Una nueva polémica se desató al interior del gobierno. El problema, otra vez, recae en el círculo íntimo de la Presidenta Michelle Bachelet. Abiertamente se ha criticado la relación laboral de Margarita Soto Acevedo (madre de Natalia Compagnon, por lo tanto consuegra de la mandataria) con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

El cuestionamiento recae al veloz ascenso en el salario de la funcionaria. Esto porque en 2010 (dos meses antes del término del primer mandato de Michelle Bachelet) comenzó su trabajo en la institución con un sueldo cercano a los 700 mil pesos. El que en marzo de 2014 registró un un aumento que lo dejó en poco más de un millón de pesos y, en enero de 2015, un total de dos millones 274 mil 701 pesos, según datos revelados por los registros de Transparencia, indicó La Tercera.

La defensa vino desde el seno del Palacio. En horas de la tarde, el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, indicó que la Junji es un organismo descentralizado y defendió que la situación contractual de Margarita Soto sería “regular”, porque trabaja hace ocho años en la institución, “tres gobiernos, y los funcionarios tienen un conjunto de bonos y asignaciones conforme los Directorios y la Presidenta de Junji determinan”.

En tanto, desde la Dirección Nacional de la Junji, emanó un comunicado donde se afirma que “no ha habido ningún trato especial a la funcionaria Margarita Soto Acevedo”, quien trabaja desde el 2007 en el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).

El organismo indicó que el último salario (por más de dos millones de pesos) corresponde al pago de la diferencia del aumento de grado obtenido, donde su ingreso aumentó de 652 mil a casi un millón 200 mil pesos. Sin embargo, continúan las críticas en las redes sociales al ver que la funcionaria dobló sus ingresos vía decreto.

Otro de los puntos sobre los que se han centrado las críticas es la calificación profesional de la madre de Natalia Compagnon. La consuegra de la Presidenta sólo cuenta con calificación profesional de educación media completa, sin embargo, pasó de desempeñarse como funcionaria administrativa del nivel central de la Región Metropolitana al rango de “profesional por decreto de expertiz” en la Dirección Nacional de la entidad.

Por su parte, la Nueva Mayoría resintió el impacto. El vocero del conglomerado, el presidente del partido Radical, Ernesto Velasco, sostuvo que la política es clara “frente a una misma función un mismo salario”. Más crítico fue Alejandro Navarro, presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), quien afirmó que las aristas del Caso Caval están dañando fuertemente al gobierno.

“El Caso Caval se ha transformado en un cuento de nunca acabar, una caja de sorpresas. Los antecedentes hay que conocerlos más en detalle, saber si se ha producido un alza de sueldo o de rango que no tenga legalidad, ese es un tema, pero el juicio ciudadano no está sólo sobre la legalidad, sino que también sobre la moralidad. Por lo tanto, afirmó, el Gobierno en su conjunto, los partidos, la política, tienen que introducir este factor y no apegarse sólo a la legalidad. Si seguimos en esta, la verdad es que esto va a ser una crisis terminal”.

Navarro añadió que se ha instalado la idea de que todos los que están en el Gobierno están para aprovecharse y le pidió “que revise, que evalúe, que se anticipe y que no tengamos una sorpresa casa lunes”.

“En apariencia, hay un apitutamiento sin justificación, lo que en medio de una crisis de credibilidad, viene a ser un duro y severo golpe”, señaló pidiendo que se “cuide más a la Presidenta”.

Por su parte, Michelle Bachelet reiteró su compromiso con la transparencia: “Aquí no hay dos miradas, vamos a colaborar en todo lo que se necesite para que sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes. Aquí no hay ciudadanos de primera ni de segunda, frente a la justicia somos todos iguales”, dijo en un discurso en el cuartel de bomberos.