Con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones se aprobó el proyecto que modifica la ley veinte mil, que legaliza el auto-cultivo de cannabis para el consumo privado, además de despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales.
La discusión de este martes no estuvo exenta de polémicas. El diputado del Partido Liberal, Valdo Milosevic, uno de los autores del texto, explicó que ésta es la “mejor opción de combatir el tráfico, porque el prohibicionismo es el mejor aliado del narcotráfico”. El beneficio a la salud y las libertades individuales, fueron los otros dos argumentos defendidos por el parlamentario.
Sobre este último aseguró que “cada quien puede determinar sobre los riesgos con respecto a su propio cuerpo. La sociedad no tiene ningún interés legítimo de intervenir en ese espacio de soberanía individual”.
Justamente el narcotráfico fue el argumento de los opositores del proyecto, quienes temen que esta ley fomente la comercialización ilegal y el consumo por parte de niños y adolescentes en colegios o liceos. El diputado de Renovación Nacional Carlos Jarpa indicó que con esta modificación “se está metiendo todo en el mismo saco”.
“Yo no voy a permitir que mi voto ampare a los narcotraficantes del país, y les voy a decir algo, hoy los traficantes con ley o sin ley, van a seguir traficando igual por la alta rentabilidad que tienen estos productos”. Asimismo aseguró está de acuerdo con el uso medicinal de la cannabis, pero solo con ese punto.
Diversos parlamentarios denunciaron la ausencia del Gobierno en la discusión. El diputado radical Alberto Robles le solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministerio de Salud incorporarse al debate. También llamó al Ministerio del Interior a comprender que la política anti-delincuencia no puede pasar por una política anti-consumidores de cannabis.
Las autoridades han expresado dudas ante la medida, de hecho el ministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que, si bien, la iniciativa es legítima, la discusión debe realizarse “con mucho cuidado para no dar señales equívocas respecto del tráfico ilegal de drogas en el país”.
Pese a esto, Ana María Gazmuri de Fundación Daya aplaudió “la sensatez” de los parlamentarios, mientras Claudio Venegas editor e integrante del directorio de Revista Cáñamo, vio la aprobación como “un triunfo del trabajo de las organizaciones ciudadanas” cuando esta discusión no existía hace tres años atrás.
El texto pasaría a segundo trámite en la Cámara Alta para someterse a una nueva revisión, ante lo que algunos parlamentarios ya están pidiendo que el Gobierno le ponga suma urgencia.
Con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones se aprobó el proyecto que modifica la ley veinte mil, que legaliza el auto-cultivo de cannabis para el consumo privado, además de despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales.
La discusión de este martes no estuvo exenta de polémicas. El diputado del Partido Liberal, Valdo Milosevic, uno de los autores del texto, explicó que ésta es la “mejor opción de combatir el tráfico, porque el prohibicionismo es el mejor aliado del narcotráfico”. El beneficio a la salud y las libertades individuales, fueron los otros dos argumentos defendidos por el parlamentario.
Sobre este último aseguró que “cada quien puede determinar sobre los riesgos con respecto a su propio cuerpo. La sociedad no tiene ningún interés legítimo de intervenir en ese espacio de soberanía individual”.
Justamente el narcotráfico fue el argumento de los opositores del proyecto, quienes temen que esta ley fomente la comercialización ilegal y el consumo por parte de niños y adolescentes en colegios o liceos. El diputado de Renovación Nacional Carlos Jarpa indicó que con esta modificación “se está metiendo todo en el mismo saco”.
“Yo no voy a permitir que mi voto ampare a los narcotraficantes del país, y les voy a decir algo, hoy los traficantes con ley o sin ley, van a seguir traficando igual por la alta rentabilidad que tienen estos productos”. Asimismo aseguró está de acuerdo con el uso medicinal de la cannabis, pero solo con ese punto.
Diversos parlamentarios denunciaron la ausencia del Gobierno en la discusión. El diputado radical Alberto Robles le solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministerio de Salud incorporarse al debate. También llamó al Ministerio del Interior a comprender que la política anti-delincuencia no puede pasar por una política anti-consumidores de cannabis.
Las autoridades han expresado dudas ante la medida, de hecho el ministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que, si bien, la iniciativa es legítima, la discusión debe realizarse “con mucho cuidado para no dar señales equívocas respecto del tráfico ilegal de drogas en el país”.
Pese a esto, Ana María Gazmuri de Fundación Daya aplaudió “la sensatez” de los parlamentarios, mientras Claudio Venegas editor e integrante del directorio de Revista Cáñamo, vio la aprobación como “un triunfo del trabajo de las organizaciones ciudadanas” cuando esta discusión no existía hace tres años atrás.
El texto pasaría a segundo trámite en la Cámara Alta para someterse a una nueva revisión, ante lo que algunos parlamentarios ya están pidiendo que el Gobierno le ponga suma urgencia.
Con 68 votos a favor, 39 en contra y cinco abstenciones se aprobó el proyecto que modifica la ley veinte mil, que legaliza el auto-cultivo de cannabis para el consumo privado, además de despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales.
La discusión de este martes no estuvo exenta de polémicas. El diputado del Partido Liberal, Valdo Milosevic, uno de los autores del texto, explicó que ésta es la “mejor opción de combatir el tráfico, porque el prohibicionismo es el mejor aliado del narcotráfico”. El beneficio a la salud y las libertades individuales, fueron los otros dos argumentos defendidos por el parlamentario.
Sobre este último aseguró que “cada quien puede determinar sobre los riesgos con respecto a su propio cuerpo. La sociedad no tiene ningún interés legítimo de intervenir en ese espacio de soberanía individual”.
Justamente el narcotráfico fue el argumento de los opositores del proyecto, quienes temen que esta ley fomente la comercialización ilegal y el consumo por parte de niños y adolescentes en colegios o liceos. El diputado de Renovación Nacional Carlos Jarpa indicó que con esta modificación “se está metiendo todo en el mismo saco”.
“Yo no voy a permitir que mi voto ampare a los narcotraficantes del país, y les voy a decir algo, hoy los traficantes con ley o sin ley, van a seguir traficando igual por la alta rentabilidad que tienen estos productos”. Asimismo aseguró está de acuerdo con el uso medicinal de la cannabis, pero solo con ese punto.
Diversos parlamentarios denunciaron la ausencia del Gobierno en la discusión. El diputado radical Alberto Robles le solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet y al Ministerio de Salud incorporarse al debate. También llamó al Ministerio del Interior a comprender que la política anti-delincuencia no puede pasar por una política anti-consumidores de cannabis.
Las autoridades han expresado dudas ante la medida, de hecho el ministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que, si bien, la iniciativa es legítima, la discusión debe realizarse “con mucho cuidado para no dar señales equívocas respecto del tráfico ilegal de drogas en el país”.
Pese a esto, Ana María Gazmuri de Fundación Daya aplaudió “la sensatez” de los parlamentarios, mientras Claudio Venegas editor e integrante del directorio de Revista Cáñamo, vio la aprobación como “un triunfo del trabajo de las organizaciones ciudadanas” cuando esta discusión no existía hace tres años atrás.
El texto pasaría a segundo trámite en la Cámara Alta para someterse a una nueva revisión, ante lo que algunos parlamentarios ya están pidiendo que el Gobierno le ponga suma urgencia.
