Luego de conocerse de forma íntegra el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la glosa de gratuidad para la educación superior, la discusión legislativa, a propósito del proyecto de ley corta enviado por el Gobierno al Congreso, adquiere especial relevancia. Todo esto, con los estudiantes y los rectores de las universidades estatales exigiendo claridad y definiciones.

“El fallo es lo que uno habría esperado. Una decisión que ratifica el sentido que tiene y de que exista el Tribunal Constitucional, además de cuál es la Constitución que nos rige”.

El planteamiento del abogado Fernando Atria, académico de la Universidad de Chile, refleja el descontento que existe desde diversos sectores, no solo con el contenido de la sentencia, sino también con el funcionamiento de dicha instancia.

“En lo que más importa, el Tribunal declaró inconstitucional la dichosa glosa, porque según él había discriminación arbitraria en el trato que daba a los estudiantes que todavía no son estudiantes, pues son los que ingresarían el 2016, y porque también había discriminación arbitraria en las condiciones para financiar algunas universidades estatales, y distintas condiciones entre las universidades públicas y las de fuera del Cruch”, explica el constitucionalista.

Y agrega: “que las universidades públicas tengan un régimen de financiamiento distinto al de otras universidades es algo evidente. En cualquier parte del mundo es así. Pero en Chile es inconstitucional”.

Según el académico, esto significa que el deber del Estado en esta materia no es garantizar el derecho a la educación, sino que garantizar las condiciones de operación del mercado. “Si se trata de un mercado en el que haya financiamiento distinto para las universidades públicas y las privadas, es competencia desleal. Entonces, la educación no se mira con los ojos de los derechos constitucionales. Se mira con los ojos del mercado”.

Incluso, califica de insólito que aquéllo, ahora, tenga rango constitucional. “El Tribunal ha declarado que el Estado está constitucionalmente obligado a no preocuparse del derecho a la educación, sino que, en vez de eso, a garantizar las condiciones de operación del mercado”.

¿Se tratará, entonces, de un problema de interpretación de los integrantes del Tribunal o de la fuente de esa interpretación, que es la Constitución de 1980? “Hasta la ley de inclusión, los proyectos del Gobierno tenían el respaldo del Tribunal, porque la bancada del Gobierno en el Tribunal era mayoritaria. Pero ahora, tal como lo dijo el diputado de la UDI Jaime Bellolio, a la derecha no le importa ganar o perder en la Cámara, porque si perdemos vamos al TC y ahí estamos 6-4. Entonces, parte del problema es que este Tribunal es pura y simplemente una Cámara. Y no tiene jueces. Tiene bancadas”.

La otra parte del problema, aclara Atria, es que se trata de un texto que estuvo pensado desde siempre para garantizar el modelo económico. “Entonces, cuando uno va a la regulación de estos derechos, como la educación, la salud y la seguridad social, se encuentra con que el punto no es garantizarlos”.

Otra preocupación en la que insiste el académico es que el TC habla como si el tema fueran los estudiantes, “pero estamos hablando de personas que aún no lo son, porque son los que van a postular para ser estudiantes el próximo año”.

“¿Cómo puede aceptarse que la Constitución obligue al Estado a un sistema de vouchers, que lo que hace es garantizar las condiciones de operación del mercado?”, se pregunta el abogado, agregando que “hay personas que creen que ésta es la mejor manera de garantizar la educación,  lo que significa, obviamente, que el Estado no puede hacer distinciones”.

En cuanto a la responsabilidad del Gobierno en la gestión política y en la redacción de la glosa, asegura que independiente del juicio que se tenga sobre esta sentencia, sobre la glosa y sobre el proyecto de ley, lo mejor hubiera sido comenzar el proceso mediante la discusión de la nueva institucionalidad de la educación superior.

“Es curioso que quienes hablan y se llenan la boca con la deliberación democrática sean los primeros que corran al Tribunal Constitucional cada vez que pierden, como si hubiera deliberación en ese Tribunal”, añade el propio Atria, advirtiendo sobre lo esencial que debiera considerarse en este tipo de procesos.

“Una de las condiciones para que puedan existir políticas transformadoras, que sean efectivamente graduales, es que uno pueda presentar el punto de llegada. Es decir, que la política esté guiada por alguna comprensión de cómo será el sistema después de la transformación gradual. Si no existe alguna claridad respecto del punto de llegada, entonces la política gradual se enreda en sí misma”.

Un error que considera ha cometido el Gobierno, por no presentar su propósito de largo plazo. “Está comenzando sin tener esa visión. Además, ¿políticas graduales para llevarnos a dónde? La posibilidad de que una política gradual se distorsione en el camino es muchísimo más alta cuando no responde a una visión ya especificada de, por lo menos, las características generales del punto de llegada”.

Respecto a la falta de claridad sobre la relación entre los distintos proyectos educativos impulsados por el Ejecutivo, plantea que “si el Gobierno desarrollara una visión de cómo debería ser el sistema educacional, tanto escolar como superior, una vez que la transformación sea completa, aun cuando eso tome mucho tiempo, todas las demás discusiones serían más fáciles”.

“Tengo la impresión de que tienen una visión demasiado genérica. Cada discusión se trata en sus propios términos. Es un déficit que hace que un proyecto político de implementación gradual sea mucho más difícil y más probable que en el camino se transforme en un mero perfeccionamiento”, explica el abogado.

Asimismo, apunta a las restricciones que el fallo del TC podría generar en las posibilidades de transformación del proyecto de reforma a la educación superior.

“Alguien podría decir que la lógica de esta decisión debe ser respetada, pero yo diría que el Tribunal es una Cámara, por lo que la lógica de esta decisión podría cambiar en la próxima decisión, porque así son las Cámaras, no hay ninguna razón por la que tenga que mantenerla. De hecho, los principios de esta decisión son contrarios a los principios de la decisión anterior del TC sobre la Ley de Inclusión. Este Tribunal sin duda que habría declarado la inconstitucionalidad en ese caso”.

En ese sentido, se cuestiona que se debe lealtad a estos principios o que deban hacerse extensivos más allá de esta sentencia específica. “¿Debe uno lealtad, sabiendo que fue una sentencia que se obtuvo por cinco votos contra cinco en algunas partes y seis contra cinco en otras, conforme a las bancadas del Tribunal? Yo diría que lealtad a los principios de la sentencia, no, porque la próxima puede ser la contraria. Desde luego que hay que obedecer la sentencia misma”.

Por ello, no duda en afirmar que el TC es una trampa constitucional, uno de sus cerrojos. “La dimensión tramposa de la Constitución que se aprecia en el Tribunal opera por la vía de que el Gobierno sabe que si la cuestión es políticamente controvertida terminará en el Tribunal, donde ahora sabe que tiene minoría”.

Con ese escenario, advierte que cuando el Gobierno debe llevar adelante una reforma, la pregunta será inevitable: “¿Hacer una reforma que le gusta a la mayoría del Tribunal, para que pase y no tenga problemas, o una reforma que tiene algún contenido transformador, pero que no le guste al Tribunal y entonces se corre el riesgo de que sea declarada nula?”

La asociación con lo ocurrido con los proyectos de ley de las administraciones de la Concertación es inevitable. “El problema es que se ha llevado a que los gobiernos, como parte de su registro legislativo, funcionen con una lógica de no hagamos lo que nosotros creemos que es correcto hacer, sino que hagamos lo que va a ser capaz de sortear todos estos cerrojos. Y eso significa que iniciativas inicialmente transformadoras, terminan siendo meros perfeccionamientos”.