Uno de los hechos más bullados en la última década fue el denominado Caso Spiniak, cuando en septiembre de 2003 se conocieron los detalles sobre una red de estupro, prostitución infantil y producción de material pornográfico con menores de edad, en la que estaba involucrado, particularmente, un empresario.

Se trataba de Claudio Spiniak, a quien, poco a poco, se le fueron sumando políticos y otras personas acusadas de participar en aquella red. Sin embargo, muchas de esas acusaciones finalmente fueron desestimadas.

Una de las tantas personas que fue vinculada al caso es Rina Montt, en ese entonces, psicóloga del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien fue acusada de ejercer ilegalmente la profesión y posteriormente condenada.

“Mi vida en Chile era insostenible. Nunca tuve la posibilidad de defenderme de las acusaciones y de la persecución horrorosa que sufrí de parte del ex senador Nelson Ávila y de personeros de la UDI”. Así lo planteó en la primera edición de Radio Análisis, en conversación con el periodista Raúl Martínez, desde México, donde reside actualmente.

“No tuve espacios en los medios de comunicación y la Justicia chilena fue muy dura conmigo”, recuerda la psicóloga. “No tuve un abogado defensor, porque los que tuve en una primera instancia, que fueron 16, ninguno presentó algo ante los tribunales. En el momento de la apelación el abogado no se presentó y tampoco en el recurso de casación”.

Por ello, no duda en afirmar que simplemente le destruyeron la vida. “Perdí todos mis bienes materiales y no estaba en condiciones de aceptar tanto maltrato injustificadamente”.

Recordar el Caso Spiniak necesariamente requiere rearmar una compleja trama. De hecho, la propia Rina Montt advierte que ha investigado por mucho tiempo los antecedentes relacionados con esta causa, sin tener certeza aún de cómo comenzó a gestarse.

“Sí puedo decir con absoluta seguridad que habían demasiados interesados en que esto no se supiera por diversas razones. Y gente que tal vez no estaba implicada en la causa, pero que tenía otros problemas que saldrían a relucir si esto salía a la luz completamente”.

Como profesional del Sename se le encomendó tomar un testimonio clave. No solo para la investigación. También para su futuro. “Por órdenes de mi ex jefa, que incluso negó conocerme, me enviaron a entrevistar a la entonces víctima Gemita Bueno Yáñez. Cuando llegué a la Congregación Credo, donde ella estaba residiendo, supuestamente por haber sido víctima. Alcanzó a decirme algunas cosas y al preguntarle sus datos me di cuenta de que era mayor de edad. Por lo tanto, yo no tenía ninguna atribución para entrevistarla bajo ninguna circunstancia”.

La testigo Gema Bueno, la misma que realizó una serie de imputaciones que posteriormente serían desacreditadas, pues incluso ella se arrepentiría de sus declaraciones. Una situación que la psicóloga informó inmediatamente a su jefa directa, Loreto Ditzel, a través de la abogada Marcela Neira, que ahora se desempeña como jefa de Víctimas del Ministerio Público.

Es ahí donde se inicia para Rina Montt un complejo escenario, siendo acusada por diversos aspectos, como haber ejercido ilegalmente la profesión. Surge entonces la figura del abogado Cristián Letelier, ex diputado de la UDI y actual ministro del Tribunal Constitucional.

“El abogado Letelier dijo que yo quise desestabilizar al gobierno. Que había hecho imputaciones y actuado con astucia. Me acusaron de un montón de cosas. Cinco o seis delitos, de los que el único que prosperó fue el de ejercicio ilegal de la profesión, con pruebas ilegales y con una adulteración de una supuesta confesión que yo hice a la única persona que me interrogó en un tribunal del crimen sobre este tema, que fue el oficial Gonzalo Abelardo Alvear Antolucci, en presencia de la actuaria, quienes no pararon de humillarme. Jamás fui interrogada por un juez, como establece el Código Penal”.

Incluso recuerda que le exigían confesar situaciones que desconocía. “Por ejemplo, si el señor Sebastián Piñera había estado implicado en la causa. Alvear dice que me interrogó en presencia de la jueza. Yo me pregunto que si él siendo un policía de inteligencia, por qué no me podía interrogar la jueza, si mi delito era menor. Por qué me tenía que interrogar él”.

Su conclusión es categórica. “Creo que estaba todo planificado arreglado, porque al momento en que me estaban acusando en el tribunal, según lo que publicaron los diarios, se habían desaparecido 300 millones de pesos en joyas”.

El 14 de octubre de 2005, cuando fue interrogada, Rina Montt no solo tenía el título de psicóloga. Además se desempeñaba como perito y coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis del Sename.

En ese sentido, con mucho dolor, recuerda que Nelson Ávila publicó el libro La gran infamia, “donde lo menos que dice de mí es que soy puta”. Junto con desconocer las motivaciones del ex senador del PPD para atacarla, la psicóloga destaca que a él no le ocurrió absolutamente nada. “Yo a él no lo conozco, no tengo ningún tipo de vinculación, no le debo ningún tipo de favor y él no me debe nada a mí. Puedo presumir algunas cosas, pero no tengo los fundamentos de porqué me hizo tantas acusaciones y tanto daño”.

Si bien han pasado más de diez años, hace algunas semanas presentó ante la Justicia una solicitud para revertir su situación, particularmente respecto de la acusación de ejercicio ilegal de la profesión.

“Tengo familia y soy jefa de hogar. Con esta acusación, algunos fiscales, cuando yo presentaba un peritaje, lo primero que sacaban a relucir en el tribunal era que yo era un delincuente. Puedo asegurar que jamás cometí ejercicio ilegal de la profesión”.

“La Justicia chilena y el Estado de Chile me traicionaron. Mi jefa, la señora Delia del Gatto, directora del Sename, me negó la posibilidad de que yo contara con un defensor del Sename. No tuve un abogado y no tenía recursos. Tengo hijos y perdí todo, mi casa, mis cosas”.

No busca revertir nada relacionado con lo económico. “Estoy exigiendo a Chile que se haga justicia conmigo, porque nadie debe ser acusado por un delito que no cometió”. Incluso advierte que su causa fue acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mucho antes de que concluyera la causa. “Ellos tienen claro que yo no iba a tener justicia en mi país. Y probablemente ahora tampoco la tenga. Quiero que la opinión pública sepa que en Chile se cometen estas aberraciones y pareciera que a nadie le importa”.