, algo que no pasa desapercibido para el lonko. “Cuando tomaron presos a los peñis por la ley antiterrorista hacían fila llegando a las comunidades para entrevistarnos, mostrándonos como unos verdaderos terroristas, mientras ahora brillan por su ausencia”, comenta.