Se trata del Proyecto de Acuerdo número 89 y fue votado en sala, donde se aprobó por 53 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa busca que la Cámara de Diputados solicite a la Presidenta Michelle Bachelet que se instruya al Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para que tomen todas las medidas conducentes al cierre del penal Punta Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, donde hoy están detenidos militares en retiro condenados delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos.

La iniciativa fue elaborada por el diputado PPD Felipe Letelier, quien sostuvo que después del cierre de Cordillera, en septiembre de 2013, bajo la administración de Sebastián Piñera, Punta Peuco recibió a sus reclusos, “manteniéndoles también su condición de trato privilegiado” frente al común de los internos.

“No pueden haber dos tipos de chilenos, los comunes y los ‘de primera’, ‘de primerísima’, que son los violadores de Derechos Humanos, estos criminales de lesa humanidad que están en cárceles cinco estrellas”, afirmó y añadió que en la anterior administración se dio un importante paso con el cierre de Cordillera, porque se sentó la jurisprudencia que apunta a que todos seamos iguales ante la ley.

La medida solicita, además, que se despoje a estos reos de su rango y sus pensiones, como un gesto de reparación hacia las víctimas de la dictadura. “Si se revisa cuánto gana hoy día Manuel Contreras como pensión, jubilación, dieta, como quiera llamarle usted y cuánto gana un beneficiado con la Ley Valech, francamente es burlesco”, afirmó.
En el Acuerdo parlamentario también se pide retirar las fotografías e imágenes de estos personajes de los cuarteles militares y todo lugar donde puedan encontrarse, para no rendirles honores, como también han pedido las distintas organizaciones de Derechos Humanos, entre las que figura la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Su presidenta, Alicia Lira, calificó de “horrorosas” las diferencias que existen, por lo mismo valoró la iniciativa de los parlamentarios y afirmó que comenzarán una campaña social “Por el Cierre de Punta Peuco”, para evitar que la oposición se defienda previendo la siguiente etapa: el proceso de juicios a civiles que apoyaron el golpe de Estado y que son cómplices de crímenes de lesa humanidad.

Estos planteamientos generaron el rechazo de los representantes de la UDI y Renovación Nacional, quienes votaron en contra del acuerdo.
Cristián Monckeberg, presidente de RN, sostuvo que ambos penales fueron creados en los gobiernos de la Concertación para resolver temas complejos de reos “en condiciones especiales” y añadió que el entonces Presidente Piñera resolvió el problema trasladando los reos a Punta Peuco. “Es un tema que finalmente resuelve la presidenta de la república y ni siquiera está en la agenda de ella”, afirmó.

Además, explicó que, el por qué respaldaron a Sebastián Piñera “en su momento”, dijo, ya que la situación “era muy distinta”, porque el penal “Cordillera era un recinto entregado por el Ejército, no era un centro penitenciario habilitado, por lo que correspondía devolver esos terrenos” además, indicó que la medida que se sugiere no apunta a la correcta gestión del complejo problema carcelario.

“Razones puede haber miles. Yo creo que ninguna justifica el cierre de un penal. Yo prefiero nivelar y lograr que los recintos penitenciarios sean todos de mejor condición que ir cerrando penales. No veo razones de fondo más que asuntos políticos, que pueden ser muy legítimos, pero que no comparto”, sostuvo.

Permanentemente el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) ha evidenciado la disparidad de los centros de reclusión y la necesidad de poner fin a la diferencia, pero apuntando a que el Estado realice una inversión que permita mejorar las “condiciones infrahumanas soportadas por el grueso de los presos comunes en Chile”.

Según sostuvo Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, en la presentación del informe del año pasado, el penal “Punta Peuco cumple con los estándares internacionales sobre condiciones carcelarias, mientras el resto de los penales no lo hace”.

Sin embargo, “en caso de no cerrarse la desigualdad que genera se debe enfrentar con una repartición igualitaria de los reos, sin distinciones injustificadas”, afirmó la especialista, en conversación con Radio Universidad de Chile,

Por su parte, Olga Espinoza, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile afirmó el tema no es fácil ya que siempre va a tener voces disidentes de los distintos sectores, pero indicó que se puede dar una luz enfocando el problema desde una mirada práctica.

“Es necesario analizar cuánto el Estado gasta en la mantención de una unidad penal en las condiciones que existen en Punta Peuco. Entonces, uno tiene un sistema penitenciario con aspectos críticos: escasez o insuficiencia de profesionales, altas tasas de hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad en varios centros y al mismo tiempo tiene una unidad que cuenta con una inversión muy por encima de la media”, explicó la especialista.

En ese sentido la Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC se preguntó ¿se justifica la inversión tan por encima de la media en un contexto de crisis penitenciaria? Y se respondió que es allí donde entra el análisis político social porque, “desde un punto de vista técnico evidentemente no se justifica”.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se refirió brevemente a la propuesta de los parlamentarios, afirmando que, como se dijo en la campaña, van a evaluar el cierre de Punta Peuco “en su respectivo momento”.