Diario y Radio U Chile

Año XII, 30 de octubre de 2020

Escritorio MENÚ

Ley de Pesca: Gobierno evita el tema y parlamentarios exigen cambios profundos

Los cuestionamientos apuntan a su deslegitimidad, producto de la manera irregular en la que se habría legislado. Además, a los perjuicios que ha generado, desde su promulgación en 2013, tanto al Estado como a los pescadores artesanales. Incluso, sectores que exigen su derogación. Es la llamada “Ley Longueira” y su relación con el caso Corpesca.

Fernando Seymour D.

  Jueves 26 de noviembre 2015 21:00 hrs. 
Ley de Pesca





¿Qué tienen en común los senadores UDI Jaime Orpis y PS Fulvio Rossi, además de la ex diputada gremialista Marta Isasi y el ex ministro de Economía Pablo Longueira? Su vinculación con el denominado “Caso Corpesca”.

Y es que luego que se conociera que el histórico “coronel” de la UDI deberá declarar ante el Fiscal Nacional, Sabbas Chahuan, en condición de imputado –a propósito de boletas que emitieron sus cercanos a dicha empresa, en el contexto de las investigaciones por irregularidades en el financiamiento de campañas políticas–, la arista política respecto de la cuestionada Ley de Pesca cobra relevancia nuevamente.

Ley de Pesca que incluso fue conocida en su momento como “Ley Longueira”, tramitada y aprobada en 2013 precisamente mientras el ex senador gremialista se desempeñaba como ministro de Economía, durante el gobierno de Sebastián Piñera. La particularidad es que de este Ministerio depende la Subsecretaría de Pesca.

“Ya era hora de que vayan los peces gordos a la Justicia, que citaran a los próceres, los que están encabezados por el ex ministro Pablo Longueira”. Las palabras de satisfacción son del vocero del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Hernán Machuca, desde donde se refieren a “una Ley de Pesca corrupta, con cohecho y corrupción”.

“Él fue el que la propició, el que consiguió los votos y el que lideró esta ley que tiene 90 mil pescadores cesantes y caletas que se están sumiendo en la pobreza”, agrega con preocupación.

De hecho, sus cuestionamientos apuntan al actual ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, a quienes acusa de no mostrar ninguna voluntad política para revertir el daño, tal como lo planteó en el programa Semáforo.

“La Comisión de Pesca del Senado sí ha querido hacer modificaciones. Y también se ha planteado que el Gobierno no estaría apostando a apoyar los cambios a la ley que le quiere hacer la Comisión de Pesca del Senado”, detalla el dirigente.

Y agrega: “Digamos las cosas por su nombre. A la Presidenta Michelle Bachelet le ha faltado fuerza para impulsar cambios reales a la Ley de Pesca, principalmente a la gente más necesitada, que es la que votó por ella. Pero bajo el círculo que tiene, siento que es difícil que ocurra”.

Efectivamente, desde la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado se aprobó hace un par de semanas una moción que introduce modificaciones a la actual legislación, propuesta que fue apoyada por la PPD Adriana Muñoz, la DC Carolina Goic y el socialista Rabindranath Quinteros, con el rechazo de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe.

“El proyecto busca modificar profundamente la actual Ley de Pesca, que hoy goza de mucha deslegitimidad y poca solidez”. Así lo advierte Adriana Muñoz, quien como presidenta de la instancia, anticipa que el siguiente paso es la votación en Sala, donde el proyecto podría permanecer bastante tiempo.

“Es un tema que tiene muchos detractores. El artículo primero, que requiere quorum calificado, y que perdimos en la Cámara de Diputados en el año 2012, define el carácter público de los recursos del mar, a través del Estado de Chile. Esperemos que hoy las conciencias estén más avanzadas para que pueda ser aprobado”.

El objetivo de la iniciativa surge principalmente a partir del daño económico que existe para las finanzas del país, así como para los pescadores artesanales. “Buscamos corregir el daño que se ha hecho, aumentar la competencia en el sector pesquero, mejorar los ingresos en el sector público y las condiciones laborales de los trabajadores”, explica la parlamentaria.

