Esta semana el equipo jurídico de Chile y el canciller Heraldo Muñoz se reúnen con Presidenta Bachelet. Esto cuando entre el cuatro y el siete de mayo comenzará la revisión de las objeciones preliminares, la que comenzará con las revisiones de argumentos de nuestro país, toda vez que Chile decidió impugnar la competencia del tribunal internacional aduciendo que el alegato de Bolivia está resuelto en el tratado de Paz y Amistad de 1904 que fija los límites entre ambos países.
Sin embargo, Bolivia sitúa su demanda en otra lógica que es la de “los actos unilaterales del Estado” y que apunta a la obligación que Chile habría adquirido a través de distintas conversaciones desarrolladas por sus representantes, en distintos momentos de la historia, donde habría prometido brindar una salida soberana al mar a Bolivia.
Así comienza la segunda demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciada poco después de que el tribunal fallara en la demanda peruana por límites marítimos. La abogada y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat explicó las principales diferencias con la demanda peruana y lo que está en juego en este caso.
“En la controversia entre Perú y Chile, lo que Perú nos planteaba es que no existía un límite en el mar acordado entre las partes. En este caso, en el de Bolivia contra Chile, lo que Bolivia está pidiendo en definitiva es que Chile negocie una salida soberana al pacífico, lo que implica cesión de territorio. Ésa es la diferencia. Aunque se dice ‘demanda marítima’ en realidad es una demanda por territorio”, afirmó.
Vale señalar que Bolivia, entre sus argumentos, ha expuesto que Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y ciento veinte mil kilómetros de territorio en la Guerra del Pacífico. La merma que implica para ellos la falta de salida al mar, aduciendo que limita su crecimiento y lo condena al subdesarrollo, lo ha plasmado en “El Libro del Mar” y lo ha expuesto también a la opinión internacional en distintos foros y encuentros.
Bajo una nueva presidencia, en manos del juez franco Rony Abraham, la corte tendrá tres días para revisar los argumentos y de allí comenzará su análisis. Hay tres opciones: que se declare incompetente, que se declare competente o sostener que la objeción planteada por Chile no tiene un carácter completamente preliminar, o sea, que está muy ligada al fondo de la demanda, con lo que decidiría al final del proceso jurídico su competencia.
Para la abogada esta última opción está dentro de las posibilidades y, en ningún caso, tendría que entenderse como una derrota, porque, a su juicio significaría que Chile ha logrado trasmitirle que el asunto no es como Bolivia lo está planteando, sino que hay una cuestión muy importante a considerar, que es el tratado.
Pero por sobre lo que suceda en lo jurídico, los analistas miran el proceso y sus impactos en las relaciones bilaterales. Para Paz Milet, analista internacional de la Universidad de Chile e integrante del Consejo Consultivo de la Cancillería, la revisión de este caso en la Corte pone sobre la mesa también la vía de trabajo conjunto y eventual cooperación entre países vecinos.
“La llegada a La Haya da una oportunidad para plantear un tema jurídico, que es el deseo de Bolivia de una salida soberana al Pacífico, pero más allá de eso, todo depende de la voluntad política de ambos Estados, de seguir trabajando en una lógica de una relación que es muy fecunda, que tiene una agenda muy amplia y donde podría trabajarse en otras líneas de acción. Más allá de La Haya son países vecinos, que tienen intereses comunes”, afirmó.
Recordemos que a raíz de la exposición de su caso ante foros internacionales, la llamada “agenda de los 13 puntos” entre Chile y Bolivia quedó detenida.
En ese marco es que Chile se comprometió a cumplir con lo que decrete el Tribunal Internacional y pidió a Bolivia a hacer su parte “sin evasivas”. En tanto, el presidente Evo Morales afirmó que su país es muy respetuoso de las recisiones de la Corte.
Se espera que el proceso se extienda por lo menos seis meses, es decir que no habría novedades antes de octubre.