El informe de la Comisión Mixta contó con 90 votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, se registraron 38 abstenciones, principalmente en las bancadas del Partido Republicano, la UDI y RN.
El objetivo del proyecto es fortalecer la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública, mediante la modernización y adecuación del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) al actual contexto delictual.
Los parlamentarios establecieron que los espacios de memoria deberán reportar al menos un 50% de actividades verificables en la asignación de financiamiento. Otro erario zanjado fue el del Injuv, acordándose su rediseño institucional.
El ministro de Hacienda Nicolás Grau cuestionó la “estrategia de rechazarlo todo” de la oposición, señalando que anuló la posibilidad de diálogo. Confiando en revertir el revés tras la elección, criticó la “decisión más electoral” de Chile Vamos.
La parlamentaria sostuvo que le “preocupa que tengamos menos recursos para la educación inicial y para los programas de apoyo escolar de la Junaeb”.
Sigue la polémica sobre la cuota de distribución de la merluza común aprobada por la comisión mixta. Los dardos de los dirigentes pesqueros apuntan al presidente de la instancia legislativa, Fidel Espinoza, y al ministro de Economía, Nicolás Grau.
El presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja acusó presiones de la pesquera industrial PacificBlu para lograr revertir la primer votación que daba mayor porcentaje a la pesca artesanal: “Hizo eco en varios parlamentarios”.
Mientras el oficialismo busca que el proyecto respete las normas internacionales y los derechos humanos, la oposición pretende endurecer la iniciativa y eximir de responsabilidad civil a los uniformados.
Los diputados rechazaron diez modificaciones que realizó previamente el Senado. Ahora se tendrá que conformar un comité de cinco diputados y cinco senadores para resolver las divergencias entre ambas corporaciones.
La distribución de cuotas de la pesquería de la merluza común debería zanjarse en una Comisión Mixta, puesto que no hubo consenso sobre los porcentajes. También la Sala rechazó el artículo referido a las licencias transables de la pesca del jurel.
Mientras en el oficialismo se garantizan votos a favor de la reforma, en Chile Vamos hay voces que desconocerán el acuerdo con el Ejecutivo. El diputado Andrés Celis (RN) llamó a reevaluar el respaldo del partido a quienes voten en contra.
Todo indica que la promulgación de la legislación se retrasará, pues parlamentarios de izquierda, acusando vulneración de garantías fundamentales, advirtieron que acudirán al Tribunal Constitucional por el mecanismo de interceptación de datos.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que la nueva cartera exigirá “competencias adecuadas para asumir las responsabilidades de esta nueva institución”. La nueva institución estará a cargo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
La diputada comunista, Alejandra Placencia, llamó a rechazar el artículo que contempla este sistema, pues podría vulnerar “derechos fundamentales de las personas”. En ese sentido, advirtió que de aprobarse recurrirán al Tribunal Constitucional.
El Senado y la Cámara de Diputados votarán el informe a contar del próximo lunes. “¿Cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para pagar su deuda?, planteó la legisladora.
La parlamentaria defendió la gestión del Gobierno respecto está iniciativa, que debería estar lista antes del 12 de mayo, fecha límite para aplicar el fallo de la Corte Suprema. “Es el Senado el que está en esa postura más fuerte de bloquear”, dijo
“La comisión mixta es la última instancia para ofrecer a los chilenos una solución viable que tenga como foco a las personas”, señala la declaración del gremio, quienes esperan que la normativa este lista antes del 12 de mayo.
