La intención del Gobierno por instaurar la gratuidad en 2016 para la educación superior experimenta avances y retrocesos.

Si bien logró aprobar una glosa presupuestaria para ello, ésta fue impugnada por parlamentarios de derecha en el Tribunal Constitucional (TC). Luego, ha conseguido tramitar rápidamente una ley corta, al menos en la Cámara, faltando aún lo que ocurra este miércoles en el Senado.

Sin embargo, la incertidumbre se mantiene, particularmente para los estudiantes y las instituciones que aspiran a acceder a dicho beneficio, debido a la intención esbozada por parlamentarios de la oposición de derecha de volver a recurrir al Tribunal Constitucional.

“Lo ocurrido este martes explicita la manera en cómo se concibe la discusión democrática por parte de Chile Vamos, de la Alianza o de la derecha, como se le quiera llamar”, acusa el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, a propósito del acuerdo que existía entre la Nueva Mayoría y el bloque opositor, y que finalmente fue desestimado por el conglomerado de derecha.

Como parte de su participación en el “Tema del Día” de Radio Universidad de Chile, el legislador detalla que “después de haber impugnado ante el Tribunal Constitucional una glosa aprobada democráticamente en ambas Cámaras, lo que hacen es forzar al Gobierno a una reacción distinta, con impactos distintos de política pública, sobre la promesa de gratuidad para el 2016”.

Un impacto que principalmente se centra en los estudiantes de los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). “Porque al eliminar los requisitos adicionales que se estaban estableciendo para las universidades, lo que ocurre es que el beneficio se tiene que ampliar sin distinción en aquellas universidades en las que se estaba realizando”.

En consecuencia, detalla que los recursos aprobados ya no alcanzan, por lo que necesariamente se debe disminuir el número de estudiantes. “El único lado por el que se puede bajar, sin hacer esta distinción, llamada arbitraria por el Tribunal Constitucional, son los CFT e IP”.

Con ese nuevo escenario, explica que “la derecha acude frente al Gobierno y le plantea opciones. Se llega a una fórmula de consenso y lamentablemente la derecha después desconoce ese acuerdo y amenaza nuevamente con ir al TC”.

“El diputado Bellolio, por más esfuerzos que haya hecho en tratar de juntar a su grupo y hacerlos conciliar, lamentablemente al haber generado una expectativa tan alta, como decir que con el fallo del TC solo podrían aumentar los beneficiaros por gratuidad, que fue lo que se entendió, les explotó en la cara, y eso tiene que ser un aprendizaje para ellos”, explica Jackson.

Por ello, insiste en que obviamente con la misma cantidad de recursos no podían existir más beneficiarios por la gratuidad, sino que todo lo contrario. “Para los parlamentarios de Chile Vamos, especialmente para los senadores, no parecía conveniente que los estudiantes de CFT e IP terminaran recibiendo una Beca Nuevo Milenio. Ahora dicen que todos tienen que tener gratuidad, pero los recursos no alcanzan”.

Una verdadera paradoja, asegura el diputado, al asegurar que “esto se está utilizando como un eslogan político, dado que ellos mismos siempre han estado en contra de la gratuidad. Que digan hoy, solamente porque faltan recursos, que ellos son los que están a favor de todo sistema de gratuidad, me parece que falta a la verdad histórica”.

Considerando las negociaciones del Gobierno para que el proyecto de ley corta avanzara rápidamente en la Cámara, las que se repetirán en el Senado, aunque en un escenario distinto, ¿debiera el Gobierno aprobar el proyecto tal como lo ha impulsado, exponiéndose nuevamente al TC, o buscar fórmulas para contar con el apoyo de la oposición?

La reflexión del ex dirigente estudiantil apunta a otro cuestionamiento. “Sin duda que hay posibles mejoras para el proyecto de ley. La pregunta es si esas mejorías cambian lo que la derecha ha denominada como las discriminaciones arbitrarias que, desde mi punto de vista, se mantendrían”.

“Por ejemplo, las becas Nuevo Milenio para los estudiantes de CFT e IP, aparte del tema de la gratuidad, que va para las universidades estatales y, por separado, para las universidades privadas que cumplan con algunos requisitos. Las becas se dividen en tres tipos de Becas Nuevo Milenio, en las que se podría hacer un cambio en la distribución de los recursos que se destinarán, para minimizar el co-pago de los estudiantes de cualquier institución”.

Según el legislador, esto podría ser una mejora en el proyecto de ley, “aunque seguiría manteniendo lo que la derecha ha reclamado, desde mi punto de vista sin ninguna justificación, como una discriminación entre los estudiantes, porque lo que se está haciendo es una distinción entre instituciones. Los CFT y los IP no entregan grados de licenciatura, por lo que no existe la llamada discriminación arbitraria”.

Amenazas, captura democrática e incertidumbre

El propio Jackson no duda en asegurar que lo que está haciendo la derecha es ocupar la amenaza del Tribunal Constitucional para tener una mejor posición negociadora. “Eso me parece que es una captura democrática, lo que es inaceptable, por lo que hay que denunciarlo”.

