La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones comenzó su trabajo en abril de 2014. Se trata de 25 expertos encabezados por el economista David Bravo.

La entrega de su informe quedó fijada, originalmente, para enero de este año. Sin embargo, la compleja situación política del Gobierno significó que se aplazara. La nueva fecha para conocer sus propuestas, según propios integrantes de la Comisión, será durante la primera semana de septiembre.

Desde entonces, el escenario político del Gobierno no ha mejorado. Hoy, la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet alcanza apenas un 25 por ciento, mientras que su rechazo se eleva a un 70 por ciento. Y si se trata de la evaluación del Gobierno, la situación es aún peor.

Por ello, considerando los bajos niveles de confianza y credibilidad en el Ejecutivo, no son pocos los que anticipan un complejo panorama en caso de que se recoja la propuesta que entregaría la “Comisión Bravo” sobre aumentar la edad de jubilación. A esto, además, podría sumarse un incremento del monto de las cotizaciones en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Un nuevo gran negocio para las AFP, pero en ningún caso para los trabajadores”, plantea el diputado DC René Saffirio, para quien el objetivo debiese ser la modificación sustancial del sistema de pensiones.

Según el parlamentario, la medida sería un gran error de Michelle Bachelet, con graves consecuencias políticas y sociales, al considerar que no se puede seguir entregando más recursos al mismo sistema sin garantizar el mejoramiento de las pensiones.

“Políticamente aumentar la edad de jubilación y mantener el sistema de aportes actuales a las AFP es más de lo mismo. Sería borrar con el codo lo que escribió con la mano. Y francamente no creo que lo haga, porque generaría un descontento social tan grande, producto de la indignación que existe con los abusos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Las utilidades que está teniendo el sistema para sus propietarios son tan escandalosas, como escandalosas son por su pobreza las pensiones”, sentencia el diputado.

Tal como plantean desde el interior de la Nueva Mayoría, hacer propia la medida de aumentar la edad de jubilación podría transformarse en una mala jugada. Un tremendo error, incluso. Esto, porque podría ser percibido como un traspaso de la responsabilidad a las personas, así como una falta de compromiso del Estado. Una suerte de contradicción con las promesas de campaña de la Mandataria, que apuntaban al resguardo de los ciudadanos.

Al igual que Saffirio, la diputada socialista Denise Pascal también integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Su argumento radica en que si no existen las condiciones políticas para modificar el sistema de pensiones, “me parece bien una fórmula para aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. ¿Por qué no tener la misma relación de equidad respecto de la jubilación de los hombres?”.

Sin embargo, también identifica los obstáculos. “Políticamente no cabe dudas que traería consecuencias. Habrá personas y mujeres en particular que se opondrán. Hoy la gente jubila y sigue trabajando, porque la jubilación significa alrededor de un 60 por ciento de lo que se recibe de sueldo. Entonces la gente igual tiene que seguir trabajando. Yo creo que se puede volver una medida impopular”.

Desde el PPD, el diputado Tucapel Jiménez si bien reconoce que se trata de un escenario hipotético, anticipa que no es la mejor solución. Y es que su preocupación no es sólo si se sube o no la edad para jubilar. También es fundamental que los empleadores aporten a las jubilaciones de los trabajadores, así como cobrar menos comisiones y bajar las expectativas de vida.

Pero si se trata de anticiparse a la postura del Gobierno sobre la propuesta de extender el tiempo de vida laboral, su visión es clara. “No creo que la vaya a recoger, porque no creo que sea lo más popular ni la solución al problema. Esto no se va a solucionar solamente con un aumento de la edad. Independiente de eso siempre he dicho que hoy a las personas no les importaría tanto aumentar un año o un par de años la edad de jubilación, siempre que se les garantizara una pensión digna”.

Así mismo, espera “que la propuesta de la ‘Comisión Bravo’, después de haber desarrollado tantas audiencias, entregue ideas que sean acordes con lo que los chilenos necesitan”.

El convencimiento de que el propósito de esta Comisión es mantener intacto el actual modelo previsional se ha instalado en varios ámbitos.

Así lo plantean, por ejemplo, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), donde convocaron para esta semana a diversas movilizaciones a nivel nacional.

Su presidente, Esteban Maturana, explica que el objetivo es rechazar las conclusiones del informe por “apuntar a mantener el modelo de capitalización individual”. Por ello, asegura que la principal necesidad es enfocarse en el tema de fondo, es decir, el modelo de previsión existente en Chile.

“La propuesta de reforma al sistema previsional no es más que mantener lo mismo, con algunos maquillajes, como ya se realizó en la primera administración de Michelle Bachelet. Por ende, no apuntar a los temas de fondo, porque eso significa afectar los negocios que financian la política. La política y los negocios en Chile se llevan muy bien”, concluye.

Un complejo escenario para el Gobierno, en el que nombres como los de Ricardo Lagos y José Miguel Insulza se han vuelto a instalar en los alrededores de La Moneda. Incluso dentro y en ausencia de la propia Presidenta.

¿Otro antecedente? Este lunes se realizó una comida en la casa del presidente de la DC, senador Jorge Pizarro, con los demás jefes de partido de la Nueva Mayoría. Nuevamente sin la participación de Michelle Bachelet.