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INDH denuncia torturas en penal de Puente Alto

Una nueva denuncia por torturas interpuesta por el INDH, ocurrida al interior del penal de Puente Alto en diciembre de 2011, con resultado de muerte, pone en el debate los procedimientos que utiliza Gendarmería de Chile para contener conflictos con los reclusos al interior de los penales.

Sandra Trafilaf

  Jueves 28 de agosto 2014 11:51 hrs. 
cárcel

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La práctica de la tortura para la mantención y restablecimiento del orden en los recintos penales es un procedimiento que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que suma a la fecha cerca de 15 causas penales en contra de personal de Gendarmería de Chile, incluyendo la reciente querella por torturas contra funcionarios del penal de Rancagua y la querella en contra de cuatro gendarmes del penal de Puente Alto por torturas con resultado de muerte.

La denuncia por los golpes que sufrió un grupo de presos al interior del penal de Rancagua luego de un intento de fuga, puso en el debate la represión que enfrentan la población penal a lo largo del país, situación que ha sido develada en centros penitenciarios como Puente Alto, San Bernardo, Antofagasta, Puerto Montt, Cárcel de Valdivia, los Centros Penitenciarios Biobío y Cauquenes, incluso se han presentado querellas en casos de niños internados al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename).

De acuerdo a los relatos de las víctimas, según consta en el “Informe Anual Situación de los derechos Humanos en Chile 2013”, los denunciantes consignan haber sufrido golpizas por parte de funcionarios de Gendarmería, incluida la utilización de gas pimienta, mordeduras de perros, balines de gomas disparados directamente al cuerpo de los reclusos, torturas sicológicas y largos periodos de incomunicación en celdas de castigo, con un trato vejatorio e inhumano.

INDH presentó una nueva querella contra funcionarios de Gendarmería por apremios ilegítimos, con resultado de muerte, por el caso de cinco víctimas que se encontraban recluidos en el penal de Puente Alto en diciembre de 2011.
La Directora del INDH, Lorena Fries explicó que la práctica de la tortura no puede ser tolerada en democracia.

“En este caso hay una pérdida de vida, lo que nos parece mucho más grave aún, y por cierto, a las otra cuatro personas se les aplicaron prácticas de torturas que esperamos sean sancionadas. Nosotros queremos llamar la atención, al gobierno y a las autoridades competentes, esto tiene que parar y tiene que parar porque vivimos en democracia y en democracia no es tolerable la tortura”

El relato de los reclusos de Puente Alto, coincide con otros testimonios, fueron golpeados, obligados a beber el licor que se les había descubierto, a desnudarse, hacer ejercicios sin descanso, sometidos a gas lacrimógeno, quemados con un cigarrillo y fueron devueltos a sus celdas sin atención médica. Uno de ellos murió producto de las torturas y pese al sumario al que fueron sometidos los funcionarios, ninguno fue dado de baja.

En tanto el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Joe González, sin justificar la tortura al interior de los penales, explicó que el sistema penitenciario está colapsado y enfermo, con una gran crisis que no ha sido abordada por el Estado. Aclaró que el personal opera con “elementos disuasivos” que están reñidos con los estándares internacionales.

“Esto redunda en un sistema penitenciario que está colapsado y está enfermo, repito esto no justifica bajo ningún punto de vista los excesos que puedan ocurrir, eso está investigándose y será en definitiva el respectivo tribunal quien determinara las responsabilidades individuales, esto en ningún caso y en ninguna medida representa el accionar del personal en su conjunto”.

El representante de los funcionarios de Gendarmería denunció que las condiciones laborales en las que trabaja el personal son deplorables, con turnos de 25 días corridos con un día de descanso, sometidos a presiones sicológicas que a su juicio repercuten en los métodos que se utilizan para someter a la población penal. En este contexto, siete gendarmes de la cárcel de Rancagua, que fueron identificados como los responsables de la violenta golpiza a un grupo de reos al interior del recinto en agosto de 2013, fueron suspendidos de sus funciones.

En la mayoría de los casos que han investigado los tribunales, los fallos han establecido que se los métodos empleados por los funcionarios de Gendarmería han sido contrarios al derecho, que hubo infracciones del deber ciudadano y que los procedimientos han excedido a lo racionalmente requerido para la mantención y restablecimiento del orden en los penales, contraviniendo la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes.

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