Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 28 de mayo de 2022

Escritorio

23 días

Convocan a marcha en apoyo a mapuches en huelga de hambre

Este martes se realizará la primera marcha nacional e internacional de apoyo a los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, mientras dirigentes denuncian intentos del Gobierno de dividir a los comuneros. Por otro lado, hoy se revisa la solicitud de abonar condenas a los dos principales líderes de la CAM, Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo.

Paula Correa

  Martes 29 de abril 2014 9:22 hrs. 
A Chilean Mapuche Indian plays a "Kultrun" during a rally at Temuco city

Ya se comienza a articular el apoyo a los dirigentes de la cárcel de Angol. En Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt e incluso ciudades fuera del país como Estocolmo se unirán a la marcha programada para este martes 29 de abril. En la capital, a las 18 horas se realizará una concentración informativa y a las 19 horas se dará paso a la movilización desde el frontis de la Biblioteca Nacional

Esto cuando se cumplen 23 días de la huelga iniciada por cuatro dirigentes para exigir la revisión de las causas por las que fueron procesados, el indulto humanitario a Mariano Tori Llanca y el traslado al Centro de Trabajo de Angol (CET), solicitud acordada incluso en la huelga de hambre del 2010.

A más de tres semanas del comienzo de la movilización, el vocero de los comuneros, Freddy Marileo afirmó que, pese a las conversaciones con el intendente Huenchumilla, las autoridades no han mostrado señales concretas. En ese sentido, manifestó su “repudio en contra del Gobierno porque hasta ahora no ha tenido voluntad para solucionar la huelga de hambre”. Además, agregó que “los peñis están muy complicados de salud, ya estuvieron en el hospital. Esperemos que esto se solucione pronto porque ya se está pensando en extremar estas medidas, podría ser una de las opciones pasar a una huelga seca o que el peñi José Mariano le pidiéramos que sume a la huelga, él tiene toda la motivación”, señaló

En la misma línea, Patricia Lienlaf, werkén de la organización Meli Wixan Mapu e integrante de la Coordinadora por la Libertad de Todos los Presos Políticos Mapuche de Santiago, indicó que el Gobierno está estructurando una estrategia, cuando muestra mayor disposición a indultar a Mariano Tori ante la enfermedad terminal que padece, por sobre la acogida de los otros motores de la huelga: “Lo que nos alerta es la artimañana del Estado en dividir a los mismos huelguistas, en no querer dar cumplimiento a todas las demandas, sino en parcialidades, es ya típico esta estrategia de dividir para vencer. Nuestro hermano Mariano ha sido bien claro, se exige el indulto, pero también la salida del CET y la revisión de las causas”, aseguró.

Pero esto no es lo único que ocurre en los penales, en la cárcel El Manzano también hay tensiones. Este martes Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), llegarán al tribunal de Cañete donde se realizará una audiencia para discutir la solicitud realizada por la defensa de abonar a las condenas el periodo que ambos presos políticos cumplieron prisión preventiva, tal como explicó su vocera en Santiago Wakolda Chikawual: “Esta es una solicitud nueva en relación de abono a la condena, porque la solicitudes anteriores eran a antiguos procesos que había cumplidos. Ahora se está pidiendo el abono del período que ellos estuvieron presos bajo la acusación de la fiscalía militar, cuando se estaba cumpliendo el doble procesamiento que al mismo tiempo se estaba procesando bajo la justicia civil y bajo la justicia militar, en esta última fueron absueltos, por lo tanto ellos cumplieron aproximadamente un año y ocho meses en prisión”, sostuvo.

Los dirigentes expresaron en un comunicado que con el doble procesamiento al que fueron sujetos se transgredió el principio del non bis in ídem, que significa en derecho, que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos. En ese sentido, afirman que ésta es una más de las arbitrariedades y violaciones al debido proceso en contra de los presos políticos de la CAM, a las cuales se sumó la aplicación de la ley antiterrorista y la utilización de testigos anónimos como única prueba para haber sido condenados.