Diario y Radio U Chile

Año XII, 27 de noviembre de 2020

Escritorio MENÚ

Senado aplaza votación de Ley Monsanto hasta próximo Gobierno

Votación en el Senado de la Ley Monsanto fue sacada de tabla y aplazada hasta nuevo aviso. Las organizaciones en contra de la normativa y comunidades indígenas exigen que se aplique consulta previa a la votación en el Congreso, situación por la que pidieron la intervención del relator especial sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas.

Cristián Pacheco

  Martes 4 de marzo 2014 21:33 hrs. 
SEMILLAS


La votación, que en un comienzo estuvo en el segundo lugar de los puntos a tratar en la sesión ordinaria del Senado, fue postergada por acuerdo de los comités parlamentarios hasta nuevo aviso.

El proyecto de ley tampoco sería votado este miércoles debido a que se le dio prioridad a proyectos de fácil despacho y tampoco el próximo martes por el traspaso de mando, por lo que Michelle Bachelet decidirá si la denominada Ley Monsanto es promulgada por el gobierno entrante.

La presión de las organizaciones y comunidades que se verían afectadas surtió efecto, sin embargo la forma en que se tramitará aún está en disputa.

El vocero de la red ciudadana Chile sin Transgénicos, Cristián Sauvageot explicó, en el programa El Semáforo, los innumerables efectos negativos que la implementación del convenio UPOV 91 ha tenido en el mundo.

Para Sauvageot, este proyecto busca privatizar y monopolizar el uso de las semillas bajo un lobby permanente y fuerte de las empresas transnacionales, que en el caso chileno tienen directamente involucrados al ministro de Agricultura Luis Mayol y a la senadora en ejercicio Ena Von Baer: “Chile ha sido uno de los países que se ha enterado tardíamente de las complicaciones que los transgénicos tienen. Habiendo un proyecto de ley de etiquetado en el Senado este, para variar, esta trancado y lo que sigue moviéndose son las leyes pro transgénicos como la que esperamos que se rechace”, señaló el vocero.

Sauvageot explicó que hay más de 20 senadores comprometidos con el rechazo del proyecto, incluidos los independientes, sin embargo explicó que no es suficiente, ya que esperan sea devuelto a las comisiones para su revisión.

De igual forma opinó Ariel León, miembro de la mesa ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos, quien explicó que si el proyecto que regula los derechos sobre obtentores vegetales es rechazado en el Senado, se conformará una comisión mixta que acelerará la tramitación sin oportunidad de discusión e incluso con posibilidades de retroceso.

Al respecto, dijo que esto “será una tramitación rápida y acelerada de la ley, una camarilla de cinco senadores, cinco diputados, sin audiencia, que hacen lo que quieren y que van a ser capaces de aprobar la Ley Monsanto en contra de los pueblos indígenas y sin considerar ninguno de los derechos que tenemos respecto a nuestras semillas originarias. Ya nos quitaron el agua, la comida, la verdad que el análisis político para nosotros es aberrante, no nos quiten la dignidad”, expresó León.

En este escenario, el representante Aymara – informó que organizaciones y comunidades indígenas de Arica a Punta Arenas pidieron la intervención del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya.

León reclama la vulneración inminente de derechos ya que no están respetando las exigencias del convenio 169 y los tratados internacionales que obligan al Estado y al Congreso a hacer una consulta a los pueblos indígenas, antes de cualquier votación sobre una ley que afecte a los pueblos.

“Nosotros demandamos justamente por ese cansancio, nos parece intolerable una legislación tan aberrante y golpeadora de los derechos indígenas, como es la Ley Monsanto. Nos parece increíble que por lo menos no se discutida por los pueblos indígenas, que es una obligación del Congreso”, señaló el miembro de la mesa ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos.

Las comunidades organizadas exigen que Michelle Bachelet cumpla con su compromiso a revisar este proyecto presentado durante su primer período.

Además, piden que la Ley Monsanto vuelva a comisiones y se haga la consulta a las comunidades indígenas, exigida por ley desde 1998