El pasado martes 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la ratificación de la Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales de la Unesco, que data de 1970.
De este modo, Chile se convirtió en el país número 127 que suscribe el principal instrumento jurídico internacional para impedir el robo y saqueo de objetos patrimoniales.
La convención debería colaborar en la labor que desarrolla desde hace cuatro años la Mesa de Trabajo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, convocada por la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales.
La instancia ha permitido que más de 400 funcionarios públicos, especialmente aduaneros y policiales, hayan sido capacitados sobre las normas locales e internacionales actuales, el modo de identificar bienes culturales protegidos y las formas adecuadas de conservación, entre otros puntos.
Según el director transitorio de la Dibam, Alan Trampe, con la ratificación “saldamos una deuda como país, decimos que estamos por la lucha contra este flagelo brutal, que quizás la opinión pública no alcanza a dimensionar. Chile dice que trabajará para evitar esto y es una señal muy importante. A nosotros nos pasaba que íbamos a reuniones internacionales y todo el mundo sabía que estábamos trabajando bien, pero nos preguntaban por qué no ratificábamos. Tiene que ver con una respuesta comunicacional a los otros países, sobre la bandera que estamos levantando”.
“Por otra parte, internamente, se genera un espacio más propicio para establecer líneas de acción más permanentes y sistemáticas; eventualmente, conseguir mayores recursos para trabajar estos temas; y también darle un respaldo institucional, por ejemplo, a la mesa de trabajo que tenemos. Todo eso tendrá otro peso cuando los representantes de ministerios, organizaciones que participan, entiendan que tenemos un paraguas de aprobación. Debería facilitar el trabajo y mejorar las condiciones para desarrollarlo”.
¿Por qué nos demoramos tanto en ratificar esta Convención?
Muchas de estas convenciones no son ratificadas inmediatamente por los países y en el caso de Chile, tiene que ver con la comprensión conceptual del tema, que fue avanzando. Hemos ido tomando conciencia sobre los temas patrimoniales en los últimos 20 años, esto no era tema antes. Y otro elemento que quizás hizo que esta convención no fuese bien entendida tenía que ver con el temor a que, al ratificarla, esto significara que Chile tuviese que devolver patrimonio de otros países que estaba acá o de colecciones privadas. Lo que es curioso, porque siempre se dijo que estas convenciones no son retroactivas, funcionan desde el momento en que los países las ratifican. Todo lo que haya pasado para atrás no está dentro de su marco.
En muchos momentos estuvimos a punto y por distintas razones no se resolvió, pero lo importante es que Chile ya entra a formar parte de los países que la han ratificado. Esto no quiere decir que Chile no haya estado trabajando en la prevención del tráfico ilícito hace bastante tiempo, pero ratificarla da cuenta de una formalidad. Como país nos comprometemos a nivel internacional. Había una deuda del país en este tema, independiente de las acciones que hace más de una década se han realizado, que han sido bastante efectivas.
Para la gente que trabaja en este ámbito, esto consolida un trabajo y pone un nuevo punto de partida para pensar cómo vamos a instrumentalizar que esta convención funcione.
¿Por qué es tan grave el tráfico de bienes patrimoniales? ¿Qué tipo de objetos afecta?
Es un universo muy variado y diverso. Está el tráfico de armas, el de drogas y luego viene el de bienes patrimoniales. O sea, es un movimiento ilegal inmenso, que mueve una cantidad de dinero increíble. Se habla de seis mil millones de dólares al año, es muy fuerte.
En Chile, afortunadamente, por nuestra condición un poco insular, no nos ha tocado vivir esto tan fuerte como otros países. Si uno piensa en Latinoamérica, Centroamérica es un lugar donde hay un movimiento muy grande de objetos arqueológicos; y Perú tiene patrimonio y sitios arqueológicos que son muy difíciles de cuidar. Uno de los mayores temas es el huaqueo, la gente que va y recoge cosas. Hay montones de lugares que han sido atacados ni siquiera por décadas, sino por siglos.
Eso tiene que ver con que existe un mercado, es decir, gente dispuesta a pagar mucho dinero por esto. En ese sentido, al igual que las armas y drogas, hay que hacer un trabajo muy grande de prevención, porque mientras no disminuyas la demanda, es difícil que disminuyan estas redes. Para muchas personas, que quizás no tienen recursos, encontrar objetos arqueológicos y venderlos a un buen precio es una manera de sobrevivir, aun cuando la cadena de valor es muy injusta, porque les pagan tres chauchas y después eso se vende en millones de dólares.
