Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 20 de mayo de 2024


Escritorio

Fortalecimiento a la democracia: Diputados rechazan aportes anónimos y propaganda privada

Sin embargo, las sanciones a los parlamentarios que incurran en faltas a la ley y la eliminación de los aportes de personas jurídicas y restricción de donaciones de naturales, fueron visados por la Sala de los diputados, refrendando lo ocurrido en el Senado. Ahora, la comisión mixta definirá las diferencias.

Paula Correa

  Martes 26 de enero 2016 15:35 hrs. 
Cámara-de-Diputados2

Compartir en

“Frenesí legislativo” fue una de las frases más repetidas por los parlamentarios de la oposición en el Congreso este martes. En la votación del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Democracia no hubo excepción. Los abrumadores tiempos con los que contaban para definir las diversas materias que regulan esta iniciativa fueron uno de los reparos de los legisladores, que se debatían entre limitar de forma efectiva los llamados aportes anónimos a los partidos políticos y cumplir con las metas del gobierno.

El diputado de la UDI Juan Antonio Coloma abrió el debate criticando la decisión del Gobierno de presionar al Congreso para descomprimir las tensiones con la ciudadanía: “De los siete proyectos (con urgencia), era evidente e imposible poder llegar al día. Lo que se ve es simplemente un reflejo del fracaso de una forma de hacer leyes, de hacer políticas públicas. Sobre todo cuando se pretende establecer una forma de legislar que, evidentemente, lo hace imposible y que nos habría llevado a una forma excesivamente apresurada de establecer la ley”.

Por su parte, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda se refirió al contenido de la agenda, y criticó la distribución de recursos dispuesta, dejando ver que hay una definición delicada de las proporciones. En su crítica dejó en evidencia que los topes de las campañas siguen siendo montos muy altos, de más de mil millones de pesos para cada una de las candidaturas, lo que calificó de “excesivo”.

También apuntó a la necesidad de fortalecer al Servicio Electoral (Servel) en las regiones y provincias: “Me temo que esta va a ser una ley muerta, porque no hay capacidad de supervisar esto que va a ser tan relevante para la ciudadanía”.

Pese a los reparos, el texto que forma parte de la agenda de probidad y transparencia del Congreso se aprobó en norma general y por mayoría absoluta, dejando para la discusión en Comisión Mixta lo ocurrido con la definición de propaganda electoral, propaganda en espacios privados y la norma que permitía aportes anónimos.

Para dicha comisión, el presidente de la Sala, Marco Antonio Nuñez, sugirió a los diputados UDI Arturo Squella; a Cristián Monckeberg de Renovación Nacional; al DC Fuad Chaín; al socialista Leonardo Soto; y al PPD Pepe Auth.

Qué se aprobó en la Cámara

Las modificaciones que redefinen el gasto electoral, incluyendo todos los desembolsos que sean valorables en dinero, junto con obligar la rendición de los gastos menores en forma detallada. Además, contempla la prohibición de aportes de personas menores de 18 años y de ciertas autoridades y funcionarios.

Según se explica en la normativa de la Cámara, el texto elimina los aportes de personas jurídicas y restringe los aportes de las personas naturales:

– Rebaja de 25% a 10% el límite de gasto que puede recibir de un solo aportante el candidato a alcalde o concejal (con tope de 250 UF) y mantiene los topes de 315 y 500 UF respecto de candidatos a parlamentarios y presidente, respectivamente.

– Aumenta el máximo de aporte por persona de 500 UF a 1.000 UF en las elecciones municipales y de 1.000 a 2.000 UF en el caso de elecciones regionales, parlamentarias o presidenciales.

– Se establecen límites a los aportes propios de los candidatos, que no pueden superar el 25% del gasto electoral permitido, excepto en las elecciones presidenciales que será de un 20%. Para concejales, el límite es 50 UF o el 25% del gasto electoral autorizado.

En cuanto a las sanciones, y pese a las dudas de algunos diputados como el PS Marcelo Schilling, la norma establece que los candidatos tendrán la obligación de tener un registro de sus brigadistas, sedes y vehículos, siendo su deber hacerse cargo de los daños dolosos causados en épocas de campaña.

También se aprobó que será causal de pérdida de escaño las infracciones graves en materia de gasto y financiamiento electoral y sobrepasar en un 25 por ciento el límite permitido en estos dineros, siempre que este porcentaje sea superior a 100 UF. Además la sanción de hasta tres años de cárcel para los candidatos que sean sorprendidos recibiendo aportes irregulares.

Qué se rechazó y pasa a Comisión Mixta

Propaganda electoral

La Comisión Mixta deberá pronunciarse sobre el punto referido a la propaganda en espacios privados, rechazada por la Cámara.

El conflicto a destrabar será si la propaganda en actividades de difusión de ideas o habituales de los partidos es considerada o no parte de la campaña. Los diputados rechazaron la indicación del Senado que permitía el despliegue comunicacional en espacios privados.

En lo que sí están de acuerdo ambas cámaras es que “se entenderá por propaganda electoral todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales”.

Además, el que en la fecha que corresponda efectuar la declaración de las candidaturas, todos los candidatos deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, de acuerdo a la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, consigna la página de los diputados.

Agregando que se deberá cumplir con esta obligación quienes realicen una declaración de precandidatura. En materia de campaña se extiende a 200 días antes de la elección presidencial definitiva el plazo para declarar (voluntariamente) precandidaturas, lo cual permite recibir aportes e imputar gasto electoral.

Aportes anónimos

El rechazo de los diputados fue al texto aprobado en el Senado que reponía la posibilidad de los aportes anónimos, los cuales serían solo de conocimiento del Servel y el candidato y cuyos montos no podían superar las 60 UF en caso de candidaturas presidenciales; 30 UF para parlamentarias; 20 UF para alcalde y consejero regional; y 15 UF para las candidaturas a concejal.

El diputado socialista Marcelo Schilling denunció la forma en la que se legisló: “Lo más grave de todo es que esta Cámara derogó el artículo 17 que permite los aportes anónimos y se repuso en el Senado, con nuevas condiciones, aparentemente, de manera más tolerable al decir que podrán fluctuar entre tal y tal monto, pero son peores que los aportes reservados, porque antes no se sabía el origen del donante, o hipotéticamente no se sabía, pero ahora va a ser un secreto entre el donante y el receptor. ¡Vaya anonimato!, ¡vaya pureza!, ¡vaya transparencia!”

En ese sentido, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson advirtió que pese a los avances, esta ley sigue permitiendo las desigualdades económicas al momento de postularse a una elección, coartando así las posibilidades de quienes provienen de organizaciones ciudadanas.

 

Síguenos en