Burgos-Villalobos: la dupla en seguridad que preocupa a las organizaciones

Duros cuestionamientos recibió el nombramiento de Bruno Villalobos como el próximo general director de Carabineros, vinculado a episodios como el Caso Bombas, el del pakistaní Saif Khan y de las escuchas ilegales a políticos chilenos. Activistas, abogados y políticos lamentan que la policía no enmiende un rumbo, que podría incrementar la represión hacia el movimiento social.

Duros cuestionamientos recibió el nombramiento de Bruno Villalobos como el próximo general director de Carabineros, vinculado a episodios como el Caso Bombas, el del pakistaní Saif Khan y de las escuchas ilegales a políticos chilenos. Activistas, abogados y políticos lamentan que la policía no enmiende un rumbo, que podría incrementar la represión hacia el movimiento social.

El general inspector Bruno Villalobos Krumm (56), que reemplaza a Gustavo González Jure, asumirá sus funciones el 8 de septiembre de este año, según confirmó el ministro del Interior, Jorge Burgos.

Actualmente, se desempeña como director de Inteligencia Nacional, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, oficina que se creó luego del “Bombazo” en la estación de Metro Escuela Militar, donde se decidió establecer esta división.

Antes de esto, estuvo a cargo de la jefatura de la Zona Metropolitana, se desempeñó como director de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) y como jefe de escolta de Michelle Bachelet en su primer mandato, función que ejerció hasta 2007.

Sin embargo, el currículum del uniformado suma algunos casos complejos: estuvo en la indagatoria del montaje del Caso Bombas, la persecución del ciudadano pakistaní Mohammed Saif Khan y posteriormente en las escuchas ilegales a políticos.

Sobre esto último, el diputado independiente Gaspar Rivas reclamó al Gobierno por no tomar la decisión, a su juicio, más adecuada.

“Qué señal le estamos estregando a los chilenos en una época en que esos mismo chilenos y chilenas están exigiendo transparencia, probidad y un mejor manejo del aparato público”, emplazó el diputado Rivas, agregando que “me parece que si estamos exigiendo a los presidentes de partidos que den un paso al costado por facturas truchas, por entelequias armadas para burlar la ley, lo más lógico en este caso es aplicar lo mismo en el nombramiento de funcionarios que se van a hacer cargo de la seguridad nacional”.

Más allá fue el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román, que describió el vasto trabajo contra la disidencia que este general ha realizado. Además, mostró su preocupación por la coordinación que pueda tener con el Ministerio del Interior.

“No sé si sorprende, la sorpresa está dada de momento en que uno dice ‘la dupla Villalobos-Burgos probablemente sea de temer’. Y en este segundo tiempo lo que se avizora es un tiempo altamente represivo”, advirtió.

Mientras, los familiares de Rodrigo Avilés, estudiante herido gravemente por las Fuerzas Especiales de Carabineros el pasado 21 de mayo, confirmaron sus preocupaciones: el cambio en el Alto Mando se realizó sin un informe definitivo sobre las responsabilidades de la institución en el caso.

Sin embargo, el padre de Rodrigo, Félix Avilés, también expresó su inquietud por una línea que, en su opinión, Carabineros parece no querer modificar.

“De los antecedentes que hemos podido recabar, no tengo certezas pero sí una aproximación, es que el general Villalobos ha sido partícipe de hechos que han sido lamentables y que tienen que ver con la falta del respeto institucional a la dignidad humana y al valor de la vida”, lamentó.

Según información no confirmada que detalló Avilés, Villalobos habría estado la noche del 20 de mayo en Valparaíso, coordinando la actuación de Carabineros de cara a las manifestaciones del día siguiente en la ciudad puerto. Igualmente hace poco en el norte, previo a las manifestaciones que terminaron con la muerte de Nelson Quichillao, trabajador contratista que murió al recibir el disparo de un funcionario de esa institución.

A esta preocupación de un eventual incremento en la represión policial, se suma la posibilidad de que se establezca el control preventivo de identidad, en el marco de la discusión de la agenda antidelincuencia que se realiza en el Congreso.





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