“Si la derecha insiste en llevar esto a un escenario de total incertidumbre para los estudiantes, tendrá que asumir la responsabilidad. No puede ser que ellos tengan a todos los estudiantes con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar el próximo año. Me parece una gran irresponsabilidad y un orgullo político patético”.

Una de las dudas que surgen es si estos pronunciamientos del TC y las acciones de la oposición generarán precedentes para el próximo proyecto de ley de educación superior. Al respecto, Jackson planteó que “hay antecedentes positivos y negativos. Entre lo primero, ahora existe una distinción para las instituciones que son del Estado. Y eso no se había logrado, con recursos que van a las instituciones y éstas tienen que comprometerse a no ser copago de los estudiantes”.

“Pero lamentablemente –agrega– la interpretación del TC, que tiene mayoría de derecha, se traduce en un fallo que está absolutamente fuera de sus atribuciones, un fallo completamente ideológico, en el que establece que el Estado no puede garantizar el derecho a la educación de otra forma que no sea a través de un voucher”.

Para el diputado, esto significa que el TC sobrepasa sus límites. “Finalmente terminan abusando del poder fáctico que tienen y así es como se terminan deslegitimando las instituciones y las personas después no las respetan. Que no vengan a quejarse de que la  gente no respeta las instituciones, si es que éstas abusan de su poder”.

Marchando por la educación pública

Este martes, los estudiantes marcharon una vez más, como parte de sus críticas a lo que consideran una improvisada ley corta para gratuidad, la que mantiene una mirada de mercado sobre la educación, culpando tanto a la derecha como al Gobierno.

“Lo importante es separar dos cosas. La primera, son las intenciones de la glosa inicial, en cuanto a controlar el mercado que hoy existe. Nunca hubiera esperado que a través de una glosa de presupuesto se terminara con el mercado de la educación. Me parece irrisorio. Espero que lo hagamos con la ley de educación superior”.

Y añade: “Lo que sí es cierto es que el mecanismo de asignación de recursos es a través de un criterio per cápita, lo que he criticado porque pienso que no es la mejor forma de entregar los recursos a la educación superior. Pero debemos tener perspectivas frente a la discusión que se viene, ya que será una batalla ideológica grande, donde todos quienes creemos en el cambio al sistema educativo y en terminar con el mercado en la educación, tenemos que estar unidos y no divididos”.

Además, reconoce que la discusión ha estado muy marcada por lo que el Tribunal Constitucional o la derecha han estado amenazando. “Eso, por supuesto, afecta las movidas que hace el Gobierno, si es que no tienen respaldo social. Entonces, ahí falta una sinergia que no se ha creado, tanto por responsabilidad de los actores sociales como también por el Gobierno, que no ha dado las facilidades ni las instancias para generar esa instancia”.

En ese sentido recuerda que la Nueva Mayoría “agarró las banderas del movimiento estudiantil para ponerlas en un programa y de esa manera conseguir la votación para ser electa. No me parece que esté mal, pero después debe existir una conversación para que esas ideas se puedan concretar. Ahí ha faltado una conversación, lo que ha minado las posibilidades de obtener la reforma”.

Nueva ley de partidos políticos

A propósito de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Partidos Políticos, Jackson reconoce que en estos últimos días se han aprobado normas que empeoran la situación democrática del país, por considerar que impiden la emergencia de nuevos actores.

“Lo que pasó fue que se elevaron tanto las barreras de entrada como de permanencia para los actores políticos, lo que tiene un correlato directo en las fuerzas que se están creando en este momento”.

Por ello, no duda en criticar que “lo que hizo el Gobierno, a pesar del compromiso que tenía con los independientes y fuerzas emergentes, cuando cambiamos el sistema binominal, fue desconocer esto y hacerse los locos ante las indicaciones que ingresaron los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Alianza”.

De esa manera, acusa el diputado, solo dejaron una ventana de oportunidad de un año, desde la creación de la ley, para poder mantener las condiciones que considera la actual legislación, para después aumentar las barreras.

“Por ejemplo, el diputado Osvaldo Andrade no podía entender, cuando estábamos votando, por qué nosotros rechazábamos esos artículos transitorios. Y él argumentaba que nos beneficiaban a nosotros. Nuestra respuesta fue que ésa es la diferencia entre ellos y nosotros. Que nosotros no queremos legislar solo porque nos dejan una ventana de oportunidad, sino porque después queremos que exista gente que también nos pueda desafiar. Entonces, no se trata de hacer una ley a la medida de nuestros intereses, sino a la medida de la democracia”.

Su conclusión es que “lamentablemente ahí existe una diferencia sustantiva con respecto a qué es lo que creemos que es la ley, si es que es para asegurarnos nosotros o para asegurar un régimen democrático que permita la competencia entre actores políticos”.

“Es algo muy parecido a lo que se da en la colusión de las empresas, pero con una pequeña diferencia. Acá estamos hablando de la ley, algo que queda consagrado y que no es apelable ante un tribunal como el de la Libre Competencia”, concluyó.