Finalmente se inició el tercer trámite legislativo del proyecto de ley que moderniza el sistema de relacionales laborales a través de modificaciones al Código del Trabajo, es decir, la postergada iniciativa sobre una Reforma Laboral que, como aseguran entre sus promotores, se propone restituir derechos a los trabajadores que fueron conculcados a partir del Plan Laboral de José Piñera, durante la dictadura cívico-militar.

Fue a partir de las 18:30 horas cuando los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comenzaron a revisar las modificaciones introducidas a la iniciativa en el Senado, lo que se concretó en un tenso y conflictivo debate durante la semana pasada, dejando en evidencia las diferencias que existen entre los propios senadores de la Nueva Mayoría, entre estos y los diputados, así como respecto de los objetivos propuestos por el Gobierno.

La idea es que los integrantes de la Comisión, que preside el comunista Lautaro Carmona, propongan a la Sala sus recomendaciones, las que podrían apuntar a aprobar el conjunto de los cambios, rechazar algunos de ellos o rechazar la propuesta del Senado en su totalidad.

En ese contexto, durante la mañana de este martes, llegó hasta La Moneda la cúpula de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) con el objetivo de reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos.

A la salida del encuentro, el presidente de la CPC, Alberto Salas, aseguró que la Reforma Laboral podría generar que las empresas fueran chantajeadas, sumándose a sus insistentes críticas anteriores al proyecto que se tramita en el Congreso.

Incluso ha enviado mensajes a los parlamentarios, ante la inminente posibilidad de resolver las diferencias en una comisión mixta. “Espero que la comisión mixta actúe con mucho criterio por el bien de Chile”, ha afirmado el presidente de la CPC.

En ese sentido, el investigador de la Fundación Sol Recaredo Gálvez plantea su preocupación por la tendencia del Gobierno, cuando se trata de la discusión de temas relevantes, de buscar el consenso dentro del gran empresariado, además de ir generando una línea conductora en el Congreso y en los partidos políticos.

“En ese contexto, no es de extrañar que el Gobierno participe constantemente en los espacios que abre el empresariado para discutir las temáticas y que además, desde ahí también vayan saliendo una serie de ideas o tendencias que luego vemos que finalmente son el resultado de las propuestas que se votan en el Parlamento”.

Y agrega: “Incluso algo que no debería llamar la atención es el hecho de que se haya repuesto la indicación de huelga pacífica. El empresariado ha ido buscando la criminalización como fórmula”.

A partir de ese escenario, el abogado experto en temas laborales José Luis Ugarte anticipa como algo muy difícil el que exista una especie de acto de coraje y valentía por parte de los diputados.

Incluso advierte que lo más probable es que se retiren algunas indicaciones, pero se mantenga lo más relevante del proyecto, como permitir el reemplazo en huelga vía “adecuaciones necesarias”, además de mantener el rechazo a la negociación en empresa por sindicato interempresas.

“La capacidad que tienen los diputados de presionar al Gobierno, que ha hecho suyo de manera muy firme los presupuestos de los senadores más conservadores, de un Senado en general muy conservador, es mínima”.

Además, plantea que “el control ideológico, por decirlo de alguna manera, de los diputados socialistas en particular, que podrían ser los que hicieran la diferencia, lo maneja Osvaldo Andrade. Y la variable que a Andrade probablemente menos le importa son los trabajadores. Lo que le importa a Andrade es la variable política”.

El inminente paso del proyecto a una comisión mixta, implicaría una nueva discusión entre cinco senadores y cinco diputados, camino que se vislumbra como el más probable.

Pero no solo se anticipa esta instancia para resolver las diferencias. Desde la oposición, particularmente RN, ya anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional.