Los cuestionamientos apuntan a su deslegitimidad, producto de la manera irregular en la que se habría legislado. Además, a los perjuicios que ha generado, desde su promulgación en 2013, tanto al Estado como a los pescadores artesanales. Incluso, sectores que exigen su derogación. Es la llamada “Ley Longueira” y su relación con el caso Corpesca.
