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Año XIV, 23 de mayo de 2022

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Colusión abre debate sobre sanciones y relación público-privada

Expertos valoraron las sanciones que el Parlamento está legislando para evitar nuevas situaciones de este tipo, sin embargo, ponen el acento en generar castigos aún más disuasivos, así como la necesidad de que el Estado regule de manera eficaz la relación público-privada.

Gonzalo Castillo

  Sábado 14 de noviembre 2015 10:12 hrs. 
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El reciente destape de un nuevo caso de colusión, como el de las papeleras CMPC y SCA, y las sanciones que desde el Parlamento se están tramitando para futuras situaciones similares, abrió el debate entre expertos sobre la eficacia de dichas sanciones como también la necesidad de que, por extensión, se regule de mejor manera la relación entre los actores privados y el Estado.

Para el ex integrante de la Comisión Engel y director de Fundación Multitudes, Álvaro Castañón, las sanciones que están legislando en el Congreso para combatir la colusión empresarial, como es el caso de las penas de cárcel para este tipo de delitos, sí podrían generar los incentivos reales para que esta práctica se termine.

No obstante, planteó la necesidad de regular la delación compensada, ya que para los jueces es de difícil aplicación, y se expresa en situaciones como cuando las causas pasan desde la justicia económica a la penal, y los tribunales ordinarios terminan dictando penas que pueden ir desde las clases de ética, hasta medidas cautelares más duras, como fue el caso de Hugo Bravo en el proceso contra el Grupo Penta.

Castañón plantea también que para hacer efectivas las penas de cárcel, en estos casos, hay que limitar las atenuantes para las sanciones penales, y recordó el caso de Enron en Estados Unidos, cuando “hubo ejecutivos que por temor a las sanciones, se suicidaron”, y también llamó a avanzar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque “hoy día los ejecutivos se están escudando en la personalidad jurídica para poder cometer ciertos actos ilícitos, y el sistema lo permite, porque, para ciertos aspectos, la persona jurídica no existe”.

“Recién hoy día se está discutiendo, y la Comisión Engel también hizo recomendaciones en torno a sancionar a las personas jurídicas, ya sea con la cancelación de la sociedad, o con una cierta capacidad para ser sometida a juicio (…) No puede suceder que, al final del día, por una mala actividad de la persona jurídica o una empresa, que sean unos pocos ejecutivos y unos pocos directores los que paguen y la empresa sigue tal cual”.

Por otro lado, el director de Fundación Multitudes señaló que si las actividades productivas y económicas, en general, están confiadas a los privados, lo mínimo es que el Estado tenga una responsabilidad de regulación y protección de las personas: “Responsabilidad que hoy día no tiene, ni está cumpliendo. Existen sectores fuertemente regulados que los vemos involucrados en un caso Penta, claramente ahí el sistema falla. Hay sectores en donde las empresas, producto de la concentración económica, tienen un dominio total de la vida de las personas y de cómo mueven la economía, y tampoco se regula. Ahí el modelo tiene que perfeccionarse (…) por eso estamos promoviendo una reforma para extender la Ley de Transparencia a las empresas que se vinculan con el Estado”.

El abogado de la Universidad de Chile e Investigador Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP) Renato Garín, coincidió con Castañón en que es necesario regular y precisar los roles tanto de la Fiscalía Nacional Económica como el Ministerio Público para este tipo de casos: “A mí no me convence tener una Fiscalía Nacional Económica tan separada o tan independiente del Fiscal Nacional. Lo inteligente sería abordar todo dentro de una sola matriz político-criminal en materia de libre competencia y para eso hay que tratar de unir, o al menos conectar estas instituciones. No se ha configurado un estándar punitivo económico en Chile”.

Garín además sostuvo no estar muy seguro que la cárcel sea la solución a estos problemas, y ejemplificó con la frase de moda en los 80 y 90: “Para ser millonario en Chile hay que haber pasado un par de noche en Capuchinos”, por lo que planteó que un modelo de sanciones económicas duras puede ser más disuasivo, así como una regulación que obligue a las grandes empresas a desconcentrar su poder y cuotas de mercado.

“Las empresas coludidas deben tener castigos muy serios en su participación futura en el mercado, tal como Microsoft fue obligada en Estados Unidos a vender su catálogo de empresas, yo por ejemplo en Chile trataría, si hay una colusión a este nivel y se ha llegado a porcentajes de mercado tan altos, y esto se relaciona con lo que estamos viendo con el caso de Transbank, Chile debería hacerse más defensor de políticas de descompresión de monopolios, que el establecimiento de responsabilidades penales de las personas jurídicas involucradas”.

Finalmente, para Renato Garín, la forma de poder cortar la posibilidad de que los grandes grupos económicos puedan cooptar el aparato estatal, pasa por potenciar la Ley de Lobby, cerrar la puerta giratoria entre el Estado y la empresa privada, como los casos de Rafael Guilisasti quien del Consejo de Corfo a SQM, Pedro Pablo Errázuriz quien de ministro de Transportes pasó a asociarse con la empresa controladora del operador del Transantiago Subus, entre otros.

Para Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol, la colusión así como los oligopolios, como es el caso de CMPC y SCA, son inherentes al sistema capitalista por lo que no se trataría de una “aberración”, por esta misma razón, Durán plantea que “si nos molestan tanto las colusiones, vemos de que cada vez las concentraciones de mercado hacen que debamos pagar precios muy por encima lo que deberían ser. Entonces uno tendría que cuestionar el sistema capitalista”.

El economista de Fundación Sol sostiene, en este sentido, que las medidas que se puedan tomar para combatir la colusión sólo serían “diques de contención”, pero que no serían la solución de fondo: “Hay casos que se han mencionado, por ejemplo el hecho que las empresas que son identificadas como empresas que se coluden, finalmente pierden su calidad de empresa, que es una sanción bastante fuerte, porque si tú pillas que esta empresa de los papeles higiénicos se coludió, y es comprobado, como lo que sucedió ahora, esa empresa debería desaparecer, entonces ahí la persona que está llevando a cabo esas colusiones lo va a pensar dos veces antes de hacerlo de nuevo”.