La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunciaron la existencia de una estrategia a favor de la impunidad en curso desde las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones plantearon un conjunto de antecedentes que justifican esta queja, como las declaraciones del comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, reproducidas por la radio Valentín Letelier de Valparaíso donde expresa que “existen casos que han sido llevados con injusticia por parte del Poder Judicial (…) importante es dejar el tema atrás, pues ya han pasado 40 años”.
Al mismo tiempo denunciaron una escalada de presiones al Gobierno y a la Justicia, como la querella interpuesta por un grupo de ex miembros de las FF.AA. y Carabineros contra el ex juez Alejandro Solís y otros magistrados que fallaron en causas de DD.HH.
Además, abogados de militares condenados por crímenes de lesa humanidad recurrieron al Tribunal Constitucional para frenar el dictamen de la Corte Suprema que autoriza el nombramiento de un ministro en visita para todas las causas en la materia.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, aseguró que estos y otros antecedentes, más el incumplimiento de demandas históricas, hacen una inevitable crítica a las autoridades del Gobierno, por cuanto el año pasado se adquirieron compromisos políticos con Carmen Gloria Quintana, víctima del Caso Quemados: “La palabra de la Presidenta realmente está en entredicho cuando se habla de DD.HH. Estamos hablando que son demandas históricas, no cosas que nos están ocurriendo, como la anulación del decreto ley de amnistía, cosas que son de años en las que no ha habido voluntad”.
Además, Alberto Rodríguez, vicepresidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, criticó al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, por no condenar lo que a su juicio, son amenazas por parte de autoridades marciales.
El dirigente se refiere a las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, Miguel Vergara, que en octubre de 2015 señaló que “la cuerda se estaría estirando demasiado”, en relación a las causas en la materia: “Estamos hablando de violaciones comprobadas con años de investigaciones y que todas las FF.AA. del país y Carabineros han venido tapando, entonces, ver la vocería que ha hecho el señor Gómez respecto de las instituciones castrenses es realmente vergonzosa”.
En esa línea, Rodríguez dijo que estos antecedentes cuestionan si es que Chile está efectivamente en un marco democrático o todavía no supera la posdictadura, ya que a su juicio las fuerzas armadas y de orden no se han supeditado al orden democrático.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunciaron la existencia de una estrategia a favor de la impunidad en curso desde las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones plantearon un conjunto de antecedentes que justifican esta queja, como las declaraciones del comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, reproducidas por la radio Valentín Letelier de Valparaíso donde expresa que “existen casos que han sido llevados con injusticia por parte del Poder Judicial (…) importante es dejar el tema atrás, pues ya han pasado 40 años”.
Al mismo tiempo denunciaron una escalada de presiones al Gobierno y a la Justicia, como la querella interpuesta por un grupo de ex miembros de las FF.AA. y Carabineros contra el ex juez Alejandro Solís y otros magistrados que fallaron en causas de DD.HH.
Además, abogados de militares condenados por crímenes de lesa humanidad recurrieron al Tribunal Constitucional para frenar el dictamen de la Corte Suprema que autoriza el nombramiento de un ministro en visita para todas las causas en la materia.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, aseguró que estos y otros antecedentes, más el incumplimiento de demandas históricas, hacen una inevitable crítica a las autoridades del Gobierno, por cuanto el año pasado se adquirieron compromisos políticos con Carmen Gloria Quintana, víctima del Caso Quemados: “La palabra de la Presidenta realmente está en entredicho cuando se habla de DD.HH. Estamos hablando que son demandas históricas, no cosas que nos están ocurriendo, como la anulación del decreto ley de amnistía, cosas que son de años en las que no ha habido voluntad”.
Además, Alberto Rodríguez, vicepresidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, criticó al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, por no condenar lo que a su juicio, son amenazas por parte de autoridades marciales.
El dirigente se refiere a las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, Miguel Vergara, que en octubre de 2015 señaló que “la cuerda se estaría estirando demasiado”, en relación a las causas en la materia: “Estamos hablando de violaciones comprobadas con años de investigaciones y que todas las FF.AA. del país y Carabineros han venido tapando, entonces, ver la vocería que ha hecho el señor Gómez respecto de las instituciones castrenses es realmente vergonzosa”.
En esa línea, Rodríguez dijo que estos antecedentes cuestionan si es que Chile está efectivamente en un marco democrático o todavía no supera la posdictadura, ya que a su juicio las fuerzas armadas y de orden no se han supeditado al orden democrático.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad, la Comunidad Ecuménica Martin Luther King y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi denunciaron la existencia de una estrategia a favor de la impunidad en curso desde las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones plantearon un conjunto de antecedentes que justifican esta queja, como las declaraciones del comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, reproducidas por la radio Valentín Letelier de Valparaíso donde expresa que “existen casos que han sido llevados con injusticia por parte del Poder Judicial (…) importante es dejar el tema atrás, pues ya han pasado 40 años”.
Al mismo tiempo denunciaron una escalada de presiones al Gobierno y a la Justicia, como la querella interpuesta por un grupo de ex miembros de las FF.AA. y Carabineros contra el ex juez Alejandro Solís y otros magistrados que fallaron en causas de DD.HH.
Además, abogados de militares condenados por crímenes de lesa humanidad recurrieron al Tribunal Constitucional para frenar el dictamen de la Corte Suprema que autoriza el nombramiento de un ministro en visita para todas las causas en la materia.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira, aseguró que estos y otros antecedentes, más el incumplimiento de demandas históricas, hacen una inevitable crítica a las autoridades del Gobierno, por cuanto el año pasado se adquirieron compromisos políticos con Carmen Gloria Quintana, víctima del Caso Quemados: “La palabra de la Presidenta realmente está en entredicho cuando se habla de DD.HH. Estamos hablando que son demandas históricas, no cosas que nos están ocurriendo, como la anulación del decreto ley de amnistía, cosas que son de años en las que no ha habido voluntad”.
Además, Alberto Rodríguez, vicepresidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, criticó al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, por no condenar lo que a su juicio, son amenazas por parte de autoridades marciales.
El dirigente se refiere a las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, Miguel Vergara, que en octubre de 2015 señaló que “la cuerda se estaría estirando demasiado”, en relación a las causas en la materia: “Estamos hablando de violaciones comprobadas con años de investigaciones y que todas las FF.AA. del país y Carabineros han venido tapando, entonces, ver la vocería que ha hecho el señor Gómez respecto de las instituciones castrenses es realmente vergonzosa”.
En esa línea, Rodríguez dijo que estos antecedentes cuestionan si es que Chile está efectivamente en un marco democrático o todavía no supera la posdictadura, ya que a su juicio las fuerzas armadas y de orden no se han supeditado al orden democrático.