Es brutal, porque hablamos de bienes que en muchos casos son representativos de identidades locales. Si te roban un par de zapatos, puedes comprarlos de nuevo, pero si te roban las únicas fotos de tus abuelos, no hay dinero que recompense eso. O sea, hay un valor que tiene que ver con la memoria e identidad y cuando pasan estas cosas, los países pierden parte de su espíritu. En ese sentido, es muy fuerte.
No solo hablamos de restos arqueológicos.
De todo. Podría ser pintura moderna y colonial, objetos de liturgia religiosa, instrumentos musicales, restos arqueológicos, objetos históricos, mobiliario.
Pensando en la Convención, entonces, ¿a qué tipo de objetos afecta?
Uno de los temas que la Convención recomienda, pero es muy difícil, es el registro y la identificación. Tenemos que tener inventario de las cosas que creemos importantes. Todos los museos deberían tener inventarios con fotografías de sus objetos. Eso es parte del trabajo que hay que hacer.
Lo que vamos definiendo como bienes patrimoniales tiene que ver con el valor que le dan las personas y comunidades. Hay patrimonios que son nacionales, como lo que está en el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, pero también surgen otros patrimonios que dan cuenta de cuestiones más específicas. En una iglesia de Chiloé puede haber un santo que ni siquiera sea tan antiguo, pero que tiene un valor relevante para la comunidad. Es una tarea muy grande, pero como país hemos avanzando.
¿Hay algún tipo de bienes más afectado en Chile?
Hemos sido un pasillo para el movimiento de cosas. Tenemos un convenio de colaboración con Perú, tenemos acuerdos binacionales para la restitución y comunicación y en todos estos años se han identificado cientos de objetos en aduanas chilenas, en contenedores en Valparaíso, que iban saliendo y se han restituido a Perú, por ejemplo.
Chile se ha visto beneficiado también. Hace años volvió una momia chinchorro que se había comprado en Suiza. También hay un caso del esqueleto de un ave gigantesca que se sacó de la zona de Bahía Inglesa, que tiene restos paleontológicos muy importantes, y fue comprado en Frankfurt. En un museo de allá lo identificaron, se hicieron las gestiones y hoy está en el Museo de Historia Natural. A lo que voy es que también hay una red de buena voluntad, de personas que entienden que estas cosas son importantes y hay una cadena de colaboración. Eso se ha mantenido más allá de la formalidad de las legislaciones, porque si la gente no dice nada, es muy difícil. Por eso también es importante que los medios de comunicación informen el robo o pérdida de este tipo de cosas. Si te robas algo y todo el mundo sabe, ¿quién te lo va a comprar? Es más difícil.
Hay robos por encargo, coleccionistas que operan así y en Chile, afortunadamente, no ha sido tan dramático. Más bien tenemos robos por oportunidades. En los museos o instituciones de ese tipo, alguien que ve una oportunidad y lo mete en un bolso, cosas así. Pero cuando se informa, la gente se asusta, porque son objetos tan particulares que se hace difícil ponerlo en el mercado si no tienes una red armada. Por eso el amateur siempre queda un poco perdido en esto.
¿En Chile también hay redes armadas para eso?
No me consta, pero son redes que se mueven por el mundo. O sea, podría llegar gente a buscar algo en particular. Lo importante es cómo hacer que estas convenciones se tornen en acciones prácticas, entonces un tema principal -que tiene que ver con la prevención- es la información y educación.
Tenemos mesas de trabajo y capacitación para personal de Aduanas, que también ha tomado medidas especiales para identificar los objetos, lo cual es difícil, porque no todo el mundo puede identificar un original, una réplica o una artesanía, por ejemplo. La PDI creó una brigada especial hace años y también se han publicado manuales y folletos. Además, hemos hecho seminarios, talleres y conferencias con expertos extranjeros que han contado sus experiencias. También está la Lista Roja, donde se publican imágenes y datos de objetos robados y perdidos, lo que ayuda a que la gente esté más atenta en la búsqueda.
En Chile es un tema poco conocido, ¿sucede así también en otros países o es un problema local?
Tiene que ver con la envergadura de los eventos. Hay países donde esto sucede más seguido o ha habido casos emblemáticos que generan una sensibilidad. En Chile no ha sido tan así, pero en los últimos diez años se ha avanzado mucho, hay mucha más gente en niveles profesionales y políticos y en la sociedad en general que entiende. Sin duda, hoy todos los temas vinculados al patrimonio son de alta sensibilidad.