¿Por qué no, entonces, derogar la ley? La propia senadora expone sus argumentos sobre los inconvenientes de llegar hasta ese límite. “Si nosotros derogamos y hacemos desaparecer la actual ley, tenemos que entrar en un proceso de definición de una nueva ley. Y mientras eso dura, se generaría un vacío regulatorio peligroso. Quedaríamos sin normas y cualquiera podría capturar lo que quiera”.

Además, advierte que “aunque la ley actual es susceptible de hacerle todos los cambios y hay que modificarla sustantivamente, existen cuestiones permanentes que están reguladas en la ley y que no pueden quedar en desamparo legal o en tierra de nadie”.

Sin embargo, desde la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), su presidente, Francisco Orrego, ha criticado el proceder de los senadores oficialistas por modificar la actual legislación.

Esto, por considerar que se trata de un intento por afectar gravemente el compromiso del Estado con los empresarios y la certeza jurídica que debe existir. Incluso, asegurando que la moción parlamentaria sería inconstitucional.

Por ello, su llamado es que el Senado declare el proyecto como inadmisible, por invadir atribuciones propias del Ejecutivo.

En ese contexto, la propia Adriana Muñoz asegura que los abogados constitucionalistas del Senado ya revisaron el proyecto, sin realizar ninguna observación de admisibilidad, descartando así los cuestionamientos a la labor legislativa, al menos en este caso.

En cuanto al Gobierno, insisten en respetar la arista judicial, a la vez que recordar que fueron los parlamentarios los que aprobaron la actual Ley de Pesca.

De hecho, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, ha sido claro al asegurar que la derogación “sería como volver a la era de las cavernas en el sector”. ¿Su argumento? Los recursos pesqueros quedarían desprotegidos y “todos extraerían todo”.

En ese sentido, la intención del Ejecutivo es esperar los resultados de la evaluación legislativa que se encargó a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los que deberían estar disponibles durante 2016. Recién ahí se estudiaría la posibilidad de introducir modificaciones.

Con esos antecedentes, la molestia entre los diputados cercanos al tema es evidente. “Hasta ahora no conocemos la carta gantt, no sabemos con quién se va a reunir, no sabemos qué piensan, no sabemos si estamos considerados. A nosotros nos sorprendió”.

Las palabras del PPD Cristián Campos, presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, reflejan el malestar que existe por la actitud que ha demostrado el Gobierno respecto de la cuestionada ley. “Hay cosas que debemos modificar y otras que están en tela de juicio. Por lo tanto, también debe existir una posición del Ejecutivo y mayor participación de los distintos actores para tener una mirada más certera de lo que se debe hacer”.

Por ello, su mensaje es categórico. “Espero que el Ejecutivo antes del famoso informe de la FAO envíe una señal de poder discutir, junto al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, una modificación que sea mucho más cercana con los actores, que lo que pueda hacer la FAO”, advierte el diputado, agregando que “mucho de lo que se puede hacer es de exclusiva atribución del Ejecutivo. Hace rato que le enviamos el mensaje de que la Comisión de Pesca está disponible para discutir todos los temas”.

En suma, como establece Hernán Machuca, “una ley que a todas luces, después de dos años y medio de funcionamiento, tiene a un sector profundamente a mal traer y a las siete familias de la industria pesquera muy contentas. En todas las reuniones se ve la alegría que existe en ellas por la ley que les favorece plenamente”.

Por ello, la senadora Adriana Muñoz insiste en que “la nueva ley debe reconocer el carácter público de los recursos del mar. El mar y sus recursos son de todos los chilenos y chilenas”.

“Si hay ánimo para discutir, hagámoslo en serio y considerando a todos los actores. Nos interesa tener una ley de pesca que represente a todos los sectores”, concluye el diputado Cristián Campos.